FA cuestiona plan de inspección laboral privada y pide a Fernández no enviarlo al Congreso
La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) pidió este miércoles a la presidenta Laura Fernández no impulsar ni presentar a la Asamblea un proyecto de ley que retome el borrador elaborado durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) para incorporar asesores privados acreditados en la inspección laboral.
La bancada calificó esa propuesta como una "ocurrencia muy peligrosa", al considerar que debilita la inspección laboral, invade competencias exclusivas del Estado y pone en riesgo la protección de los derechos de los trabajadores.
El pronunciamiento fue emitido por el jefe de fracción del FA, José María Villalta, quien exhortó al Poder Ejecutivo a descartar definitivamente la iniciativa.
Villalta sostuvo que el borrador carece de sustento jurídico y que, lejos de fortalecer la inspección laboral, terminaría debilitándola.
"Creo que es una ocurrencia más, pero muy peligrosa del gobierno de Rodrigo Chaves. Es un proyecto que carece por completo de sustento jurídico y que más bien hace lo opuesto a lo que dicen querer hacer. Ojalá que el Gobierno no cometa el error de presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto tan malo", afirmó.
Según el legislador, la propuesta sustituiría, en la práctica, la labor de los inspectores del Ministerio de Trabajo por asesores privados.
"Dicen querer fortalecer la inspección laboral, pero más bien la debilitan al poner asesores privados de dudosa procedencia a sustituir la labor de los inspectores. En la práctica implicaría una menor inspección y una sustitución de los inspectores del Ministerio de Trabajo por asesores privados de dudosa procedencia y de dudoso actuar, que perfectamente pueden prestarse para encubrir cualquier cosa", señaló.
"Es inconstitucional"
El jefe de fracción frenteamplista coincidió con el criterio expresado por el exministro de Trabajo, Roy Thompson, quien afirmó que el borrador presentaba problemas de constitucionalidad al permitir que particulares ejercieran funciones reservadas al Estado.
Villalta incluso insinuó que esa posición pudo haber influido en la salida de Thompson del Ministerio de Trabajo.
"Además, es un proyecto inconstitucional, como dijo el ministro de Trabajo saliente, Roy Thompson. No sabemos si por eso fue que tuvo que salir, pero claramente la inspección laboral es parte de la función de fiscalización y de la función de policía del Estado costarricense. Son competencias indelegables, potestades de imperio que no se pueden delegar a privados o particulares; no se pueden privatizar", expresó.
Para ejemplificar su posición, comparó la iniciativa con trasladar funciones policiales a empresas privadas.
"Es como que quieran el día de mañana privatizar la Policía de Tránsito o que sean empresas de seguridad privada las que hagan las labores del OIJ. Evidentemente ese tipo de ocurrencias ponen en peligro a los ciudadanos porque sustituyen una función pública por intereses particulares", agregó.
El legislador aseguró que la solución pasa por reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo y no por crear figuras privadas para realizar inspecciones.
Según dijo, existen regiones del país que carecen de inspectores suficientes y enfrentan limitaciones presupuestarias.
"Lo que hay que hacer es fortalecer la inspección laboral, darles plazas de inspectores. Hay regiones enteras del país que no tienen inspectores, no tienen presupuesto y no tienen herramientas muchas veces para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales", afirmó.
Con este pronunciamiento, el FA se convierte en la segunda fracción de oposición en solicitar públicamente al Gobierno de Laura Fernández que descarte el borrador y no presente un proyecto de ley basado en esa propuesta.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, calificó la iniciativa como una "idea peligrosa", pidió a la presidenta no impulsarla y exhortó a la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, a explicar a qué se refería cuando afirmó que detrás del documento existía un "propósito escondido".
El borrador, revelado por CR Hoy, planteaba crear la figura de asesores privados acreditados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en empresas e instituciones. La propuesta también establecía un sistema de certificaciones laborales, un nuevo régimen de sanciones con multas de hasta 50 salarios base —equivalentes actualmente a ₡23,1 millones— y nuevas facultades para la Inspección de Trabajo.