Fiscal señala a Chaves por idear plan para cerrar Parque Viva
Documento judicial recopila datos que advierten ataques a la prensa
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, señaló al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por presuntamente idear un plan para cerrar el Parque Viva en Alajuela "sin contar con criterios técnicos ni sustento legal".
Así se desprende de la orden de allanamiento, registro y secuestro de evidencias para las diligencias judiciales efectuadas el pasado miércoles 18 de setiembre, de la cual crhoy.com tiene copia.
El caso se tramita bajo el expediente 22-000049-0033-PE, contra Chaves; la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal; el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez; la exdirectora general de la Salud, Melissa Ramírez Rojas; el director del Área Rectora de Salud en Alajuela, Ronald Mora Solano; el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León y la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel.
En la orden de allanamiento se señala que la investigación judicial ocurre producto de 2 posibles delitos: el primero por un supuesto prevaricato, y el segundo por un aparente abuso de autoridad de los denunciados.
El fiscal expuso que "con la finalidad de materializar las amenazas propiciadas" por Chaves se "ideó un plan para cerrar el Parque Viva", desde el 5 de julio de 2022, cuando ingresó una "denuncia anónima" al despacho de la exjerarca de Salud, alegándose incumplimiento estructural e incumplimiento en el plan de emergencia para prevención de incendios.
Antecedentes
Según el documento, Joselyn Chacón suscribió ese día un oficio dirigido al exministro Amador; a la exviceministra de Transportes, Laura Ulloa Albertazzi, en el cual solicitaron un criterio técnico sobre las calles de acceso al recinto Parque Viva porque "se ha recibido denuncias de vecinos que exponen situaciones de aglomeramiento".
Tras una inspección efectuada por funcionarios de la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuela ese 5 de julio, se concluyó que las instalaciones del recinto de eventos "cumplen con las condiciones físico-sanitarias y estructurales adecuadas a lo interno de estas", según la orden de allanamiento.
El documento judicial enumera que el 7 de julio de 2022, solo 2 días de recibirse la denuncia, se convocó a una sesión extraordinaria del Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas, en donde se les dio audiencia tanto a Chacón como a Amador.
La orden de allanamiento señala que ambos actuaron esa fecha "al plan ideado" para emitir una orden de cierre para eventos masivos del Parque Viva y las medidas que correspondan con otras autoridades pertinentes.
El Área Rectora de Salud de Alajuela emitió dicha orden el 8 de julio de 2022, la cual fue suscrita por su director regional "sin contar con criterios técnicos ni sustento legal", por lo cual se ordenó la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento.
Detalla el fiscal que hasta el 10 de julio de 2022, tanto la Fuerza Pública como el Cuerpo de Bomberos se refirieron a los hechos denunciados sobre este establecimiento y fue el día 11 cuando lo hicieron la Cruz Roja Costarricense (CRC) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La orden de allanamiento recalcó que el 15 de julio de 2022, la Dirección del Área Rectora de Salud en Alajuela comunicó al Parque Viva la recepción de los criterios técnicos, informando que con la documentación respectiva se demostró la existencia del problema para atender emergencias.
Argumentos
El fiscal utilizó el argumento de la Sala Constitucional en el cual detalló que hubo "una represalia por la línea editorial que ha sostenido Diario La Nación" con relación al presidente Rodrigo Chaves Robles para "silenciar las voces de dicho medio".
Díaz aseguró que la prueba que consta en autos se determinó que "no existía ningún tipo de incumplimiento en el recinto del Parque Viva" vinculado con las condiciones estructurales de edificios y que no se encontraron problemas estructurales como paredes, techos o pisos.
También consideró que no existe ninguna situación relacionada con la gestión de residuos sólidos, de residuos líquidos o contaminación ambiental, ni sobre el permiso de actividades, los cuales corresponden a los demás motivos posibles de denuncia.
"No se logró identificar ningún problema relacionado directamente con sus instalaciones", se lee en la orden de allanamiento.
El Fiscal General calificó los eventos investigados como posibles delitos de abuso de autoridad (previsto y sancionado en el artículo 338 del Código Penal) y prevaricato (numeral 357 del mismo código).
Se envió una consulta a Casa Presidencial para que se refirieran al respecto y se está a la espera de la respuesta.