Eurobonos, expropiaciones y más créditos serán las prioridades del Gobierno en extraordinarias
La colocación de $13.500 millones en Eurobonos, la ley de expropiaciones, la alternativa de armonización, el plan de alianzas público-privadas y la aprobación de más créditos figuran entre las prioridades del Gobierno para las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Así lo confirmó el jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, quien adelantó que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en iniciativas de interés del Gobierno.
A partir del 1.º de noviembre, el Poder Ejecutivo retomará el control de la agenda legislativa y tendrá la potestad de convocar y desconvocar proyectos en comisiones y el Plenario.
El periodo de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. Durante noviembre, además, los diputados deberán discutir y votar el Presupuesto Ordinario de la República para 2027.
Acosta indicó que, hasta el momento, no han consultado a las demás bancadas para conocer cuáles proyectos desean impulsar durante esos tres meses.
"Hay un tema fundamental: quien tiene que hacer la valoración de los proyectos que ya están en la corriente legislativa es el Poder Ejecutivo", enfatizó.
Eurobonos con prioridad
El proyecto que autoriza la colocación de $13.500 millones en títulos valores en el mercado internacional, conocidos como Eurobonos, a lo largo de nueve años, será la mayor prioridad del Gobierno, según indicó Acosta.
La iniciativa permanece en la Comisión de Asuntos Hacendarios, sin avances significativos, debido a las diferencias entre el Gobierno y la oposición sobre las condiciones de la emisión. Por el momento, se deben retomar las negociaciones.
Entre los principales puntos de desacuerdo figuran el plazo de colocación y el monto que se emitiría anualmente. Liberación Nacional y el Frente Amplio afirmaron que no respaldarán los eurobonos, en tanto el Ejecutivo insista en recortes al Poder Judicial y no presente un plan de pagos de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Al tratarse de una autorización de endeudamiento, requiere 38 votos para su aprobación, una mayoría calificada que el oficialismo no tiene por contar con 31 diputados.
Por ello, el Gobierno deberá negociar con otras bancadas si pretende avanzar con la iniciativa.
Ley general de adquisición de terrenos
Otra de las prioridades será la Ley General de Adquisición de Terrenos, conocida como ley de expropiaciones, cuya tramitación fue solicitada por la presidenta Laura Fernández, cuando resultó electa, a la anterior Asamblea Legislativa.
El expediente, presentado por el exdiputado independiente Luis Diego Vargas, fue dictaminado por la Comisión de Infraestructura durante la legislatura anterior y se encuentra en el Plenario Legislativo, listo para su discusión y votación en primer debate.
La propuesta busca establecer reglas para la adquisición, donación y expropiación forzosa de bienes cuando exista una causa de interés público debidamente comprobada.
Alternativa de armonización
El Poder Ejecutivo también impulsará una alternativa al proyecto de armonización del mercado eléctrico, que fue archivado por la Asamblea Legislativa al no alcanzar los 38 votos necesarios para su aprobación.
La propuesta original contemplaba la creación de una nueva institución, denominada Ecosen, una de las disposiciones que obligaban a obtener mayoría calificada según la Constitución Política.
Ante ese resultado, Fernández prepara una nueva iniciativa que eliminaría la necesidad de crear un nuevo ente público o modificaría su naturaleza jurídica para facilitar su aprobación.
Entre las posibilidades figura excluir la creación del Ecosen o mantenerlo bajo una figura que le permita funcionar como institución descentralizada o con personalidad jurídica instrumental, de manera que el proyecto pueda tramitarse con 29 votos.
La mandataria todavía no ha detallado el contenido definitivo de la propuesta ni cuándo la presentará ante el Congreso.
Alianzas público-privadas
El Gobierno buscará el avance del proyecto de alianzas público-privadas, pese a que la Sala IV encontró múltiples inconstitucionalidades sobre el texto.
La iniciativa propone crear la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP) y permitir que empresas privadas financien, construyan y operen infraestructura pública.
El órgano constitucional cuestionó las competencias de la ANAPP, su relación con instituciones, los controles de la Contraloría, la contratación de personal, las atribuciones tarifarias de Aresep y las condiciones de participación de empresas privadas, por lo que desde la fracción de Gobierno deberán modificar el texto.
Más créditos para el Gobierno
La agenda del Ejecutivo también incluirá nuevos créditos de apoyo presupuestario, con los que buscará obtener recursos para financiar las necesidades del Estado. Estos créditos están aún por definir.
El jefe de bancada del PPSO señaló que sumado buscarán priorizar proyectos para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en Guanacaste y avanzar con las jornadas laborales de 12 horas, conocidas como jornada 4×3, si la Sala Constitucional resuelve la consulta facultativa de constitucionalidad durante ese período.