Expresidente Solís y exministros tras anuncio de juicio: “nuestras acciones no revistieron nada ilegal”
Luis Guillermo Solís y 4 altos funcionarios afrontarán debate por caso Bancrédito
Tras haber sido notificados por el Juzgado Penal de Hacienda sobre la apertura a juicio por el caso Bancrédito, el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, el exjerarca de Hacienda, Helio Fallas Venegas y el exministro de Presidencia, Sergio Alfaro Salas, defienden su actuar pese a que ahora deberán afrontar los estados judiciales por estos hechos.
Los tres exfuncionarios emitieron un comunicado conjunto sobre la decisión del juez a cargo. Esta tarde, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que se acogió la petición para elevar a juicio la acusación por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
"Tal y como dijimos al inicio de este proceso, como exfuncionarios públicos y ciudadanos, nos sometimos a la autoridad de los tribunales de nuestro país, siempre con absoluto respeto al Estado de Derecho y amparados a la presunción de inocencia.
Afrontaremos el juicio oral y público con la total convicción que nuestras acciones ni las de las otras personas acusadas Marta Cubillo y Mauricio Arroyo revistieron en ningún momento nada ilegal y, por el contrario, estuvieron destinadas a atender el interés de la colectividad.
Respetamos, pero no compartimos, la decisión del Juzgado Penal. Consideramos que no se valoraron todos y cada uno de los argumentos y las pruebas que nuestros equipos de defensa presentaron, y ahora será ante un Tribunal Penal que demostraremos que ninguno de nosotros cometió hechos contrarios a la ley, como lo hemos sostenido desde el comienzo.
Pese a lo resuelto, confiamos plenamente en la institucionalidad del país. Será un órgano jurisdiccional, de forma independiente y sometido únicamente a la Constitución y a las leyes, el que determinará, sin lugar a dudas, luego de un cuidadoso análisis de las acusaciones, del material probatorio y de la normativa aplicable, la inexistencia de ilegalidad en nuestro accionar, que se dio siempre buscando lo mejor para Costa Rica y para nuestros conciudadanos", indica el comunicado.
Los abogados del exmandatario consultados por crhoy.com también manifestaron dudas sobre la resolución. Días atrás, este medio de comunicación pudo conversar con Solís Rivera, quien insistió que fueron decisiones "adecuadas y responsables con la intención de salvaguardar el interés general".
Al exmandatario se le acusa de supuestamente fue parte de una serie de maniobras para evitar la eventual quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Esto mediante el traslado de montos por ¢100 mil millones y $50 millones del Ministerio de Hacienda al banco estatal entre marzo y abril del 2017, con el fin de "salvarlo" de la quiebra.
Por esa misma razón figuran como imputados el entonces vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, el exministro de Presidencia, Sergio Alfaro Salas, la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez.
En la pieza acusatoria también figura el ex subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera, a quien se le achaca tanto el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública como el de posible falsedad ideológica.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al banco estatal ya extinto, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja.
El movimiento supuestamente ocurrió con el objetivo de que la entidad financiera aparentara contar con un índice de liquidez suficiente.
Al parecer, la maniobra era para impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco tras serios problemas de liquidez, y por ende evitar un impacto en la imagen de dicho gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Al caso se le asignó el expediente 20-000115-1218-PE. La Contraloría General de la República (CGR) en su momento interpuso una acusación privada, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a la presentación de una acción civil resarcitoria contra los imputados.