Fiscalía abre 3 causas contra exgerente, 2 jefaturas y periodista del Invu
Investigan a exgerente del Invu
La Fiscalía Anticorrupción tiene tres causas penales por delitos de influencia contra la Hacienda Pública contra Marco Hidalgo Zúñiga, exgerente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu); Tatiana Mora Moya, jefa de Comunicación, y jefaturas de otros departamentos.
Dos de las investigaciones se abrieron este año. Una de ellas involucra a Hidalgo y a Ricardo Rodríguez, jefe de Tecnologías de Información del Invu.
La causa busca determinar si existieron anomalías en la contratación de servicios informáticos y en su manejo interno.
CR Hoy reveló en marzo anterior un informe interno del Invu que cuestionó un contrato adjudicado a la empresa LTI para brindar servicios de conectividad entre los sistemas de préstamos y ahorros de la institución.
Según el documento, el Invu pagó cerca de ₡1.600 millones durante los últimos 8 años por un servicio que, según el análisis técnico, la institución podía ejecutar internamente y generar ahorros significativos.
El estudio también advirtió deficiencias en la fiscalización del contrato y señaló que la Junta Directiva conoció observaciones de la auditoría interna sin concretar medidas correctivas ni eventuales sanciones.
Hidalgo fue destituido el lunes 4 de mayo por la junta directiva, alegando pérdida de confianza.
Investigación contra periodista del Invu
La Fiscalía abrió una causa relacionada con un contrato de ₡43 millones adjudicado a la empresa Studio Imagen ALT, por servicios de producción y diseño institucional y tramitado desde la oficina de Comunicación dirigida por Moya.
Según información del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) los servicios se dieron entre setiembre y diciembre de 2025 mediante órdenes de pedido bajo la modalidad "según demanda".
El caso surgió tras un informe del exasesor de la presidencia del Invu, Mauricio Montero, que cuestionó que fuera Moya la que tramitara esta contratación, sin supervisión ni control administrativo.
Esa situación incluso motivó consultas de la entonces presidenta ejecutiva, Ángela Mata, sobre la participación de la funcionaria en procesos de contratación administrativa.
Tatiana Mora Moya, periodista Invu
Investigación abierta desde 2024
La tercera investigación fue abierta en 2024 y llegó al Ministerio Público tras la recepción de una denuncia.
En este expediente nuevamente aparece como imputado el exgerente Hidalgo, junto con Bryans Centeno, jefe del Departamento Administrativo Financiero del Invu, y surge a raíz de una auditoría interna del Invu, que identificó inconsistencias financieras y debilidades en controles contables entre 2024 y 2025.
El documento señala diferencias entre registros auxiliares y balances contables, estados financieros sin aprobación formal y fallas en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
La auditoría también advirtió problemas en cuentas de captación de ahorros, depreciación de edificios y control de activos fijos.
Además, cuestiona que el Invu remitiera los estados financieros de 2024 a la Contabilidad Nacional sin el aval formal de la Junta Directiva.
Según los auditores, la administración presentó únicamente un resumen ejecutivo y utilizó un acuerdo de "recibido" como respaldo para emitir los documentos.
El estudio concluye que las debilidades detectadas afectan la rendición de cuentas y limitan la capacidad de la Junta Directiva para tomar decisiones con base en información financiera precisa. La auditoría también señaló dificultades de comunicación con la administración.
Según el informe, Bryans Centeno Hernández, jefe del Departamento Administrativo Financiero y coordinador de la Comisión NICSP, no respondió solicitudes de coordinación enviadas por el equipo auditor.
Centeno figura como jefe directo de Wilman Carpio, encargado de la Unidad de Finanzas, quien además supervisa a Olga Rojas, de la Unidad de Cobros, y a Eva Jiménez, responsable de Talento Humano del Invu.
Carpio, Jiménez y Rojas también forman parte de una investigación administrativa interna.
Expresidenta evitó referirse a denuncias
Gabriela Madrigal, quien ocupó la presidencia ejecutiva del Invu hasta el jueves anterior, evitó revelar si la institución denunció las anomalías ante el Ministerio Público.
Sin embargo, CR Hoy conoció por fuentes internas y judiciales que Madrigal habría interpuesto la denuncia en la que figuran Hidalgo y Rodríguez.
En tanto, la causa abierta en 2024 aparentemente la presentaron otros miembros de la Junta Directiva de ese momento.
Entre otras anomalías que son investigadas a lo interno de la institución están:
- Falta de supervisión y control sobre contratos tecnológicos y bloqueo de acceso a códigos fuente del sistema financiero ABANKS.
- Estados financieros sin aprobación formal de la Junta Directiva y diferencias millonarias en registros contables.
- Diferencias superiores a ₡4.000 millones entre registros contables, cuentas puente sin depuración y ausencia de conciliaciones bancarias desde 2019.
- Denuncias sobre clima laboral deteriorado, intimidación y falta de transparencia en la administración.
- Morosidad superior al 54 % en la cartera crediticia y más de 800 créditos en atraso sin gestión efectiva.
- Posibles riesgos de ciberataques y pérdida de información por debilidades en seguridad tecnológica.
- Pérdidas millonarias para la institución y presunto incumplimiento de acuerdos de Junta Directiva.
- Un juicio perdido por el Invu tras la ausencia del gerente como testigo en una audiencia clave.