Fiscalía y OIJ investigan denuncias tras toma de Rectoría de la UCR
La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó que tramita una denuncia por el presunto delito de daños relacionada con las afectaciones detectadas en el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras la toma realizada por el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA).
De forma paralela, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también mantiene una causa abierta por el supuesto delito de coacción.
El Código Penal establece que el delito de coacción se relaciona con presuntas acciones de intimidación o presión para obligar a una persona a actuar contra su voluntad.
Ambas denuncias se tramitan contra persona ignorada, es decir, que hasta el momento no hay sospechosos individualizados.
UCR evalúa alcance de los daños tras ocupación estudiantil
Los procesos surgieron luego de que la UCR reportara múltiples daños en el edificio administrativo B, ocupado desde el pasado 22 de abril por estudiantes del MEA, tras la ruptura de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2027 entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Durante una inspección realizada este lunes junto con personal técnico, la universidad identificó afectaciones en infraestructura, mobiliario y sistemas tecnológicos.
Entre los daños reportados figuran grafitis, ventanales afectados, llavines forzados, cámaras de seguridad dañadas y problemas en el sistema de fibra óptica, así como componentes vinculados al sistema contra incendios.
La administración universitaria indicó que actualmente se realiza una valoración técnica para determinar el alcance de los daños, los costos de reparación y el tiempo necesario para la recuperación operativa del inmueble.
Por esta razón, la UCR señaló que aún no existe una fecha definida para el regreso total de las funciones administrativas al edificio.
La entrega de la Rectoría se concretó el viernes anterior, luego de varias semanas de negociación entre autoridades universitarias y estudiantes.
Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas partes definieron la creación de una mesa formal de diálogo, garantías de no represalias contra quienes participaron en la protesta y acciones en defensa del FEES.
El convenio también contempla compromisos relacionados con becas, transporte estudiantil, mecanismos de denuncia y la preservación de al menos cinco murales realizados durante la ocupación por un periodo mínimo de 12 años.