En 5 meses, Rodrigo Chaves acumula 16 investigaciones en Fiscalía General

(CRHoy.com) El presidente Rodrigo Chaves Robles, acumula 16 investigaciones en la Fiscalía General de la República en los primeros cinco meses de su administración.

Las pesquisas constan en un informe preparado por el departamento de comunicaciones del Ministerio Público a solicitud de CRHoy.com.

Casi la mitad de los expedientes seguidos contra el mandatario fueron abiertos en los últimos dos meses, según se desprende de otras respuestas proporcionadas por esa oficina de prensa. En un periodo idéntico de tiempo -entre junio y agosto- el gobernante registró la apertura de cinco causas.

Los 16 casos abiertos contra el economista de 61 años de edad son por 7 supuestos delitos distintos:

• Tráfico de influencias – Influir en un servidor público directamente o por interpósita persona, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación con este o con otro funcionario -real o simulada- para que haga, retarde u omita un acto o resolución propios de su trabajo, generando un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro. (2 años y 8 meses-6 años y 8 meses de cárcel).
• Peculado de uso – Emplear, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella (3 meses-2 años de cárcel).
• Recepción ilegal de contribuciones privadas – Miembros del comité ejecutivo superior de un partido, candidatos, precandidatos oficializados, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero de una agrupación que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control de la organización política (2-4 años de cárcel).
• Defraudación fiscal contra la Hacienda Pública – Dejar de pagar, en todo o parte, estando obligado a hacerlo, los impuestos establecidos en las leyes mediante cualquier ardid o engaño, o aprovechándose maliciosamente de un error. (Multa de 10 veces el valor de los derechos defraudados o tratados de defraudar o 20 días-6 años de cárcel).
• Nombramientos ilegales – Proponer o designar para un cargo público a la persona en quien no concurrieren los requisitos legales (30-90 días multa).
• Prevaricato – Dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos (2-6 años de cárcel).
• Incumplimiento de deberes – Funcionario que omita, rehúse hacer o retarde un acto propio de su labor; o que no se abstenga, inhiba o excuse de un asunto cuando está obligado a hacerlo (1-4 años de inhabilitación).

Estos están contenidos en el Código Penal y Electoral, además de en las leyes contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y en la de Defraudación Fiscal.

Las investigaciones se tramitan bajo los expedientes:

• 22-001949-0042-PE, por presunto incumplimiento de deberes.
• 22-000405-0619-PE, por presuntos nombramientos ilegales.
• 22-000028-1218-PE, por presunto tráfico de influencias.
• 22-000055-0033-PE, por presunto tráfico de influencias.
• 22-000116-1218-PE, por presunta recepción ilegal de contribuciones privadas.
• 22-000046-0033-PE, por presunto tráfico de influencias.
• 22-000049-0033-PE, por presunto prevaricato
• 22-000052-0033-PE, por presuntos nombramientos ilegales.
• 22-000053-0033-PE, por presuntos nombramientos ilegales.
• 22-000065-0033-PE, por presunto incumplimiento de deberes.
• 22-000056-0033-PE, por presunto prevaricato.
• 22-000057-0033-PE, por presunto prevaricato.
• 22-000058-0033-PE, por presunto tráfico de influencias.
• 22-000044-0033-PE, por presunto incumplimiento de deberes.
• 22-000045-0033-PE, por presunto peculado de uso.
• 22-000020-0621-PE, por presunta defraudación fiscal contra la Hacienda Pública.

Seis de los expedientes están avanzados en su tramitación, toda vez que "ya inició la redacción del dictamen fiscal conclusivo, o bien, que está en revisión final y firma para su salida", de acuerdo con el reporte enviado a CRHoy.com el 24 de octubre. Se trata de las causas 22-001949-0042-PE, 22-000405-0619-PE, 22-000028-1218-PE, 22-000052-0033-PE, 22-000053-0033-PE y 22-000020-0621-PE.

Las restantes avanzan en la etapa preparatoria, que incluye el desarrollo de diligencias, como por ejemplo, la obtención y el análisis de pruebas.

Indistintamente de su estado, todas se mantienen en un momento procesal que es privado para terceros, tal y como se desprende del artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no es posible conocer el contenido de esas pesquisas.

Hasta ahora la que ha trascendido en mayor medida es la correspondiente a la causa 22-000116-1218-PE, en la que se persiguen aparentes irregularidades en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el que Chaves Robles alcanzó el poder el 3 de abril.

En las causas figuran otras nueve personas, entre ellos ministros y diputados.

La tarde del 26 de octubre, este medio remitió una solicitud al departamento de comunicaciones de la Casa Presidencial, con el que se pretendía un descargo del Mandatario.

Al respecto, ese despacho indicó que inició las gestiones necesarias para recopilar la información requerida para contestar "en tiempo y forma", antes de adjuntar un extracto del numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece 10 días hábiles para dar respuestas a este tipo de peticiones. Lo anterior aún y cuándo se indicó en el correo la fecha en la que se preveía hacer la publicación.

El 16 de junio, dos días después de que CRHoy.com remitiera una petición similar, el gobernante se apersonó a la Fiscalía, con el objetivo de recabar detalles sobre los cinco casos que se le seguían en ese momento. Aquella tarde, Chaves Robles salió de las oficinas con la información confirmada por el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, al tiempo que se limitó a calificar las investigaciones en su contra de "absurdas, frívolas y sin fundamento".

"Voy a contestarle (a este medio) aquí mismo (en barrio González Lahmann, en Catedral, San José). Yo no puedo contestarles porque estos son casos penales y hasta que no se abra un juicio no puedo comentar al respecto. Pero me hubiera encantado poder evidenciar a las personas que causan la morosidad judicial y atiborran el sistema judicial, con nombres y apellidos, y quienes son sus patrocinadores políticos", dijo esa vez.