Fiscalía abre causa a Fernández y Chaves por nombramiento ilegal de directora policial
La Fiscalía General abrió una causa penal contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el nombramiento ilegal de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal (PCF) sin contar con un rango policial.
Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público abrió el expediente 26-000076-0033-PE, en el que se indagará si existió algún actuar contrario a la ley. La Ley General de Policía exige que el director general de un cuerpo policial del Gobierno ostente, como mínimo, el rango de comisionado.
Criterios de la Procuraduría General de la República y reglamentos internos del Ministerio de Hacienda ratifican ese requisito para ocupar el cargo. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que Tenorio posea esa categoría policial.
Tenorio Ruiz es abogada, notaria, criminóloga y cuenta con una maestría en Derecho y Negocios Internacionales. Entre su experiencia destaca que laboró como investigadora dentro de la misma PCF; sin embargo, la documentación y los anuncios oficiales del Poder Ejecutivo no dan cuenta de que ostente un rango policial.
Según la denuncia, tanto Fernández como Chaves emitieron modificaciones reglamentarias cuestionadas apenas días antes de la designación para, presuntamente, obviar requisitos obligatorios establecidos por la ley, irrespetando, en apariencia, el principio de legalidad.
Para posibilitar su llegada al cargo, el Poder Ejecutivo emitió días antes un decreto ejecutivo. Esta reforma al reglamento interno de la PCF eliminó expresamente la obligatoriedad de poseer grados policiales para ejercer la Dirección.
El Manual Institucional de Clases de Puestos de la Policía de Control Fiscal, que regula de forma específica los perfiles del personal de este cuerpo policial adscrito a Hacienda, también contempla que quien asuma la Dirección debe poseer la clase específica y el perfil correspondiente a la escala jerárquica superior, vinculada estrictamente al grado de comisionado de Policía.
La Procuraduría General de la República, órgano asesor jurídico del Estado, ya se había pronunciado de forma expresa sobre los requisitos para ocupar ese cargo en años anteriores, contradiciendo la justificación utilizada para emitir el decreto actual.
El diputado Antonio Trejos del Frente Amplio, denunció que un reglamento de rango inferior no puede dejar sin efecto un requisito establecido por una ley de la República.