Fiscalía pide 3 años y medio de prisión para exdiputado Óscar Alfaro por presunta donación ilegal
Además solicita absolutoria para el también excongresista Antonio Calderón

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó la imposición de 3 años y 6 meses de prisión en contra del exdiputado Óscar Alfaro Zamora por la supuesta donación ilegal de un club político en San José para la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) de 2010. Asimismo, pidió la absolutoria del también exlegislador Antonio Calderón Castro.
El pedido lo planteó el representante del Ministerio Público, Alexánder Valverde Peña, durante las conclusiones del debate que se desarrolla en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en contra de los excongresistas.
Alfaro Zamora es acusado de presunta donación ilegal, mientras que a Calderón Castro, como secretario general de los verdiblancos, se le señalaba de una aparente recepción de donaciones privada ilegales. Estas figuras están previstas en los artículos 274 y 275 del Código Electoral, que las sanciona con entre 2 y 6 años de prisión.
Específicamente, al segundo se le achacaba de haber inscrito -a solicitud del primero- una casa club en San José perteneciente a Chicharrín S.A. -del cual este último es presidente y representante legal- para la realización de actividades proselitistas de la campaña de 2010.
Precisamente, la normativa electoral prohíbe las contribuciones de parte de las personas jurídicas, como en este caso sería esa empresa.
Tanto el defensor de Alfaro Zamora, Érick Ramos Fallas, como el de Calderón Castro, Mario Soto Baltodano, han alegado que no existió delito alguno en los hechos en cuestión. Además han sostenido que los mismos están prescritos; asunto que deberá resolver el órgano jurisdiccional al final del debate.
"Este caso nunca debió llegar a juicio. Aquí no hay ninguna violación del Código Electoral, aquí no hubo ninguna vulneración al principio de transparencia en el financiamiento de la campaña de 2010. Aquí existió una investigación ayuna del Ministerio Público y una deficiente y torpe pesquisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que se acusa es un tema de forma porque la inscripción de la Casa de la Victoria se hizo con la legislación que estaba vigente antes del Código Electoral, que era un reglamento de 2005. El nuevo reglamento es del año 2012, cuando ya habían pasado las elecciones, entonces hay un análisis incorrecto para las imputaciones particulares", declaró el primero de los abogados.
Desde la perspectiva de su colega, esto dio pie a una "aplicación retroactiva" de la ley por parte de la Fiscalía.
En el caso de Calderón Castro se descartó la comisión del delito en el tanto que no se acreditó que este conociera que se trató de una donación y menos que proviniera de una sociedad anónima.
