Fiscala desmiente a Chaves: Presidente dio datos falsos para defender fallido “mega caso”

(CRHoy.com) La Fiscala Criss González Ugalde, fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, respondió a los cuestionamientos hechos por el presidente Rodrigo Chaves y desmintió los datos dados por el mandatario relacionado con el supuesto mega caso de evasión fiscal.

Por ejemplo, Chaves aseguró en conferencia de prensa que González había sido subalterna directa del empresario Leonel Baruch en el Ministerio de Hacienda del 1 de enero de 1999 al 3 de agosto del 2001. No obstante, eso fue descartado por la funcionaria, quien incluso realizó estudios fuera del país en esa época.

"En relación con mi trabajo en el Ministerio de Hacienda, informo que laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio".

"Posteriormente, para enero del año 2000, solicité un permiso sin goce de salario en esa institución y estuve fuera de dicho ministerio en los años 2000 y 2001, por haber obtenido una beca de cooperación triangular que gestioné personalmente y me fue otorgada de manera directa por los gobiernos de Chile y Estados Unidos para estudiar una maestría en derecho empresarial. Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él", manifestó.

Unidad trabajó en fin de año

Chaves, también, aseguró que la solicitud de desestimación se firmó durante "vacaciones", pero eso fue rechazado por la fiscal, pues por una directriz se estableció que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios sería uno de los despachos del Ministerio Público que debía abrir durante el período del 26 de diciembre al 6 de enero.

"En cumplimiento de la directriz emitida por la Unidad Administrativa del Ministerio Público, en acatamiento de dicho aviso, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios informó, el martes 06 de diciembre de 2022, que un fiscal de nuestra oficina laboraría del 26 al 30 de diciembre y mi persona laboraría del día 02 al 06 de enero del presente año; además, se informó que los técnicos judiciales también trabajarían en esas fechas para dar soporte a los fiscales".

"Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE", expresó.

El mandatario dijo ante los medios que la Fiscalía se encontraba de vacaciones.

¿Qué tenía el expediente del "mega caso de evasión"?

Según expresó la Fiscala, el expediente contenía la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda que presentaba una denuncia anónima, advirtiendo, por parte del Ministerio, que los hechos, desde su perspectiva, se encontraban prescritos a nivel administrativo y que se realizaba la remisión de la denuncia como noticia criminis, de hechos que datan del período 2008 a 2015.

La Fiscalía le solicitó un peritaje a la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, ente que comunicó que se necesitaba el "trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso".

¿Qué pasó con la prueba consultada en Panamá?

Según González Ugalde, la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público informó  que, ante consulta realizada, su homólogo en Panamá comunicó que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante Ley No.70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal.

"Lo anterior significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada", expresó en un comunicado de prensa.