Fiscalía investiga a Yara Jiménez por delito de prevaricato en trámite de Presupuesto

Yara Jiménez Fallas, presidenta del Congreso en el Plenario. Fotografía: prensa Asamblea Legislativa.
La Fiscalía General abrió una investigación contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, por el presunto delito de prevaricato en el trámite del Presupuesto Nacional 2027, según confirmó el departamento de prensa del Ministerio Público.
La Fiscalía solicitó al Congreso el expediente del Presupuesto Nacional el pasado 18 de noviembre para continuar con la investigación. Sin embargo, el documento aún no ha sido recibido, según confirmó el Ministerio Público a este medio.
El prevaricato es un delito que se configura cuando un juez, autoridad o funcionario público dicta una resolución contraria a la ley o basada en hechos falsos, con conocimiento de su ilegalidad.
La investigación está a cargo de la Fiscalía General debido a que Jiménez forma parte de uno de los Supremos Poderes de la República y, por tanto, cuenta con fuero de improcedibilidad penal.
Jiménez dictó una resolución en el Plenario en la que descartó que el Presupuesto requería de 38 votos para su aprobación en primery segundo debate, pese a un criterio de la Corte en el que manifestó que el plan de gastos afecta al Poder Judicial por cuatro normas de ejecusión presupuestarias que congelan recursos a la institución.
Diputados y abogados señalan vicios
Diputados de oposición y abogados constitucionalistas señalaron varias presuntas omisiones de Jiménez durante el trámite del plan de gastos, entre ellas, ignorar una nota de la Corte Suprema de Justicia, no consultar el Presupuesto al Poder Judicial ante una posible afectación a su funcionamiento y continuar con la discusión del proyecto en el Plenario pese a una primera medida cautelar que frenaba el trámite.
El pasado 5 de noviembre, en el Plenario, Jiménez rechazó un criterio que la Corte remitió al Congreso. En ese documento, los magistrados advirtieron que las normas presupuestarias incluidas en el plan de gastos afectaban la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La presidenta legislativa desestimó la nota con el argumento de que ningún órgano legislativo había solicitado ese criterio.
Posteriormente, descartó que el Presupuesto requiriera 38 votos para su aprobación. Tampoco anunció una consulta al Poder Judicial por una eventual afectación institucional.
El 9 de noviembre, la Sala Constitucional dictó una primera medida cautelar que prohibía votar el Presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre. Jiménez, sin embargo, decidió continuar con la discusión mediante una resolución propia.
Ese mismo día, una segunda medida cautelar obligó a la jerarca del Congreso a suspender la discusión y levantar la sesión.
Antes de las medidas cautelares, la Corte Suprema había presentado una consulta facultativa de constitucionalidad sobre las normas presupuestarias que bloquean ₡30.000 millones al Poder Judicial. Posteriormente, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) consultó las mismas disposiciones, mientras que el Frente Amplio remitió a la Sala IV otra consulta sobre los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según confirmó la Fiscalía, el caso se mantiene en investigación.