Eliminar debilidades en controles a Juntas Educativas requeriría modificar 4 leyes y más dinero

Curso lectivo. Con fines ilustrativos. (Imagen de MEP).

(CRHoy.com).- Un largo y complejo camino tiene por delante el Ministerio de Educación Pública (MEP), si quiere eliminar las debilidades y la falta de controles señalados por la Contraloría General de la República (CGR) en la aprobación y seguimiento presupuestario del dinero que trasladan a las Juntas de Educación y Administrativas.

El proceso requeriría la asignación de más presupuesto para dotar al MEP de un sistema informático de presupuestación exclusivo para uso de las Juntas y la modificación de al menos 4 leyes en la Asamblea Legislativa, para aclarar el rol y alcance que tienen estos órganos. Esa es la lectura que hacen tras las críticas del ente contralor.

Las 4.481 Juntas son las encargadas de presupuestar, recibir y administrar el dinero para el funcionamiento ordinario de cada centro educativo, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones, el pago de servicios públicos, compra de alimentos para comedores, adquisición de mobiliario y pago de becas o subsidios para transporte de estudiantes en condición de pobreza.

En el 2020, las Juntas recibieron ¢323.113 millones para financiar los gastos de las escuelas y colegios del país, de ese total, ¢219.532 millones fueron trasladados por el MEP de fondos del Presupuesto Nacional.

Aunque la institución tiene la obligación de supervisar que las Juntas presupuesten bien los gastos del año y que los proyectos cumplan con las necesidades de los centros educativos, esto no sucede. La Contraloría señaló en un reciente informe serias debilidades en los controles que aplica en el MEP a través de funcionarios de las 27 direcciones regionales encargados de esta tarea.

En algunas direcciones regionales entre uno y tres empleados se encargan de analizar los presupuestos y aprobarlos de forma manual para decenas y hasta cientos de Juntas de escuelas y colegios. El trabajo se acumula en los últimos 3 meses del año y los errores y omisiones saltaron a vista de la Contraloría.

"Ese informe viene a confirmar un diagnóstico en el que estamos trabajando desde el 2018, en las 27 direcciones hay una persona que tiene que revisar esos presupuestos de forma manual y en el papel, ¿por qué en papel? porque ese es que el procedimiento que fue diseñado en su momento. En realidad sí existen controles, pero no están automatizados; hay un control anterior y uno posterior y los problemas se dan en el primero y por supuesto esto expone a errores", reconoció Karol Zúñiga, vocera del departamento de Juntas del MEP.

La funcionaria achaca la situación a la falta de un rediseño total del proceso de presupuestación, que necesariamente obligaría a destinar más dinero para la contratación de un sistema de que les permita pasar de hojas de Excel y documentos con información que se ingresa manualmente, a una verdadera plataforma informática de control.

Pasar a un sistema digital dependería además de que los miembros de Juntas tengan acceso a firma digital, computadora y plataformas integradas, situación que avanza a paso lento y que no aplica de igual manera en todas las zonas del país principalmente en áreas rurales. Hasta enero del 2022 el MEP iniciarán el análisis para definir antes de marzo, una hoja de ruta para encontrar una solución definitiva, "es un tema de falta de recursos, modificación de normativa y tiempo", agregó la funcionaria.

También sería necesario modificar al menos 4 leyes en el Congreso, para aclarar el marco legal y los alcances de las atribuciones de las Juntas.

Se trata de la Ley 6746 de creación del Fondo Juntas Educación y Administrativas y además plantear ajustes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635; la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos 9371 y la Ley de Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades 7552.

"Son modificaciones que que definitivamente no se pueden lograr a corto plazo, no es como que se pueden resolver ya, porque no depende solo de la instancia propiamente del ministerio, sino que conlleva mucho más", concluyó Zúñiga.