Gobierno estudia pesca de arrastre para definir su futuro
Debe tener estudio en 4 meses
Actualmente quedan menos de 5 licencias de arrastre vigentes. Vencerán el otro año. (Imagen de José Miguel Carvajal/Incopesca)
El Gobierno de Carlos Alvarado no solo heredó una crisis fiscal de Luis Guillermo Solís. También tiene una brasa aún caliente con respecto a la pesca de arrastre. La continuidad de la técnica, considerada la más dilapidadora, está en un punto complejo. Se mantienen los reclamos por parte del sector para que se permita; las críticas del sector ambientalista; mientras existe un impacto socioeconómico sobre quienes trabajan en arrastre.
En medio de todo el Gobierno realiza un estudio para determinar los efectos de la pesca semi-industrial de arrastre de camarón sobre el ambiente y otras especies. Este será clave para el futuro de la técnica. En julio pasado el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordenó a las autoridades realizar estudios técnicos que permitan regular el arrastre.
"El plazo máximo de 4 meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, para que concluya definitivamente los estudios de tipo técnico-ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa con vistas a la regulación legal de la temática", dictaron las juezas.
El presidente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug, aseguró que han trabajado directamente con el sector camaronero para completar los estudios, que se centrarán en el análisis de la Fauna de Acompañamiento del Camarón (FACA). Es uno de los principales impactos de este tipo de pesca, pues la mayoría de la captura no es camarón, sino otras especies, entre el 70% y el 97%.
Según Mug los experimentos buscan determinar qué tan eficientes son o no los mecanismos y las tecnologías implementadas en las embarcaciones, para bajar la FACA. "Se está buscando que las modificaciones tiendan a eso", dijo el jerarca. Pero no aseguró si se determinará si la técnica es sostenible o no.
Todo el sector de pesca artesanal, organizaciones ambientalistas y fracciones lesgislativas como el Frente Amplio y la mayor parte del Partido Acción Ciudadana (PAC) insisten en que no debe permitirse la pesca de arrastre. El propio Carlos Alvarado, cuando era candidato presidencial, señaló que ante la falta de información técnica, debía protegerse el ambiente.
Sobre pesca de arrastre les comparto mi posición y acción tomada:
No hay información técnica ni científica sobre el impacto de esta práctica en el ecosistema marino. Pedimos que prevalezca el principio precautorio en protección de la fauna y flora marinahttps://t.co/ZmHmcVPhwo
— Carlos Alvarado Q. (@CarlosAlvQ) 21 de enero de 2018
Ahora este estudio "va a arrojar un resultado" pero no a una conclusión. Al menos así de cauto se mostró el Presidente del Incopesca. "Vamos a ver cuánto lo logra (bajar la pesca incidental)", aseguró. Agregó que no se realizan los estudios para determinar si se cierra o se reinstaura. Esa información se presentará al Congreso. "La ciencia no se puede apresurar", describió.
En el mismo fallo de julio del Tribunal de Apelaciones rechazó instaurar provisionalmente el arrastre y permitir prorrogar licencias, dado que se debe hacer por ley, según mandato de la Sala Constitucional del 2013.
"Solicita que esta jurisdicción incurra en una ilegalidad al desacatar la orden constitucional que prohíbe implementar la pesca de arrastre por cualquier otro mecanismo que no sea una ley", afirmó el Tribunal con respecto a la solicitud de esa medida cautelar.
Desde el fallo de la Sala, 5 años de nada
La pesca incidental de otras especies, como tortugas, es uno de los mayores impactos de la pesca de arrastre. (Imagen de Pretoma)
Cuando la técnica fue impugnada en el 2013, la Sala Constitucional analizó que "la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable".
En su fallo 2013-10540, los magistrados señalaron que la técnica viola 6 artículos de la Constitución, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la seguridad alimentaria del país; y el principio de desarrollo sostenible democrático. "A todas luces, esta técnica es incompatible con el desarrollo sostenible de los recursos marinos, está ocasionando problemas serios de agotamiento del recurso", señalaron los magistrados.
La Administración Solís-Rivera hizo varios esfuerzos por mantener el arrastre pero no lo pudo. Lo intentó con un nuevo proyecto de ley, que no fue viable ni en comisión legislativa. Aunque sabía que de reinstaurarse debía hacerse mediante una ley y con estudios, la junta de Incopesca avaló un acuerdo en esa línea en noviembre del 2017.
La Sala Constitucional se trajo abajo dicho acuerdo en marzo del 2018. Además ordenó al Incopesca dar "asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre".
En el final del periodo 2014-18, los diputados aprobaron aceleradamente otro proyecto de ley, existente desde el 2013, para permitir dar licencias. Este también fue frenado por la Sala, en mayo anterior, ya con el nuevo Congreso activo.
En junio trabajadores y familiares del sector de pesca de arrastre se manifestaron en distintos puntos, para que se mantenga la técnica. Visitaron CRHoy.com incluso. (CRH)
En todo este tiempo ni Laura Chinchilla en sus últimos meses de gobierno ni Luis Guillermo Solís, tomaron acciones para desarrollar una alternativa a la pesca de arrastre, ante las necesidades de familias que trabajan en el sector, desde capitanes y tripulantes hasta peladoras de camarón, en su mayoría mujeres. El impacto se vive sobre todo en Puntarenas.
El 11 de julio pasado, en gira al cantón puntarenense, Presidencia anunció acciones para direccionar a ese sector a la pesca de atún, que se regala en su mayoría a la flota extranjera.
Según un estudio socioeconómico del sector de pesca de arrastre semi-industrial de camarón, realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, la pesca de arrastre solo genera 590 empleos directos.
De esos un 80% son de mala calidad, porque no alcanzan el salario mínimo. Las peladoras de camarón ganan en promedio 37 veces menos que los dueños de las licencias. Puntarenas ya está en crisis y la salida del arrastre golpeará. Hace 5 años había más de 40 embarcaciones, hoy quedan menos de 5 con licencia, las cuales vencerán el otro año.
Una encuesta de Incopesca, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mostró cómo esas familias viven en riesgo social.
Junto al sector de palangre, los camaroneros también se tiraron a las calles el pasado 29 de agosto. El Poder Ejecutivo cedió y se comprometió a realizar las consultas, para dar más "permisos de investigación" para elaborar estudios con el fin de "determinar la posibilidad de habilitar las licencias de pesca sostenible de camarón". El sector pidió 25 permisos. El Gobierno dijo estar de acuerdo con 6. Fundación MarViva criticó esta decisión.
El debate continúa en una época en que la pesca nacional está en crisis y el recurso pesquero está en declive. Este año CRHoy.com lanzó el especial El mar se agota, el cual une en un solo sitio notas, datos, videos e infográficos sobre el deficiente manejo recurso pesquero de Costa Rica. Navéguelo y entienda porqué nuestra forma de pescar es insostenible.
