Fiscalía intentó notificar cuatro veces a Pilar Cisneros antes de emitir alerta migratoria
La Fiscalía General confirmó que intentó notificar a la exdiputada Pilar Cisneros en cuatro ocasiones antes de emitir una alerta migratoria; sin embargo, la vocera de Gobierno no era localizable. A Cisneros se le requería informar sobre una citatoria para indagarla por la acusación penal que enfrenta por delitos electorales durante la elección de 2022.
A Cisneros se le intentó notificar los jueves 6 y 20 de agosto en su casa de habitación, sin éxito. En uno de los intentos de notificación física, se recibió como respuesta que la persona ya no residía en ese sitio. El jueves 20 de agosto, se realizaron tres llamadas telefónicas a tres números registrados a su nombre.
Además, se efectuó una cuarta llamada, en la que respondió quien aseguró ser su esposo y dijo que ella se encontraba fuera del país. Esta persona aportó un número telefónico mediante el cual se le podía contactar. A ese número se llamó el día posterior a la fecha señalada por su esposo para el regreso de Cisneros al país.
Cuando la llamaron, una persona contestó e indicó que ella no se encontraba allí. Finalmente, el martes 25 de agosto, se realizó otra llamada telefónica al número indicado por su esposo, sin que la exdiputada contestara. En ambos casos, se informó a las personas que atendieron las llamadas el número telefónico al que la exdiputada podía comunicarse con la Fiscalía.
Al no poder localizarla, debido a que en Casa Presidencial no ocupa un cargo formal, sino que trabaja ad honorem, se debió emitir una alerta migratoria. Según la Fiscalía, se trata de una gestión normal y proporcionada a la que se recurre en algunos casos cuando no se logra ubicar o notificar a una persona.
Cisneros apareció públicamente este jueves y la Fiscalía aprovechó ese momento para concretar la citatoria. Esta tarde, una vez concretada la citación, se envió un correo electrónico a la Dirección General de Migración y Extranjería con la comunicación correspondiente para dejar sin efecto la alerta migratoria.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, explicó a CR Hoy esta misma tarde que este trámite es completamente regular cuando una persona no aparece.
"Se hizo esta solicitud de alerta simplemente para que se nos informara de las entradas y salidas. Esto porque ha sido un poco difícil poder citar a doña Pilar para que comparezca a la indagatoria en el proceso que se sigue en contra de ella por financiamiento paralelo de la campaña transanterior. Era simplemente una solicitud para que se nos informe cuándo entraba, cuándo salía y poder realizar simplemente la citación", detalló el fiscal.
Al perder el fuero especial de los miembros de los Supremos Poderes, el expediente penal se dividió y, como Cisneros ya no cuenta con inmunidad, se le procesa como a otros exjerarcas y exlegisladores en la vía ordinaria. La excongresista, hoy convertida en asesora y vocera de Gobierno, calificó la alerta migratoria emitida en su contra como una "sacada de clavo" y algo "ridículo".
Rodrigo Chaves, presidente de la República; Pilar Cisneros, diputada del PPSD; Stephan Brunner, vicepresidente de la República y Arnoldo André, canciller. CRH
Persona de interés
El informe de investigación del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, en el cual se basa principalmente la acusación penal, la cataloga como una "persona de interés" por su rol protagónico, su poder de decisión y su cercanía con la cúpula del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según las indagaciones, Cisneros tenía liderazgo y capacidad de toma de decisiones. Testimonios de actores clave de la campaña indican que Cisneros operaba desde un centro de operaciones, participaba activamente en la dirección del equipo de trabajo y validaba discursos y pautas.
El levantamiento del secreto tributario expuso pagos realizados por el fideicomiso ilegal "Costa Rica Próspera", en los cuales se hallaron facturas y comprobantes que aluden directamente a la "Campaña Pilar Cisneros" dentro de un monto global significativo.
El informe apunta que adquirió bonos de contribución estatal con un descuento que generó una diferencia a su favor, lo que motivó revisiones sobre su solvencia y el manejo de los recursos. Además, se documentaron señalamientos por sus declaraciones públicas, en las que admitió conocer a aportantes de identidad reservada que le generaban confianza, así como denuncias relacionadas con posibles indagatorias penales.
Foto: Semanario Universidad
Por su parte, Cisneros ha defendido su gestión al indicar que se afilió a la agrupación avanzada la campaña y ha optado por trasladar sus reacciones y descargos directamente al ámbito legal y a los tribunales.
Junto al exmandatario Rodrigo Chaves y Cisneros también fueron acusados Stephan Brunner Neibig, exvicepresidente de la República; Arnoldo André Tinoco, excanciller de la República y embajador; Luz Mary Alpízar Loaiza, exdiputada y presidenta del PPSD; Julio "Waldo" Agüero Sanabria, exdiputado por el PPSD, y Paola Nájera Abarca, exdiputada del PPSD.
En la acusación, los delitos atribuidos a los jerarcas corresponden a conductas contrarias a lo dispuesto en el Código Electoral: delitos sobre financiamiento partidario, delitos sobre contribuciones privadas y delitos relativos a la recepción de contribuciones privadas ilegales.
La investigación arrancó en el segundo semestre de 2022, año en que Chaves asumió como mandatario. Entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral para los comicios de 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña del PPSD durante el período electoral 2022-2026.
Dichas estructuras fueron identificadas como un fideicomiso privado, denominado "Costa Rica Próspera", y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves.
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. Esto habría contravenido los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica y afectado la integridad del proceso electoral.