Fiscalía abre causa por debilitamiento de Guardacostas durante Gobierno de Chaves
Tras investigación ejecutada por Contraloría General
Comparecencia del exdirector de Guardacostas, Martín Aras, el ministro de Seguridad Mario Zamora y el cuestionado viceministro, Manuel Jiménez Steller.
Comparecencia del exdirector de Guardacostas, Martín Aras, el ministro de Seguridad Mario Zamora y el cuestionado viceministro, Manuel Jiménez Steller.
Manuel Jiménez Steller, exviceministro de Seguridad; Mario Zamora, exministro de la cartera y Juan Carlos Alvarado, exdirector de Guardacostas. Archivo CRH
Viceministro Manuel Jiménez Steller, jerarca de Seguridad Mario Zamora Cordero y el nuevo director de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado Quesada.
Se confirmó la apertura de una causa penal por decisiones e irregularidades en el Servicio Nacional de Guardacostas ocurridas durante el Gobierno de Rodrigo Chaves, luego de que la Contraloría General remitiera un informe con aparentes anomalías.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió el proceso contra el mandatario.
La Contraloría remitió el pasado 7 de setiembre al Ministerio Público el informe que recopila aparentes anomalías detectadas en ese cuerpo policial, las cuales pudieron afectar la lucha contra el narcotráfico, tal como reveló CR Hoy.
Se trata de un documento elaborado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, que incluye las conclusiones de la investigación realizada tras recibir, en 2024, una denuncia por el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a las instalaciones de la Academia Nacional de Policía en Pococí, donde no hay mar.
Dado que el caso se encuentra en investigación, la Fiscalía no pudo brindar detalles sobre quiénes figuran como imputados ni cuáles posibles delitos se están investigando.
Ministro de Seguridad, Mario Zamora, diputada Pilar Cisneros y viceministro Manuel Jiménez Steller.
Ministro
Desarticulación en Guardacostas
Una serie de reportajes de CR Hoy reveló que el traslado de la Academia de Guardacostas a Pococí —un cantón sin salida al mar— representó apenas la primera de varias decisiones perjudiciales para la fuerza naval del país.
Dichas medidas fueron promovidas por el exministro de Seguridad, Mario Zamora, y el exviceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, quien ejerció la dirección de la policía naval sin reunir los requisitos legales correspondientes.
Zamora Cordero argumentó que el traslado obedeció al deterioro estructural de la sede de Quepos y a razones normativas. Sin embargo, el director de la academia desmintió la gravedad del daño alegado y expuso que la cúpula policial decidió no ejecutar $146.000 en donaciones destinadas a mejorar la infraestructura.
Las instalaciones vacías se utilizaron para reubicar a efectivos del Grupo Especial de Operaciones extraídos de Bahía Drake, un punto neurálgico para frenar las operaciones de las narcolanchas. Al replegar al personal hacia Golfito, los tiempos de respuesta marítima se extendieron a más de dos horas.
Aunque el Gobierno justificó el abandono de Bahía Drake por la falta de un muelle, trascendió que el propio Ministerio de Seguridad frenó una obra de $350.000 financiada por Estados Unidos que ya contaba con viabilidad ambiental y permisos municipales.
Además, exdirectores advirtieron que patrullar desde Quepos facilita que informantes del narcotráfico ("orejas") alerten a las embarcaciones ilegales. El Centro de Comunicaciones de Guardacostas, clave para coordinar radares, frecuencias e intercepciones antinarcóticos, fue trasladado a la Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría.
Testimonios policiales confirmaron que la convivencia en el mismo recinto con otros cuerpos de seguridad, sin la debida separación operativa, expuso información confidencial de inteligencia y limitó la capacidad de acción. En los últimos meses, algunas de estas decisiones han tenido que ser revertidas.