Fiscalía pide un año más de prisión preventiva para miembros de cártel de Shock
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (Faedo) solicitó un año adicional de prisión preventiva contra los integrantes del cártel de la droga que operaba en Limón, liderado por Luis Manuel Picado "Shock", considerado uno de los narcotraficantes "más productivos" de Costa Rica.
La gestión se presentó a un año de los operativos del caso Traición. La audiencia se extendió durante todo octubre y finalizó días atrás. Ahora se está a la espera de la resolución del Juzgado Penal.
La prórroga de la prisión preventiva fue solicitada contra una veintena de sospechosos, mientras que para otras tres personas que cumplen medidas cautelares distintas también se pidió una extensión.
Ya transcurrieron 12 meses desde el segundo operativo más grande en la historia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, que permitió desarticular la primera organización criminal denominada como un cártel en Costa Rica.
La agrupación era dirigida por Picado Grijalba, quien, según el expediente judicial, era el máximo jefe y daba órdenes sobre el tráfico nacional e internacional de drogas, además de disponer de las ganancias. Fue detenido en Londres, Inglaterra, en diciembre de 2024, gracias a seguimientos del OIJ y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Actualmente, se encuentra en proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La investigación apunta a que importaba cargamentos de cocaína y marihuana que llegaban al país desde Colombia en lanchas rápidas, especialmente por las desembocaduras de los ríos Westfalia y Penshurt, en Limón, así como por la costa del Pacífico, a través de Punta Morales, Caldera y Cortés de Osa, en Puntarenas.
La droga se almacenaba en bodegas de seguridad conocidas como "casas galetas", ubicadas en Alajuela y San José, para su posterior envío a Europa en contenedores contaminados y a Estados Unidos por vía marítima. Por esa razón, la banda también se convirtió en un objetivo de la DEA.
El sublíder era Jordie Picado "Noni", hermano menor de Shock, quien asumió el mando tras la captura de este último. Se encargaba de la logística, el trasiego de cocaína desde Colombia, los pagos a mandos bajos y la seguridad. Fue detenido el 28 de agosto de 2025 con fines de extradición hacia la misma corte en Texas que requiere a su hermano.
Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock, permanece en fuga. La Fiscalía solicitó su extradición desde Londres, donde reside. Según la investigación, era una administradora clave de los bienes ilícitos y el enlace directo entre Shock, desde su prisión en Londres, y los miembros del cártel para transmitir directrices.
Gaudy Madrigal, alias "La Jefa" o "La Patrona", es la esposa de Noni. Figuraba como administradora y legitimadora de bienes. Tras la detención de los hermanos Picado, asumió la coordinación para mantener las operaciones de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según la Fiscalía.
En el expediente también figura la abogada y exdirectiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) Anita McDonald, suegra de Shock, quien al parecer aprovechó su investidura para confeccionar contratos, escrituras de traspaso simuladas y asesorar a la banda sobre vacíos legales para facilitar sus operaciones.
Las autoridades documentaron viajes de lujo de McDonald y su madre, Anita, a Francia y Estados Unidos, durante los cuales gastaron miles de dólares en efectivo. También registraron vacaciones familiares y de miembros de la cúpula en hoteles de alto costo, como el Planet Hollywood, en Guanacaste, y el Hotel Shana, en Manuel Antonio.
Shock y Noni fueron sancionados por OFAC
La capacidad económica de la organización era tal que, cuando Shock fue arrestado en Londres, sus integrantes se vieron obligados a realizar transferencias masivas e injustificadas de dinero para contratar abogados en Reino Unido. Esto expuso financieramente a Estefanía y Anita McDonald y obligó a los miembros que permanecían en Costa Rica a movilizar y esconder de urgencia los vehículos y el ganado de la banda.
Los pagos de contado para las defensas legales en Londres ascendían a miles de libras esterlinas y se realizaban mediante el uso simultáneo de múltiples tarjetas de crédito.
Para evitar ser rastreados, estructuraban los depósitos mediante el método conocido como smurfing: pagos en efectivo de montos elevados, pero fraccionados, para que cada transacción quedara por debajo de los límites de reporte de operaciones sospechosas de los bancos. De esa forma, buscaban evitar transacciones superiores a los $10.000.
La interceptación de dos camiones con 2,8 toneladas de droga en Pérez Zeledón, en mayo de 2025, sumada al allanamiento histórico en La Guácima de Alajuela, en junio de ese año, durante el cual se decomisó una tonelada de droga y 56 armas de fuego, entre ellas 37 fusiles de asalto, desestabilizó por completo la logística del grupo.
Las intervenciones telefónicas posteriores, en las que se escuchaban conversaciones de pánico para intentar recuperar dinero y ocultar las lanchas en Puntarenas, terminaron por individualizar a toda la red de testaferros y mandos medios, lo que detonó las órdenes de captura finales.
La organización utilizaba drones y cámaras instaladas en sus vehículos para detectar si eran seguidos por la policía judicial. En las escuchas, los líderes y abogados advertían constantemente que "las llamadas están siendo grabadas" y ordenaban utilizar aplicaciones cifradas como Signal o WhatsApp en lugar de líneas convencionales.
Shock mantenía dos cajas fuertes en su residencia, una gris y otra negra, que estaban resguardadas por uno de sus cómplices y contenían armas y dinero. Tras el allanamiento en La Guácima, se detectó mediante las escuchas que la policía no había localizado un saco de dinero oculto en el cielo raso de la cochera, el cual posteriormente fue recuperado.
El juzgado autorizó el decomiso de billeteras electrónicas (wallets), ante la sospecha de que la organización utilizaba criptomonedas, cuyo conocimiento y uso les permitía aprovechar su volatilidad y las dificultades para rastrear las transacciones.
Además, contaban con múltiples propiedades, entre ellas atracaderos, condominios y otras fincas en Matama de Limón, Esparza, Santa Ana, Chomes y Escazú. Las adquirían a precios muy bajos para luego realizar construcciones e inyectar grandes cantidades de dinero, con el propósito de evitar llamar la atención.
Entre su flotilla, valorada en al menos ₡735 millones y utilizada para movilizar droga, custodiar a los cabecillas y transportarse, tenían 75 vehículos, entre automóviles de lujo, motocicletas y autobuses. El vehículo de mayor valor es un Mercedes-Benz GLE Coupé 2022, tasado en más de ₡53 millones.