El plan para colocar cámaras en carretera ya toca el precipicio
Ministro del MOPT, Luis Amador, confirma que no está en planes inmediatos
(CRHoy.com). Pese a tener un contrato firmado desde febrero de 2020, el proyecto para implementar un sistema de monitoreo vial con cámaras en carretera en las principales vías de la Gran Área Metropolitana (GAM) no vería la luz.
En febrero de 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sacaron bombos y platillos para anunciar un proyecto ambicioso: el Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom).
En principio, el proyecto, adjudicado al consorcio Gestión Tecnológica ITS, requiere una inversión total cercana a los $54 millones. Estaba pactado para ejecutarse entre 2020 y 2021, pero las limitaciones en trámites presupuestarios, derivadas del coronavirus COVID-19, provocaron que el plan se quedara varado.
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró el pasado 22 de julio que impulsar este sistema no está en el radar del nuevo gobierno.
"Hay un tema de legalidad, con respecto a eso, entonces en este momento yo no lo estoy moviendo y hay que valorarlo", señaló el ministro.
La conceptualización del Sicom iba más allá que un sistema de monitoreo y sanción a través de cámaras en carretera. Permitiría aplicar la foto-multa, pero también otras acciones remotas para el control vial: control de carril exclusivo para buses, video-vigilancia con un centro de analítica, sistemas de control de velocidad, irrespeto a semáforos en rojo, control e irrespeto a la restricción vehicular, control de piques, generación de foto-multas y control de virajes no permitidos, entre otras acciones
El consorcio Gestión Tecnológica ITS está conformado por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la empresa Sensys Gatso US y la compañía Lanprosa S.A. Esa asociación empresarial planteó un recurso de amparo contra el Cosevi por dejar sin contenido presupuestario el contrato administrativo, pero fue rechazado de plano.
Este medio contactó a representantes de la organización, quienes confirmaron que pese a contar el contrato firmado se mantienen en un limbo y está "totalmente en stand by".
El contrato con el consorcio está firmado, pero hasta que no exista certeza presupuestaria no se podría refrendar ante la Contraloría General de la República (CGR). Desde 2021, los presupuestos de los consejos adscritos al MOPT deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda y no por la Contraloría General de la República (CGR), como ocurría antes.
El Sicom contemplaba la instalación de 100 equipos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en la ruta de Circunvalación y en las zonas más transitadas de la capital.
Los dispositivos serían monitoreados desde un centro que se construirá en Cosevi –en La Uruca- y que compartirá la información con otros cuerpos policiales e instituciones. En una segunda fase, se preveía la inclusión de las municipalidades del Valle Central.
Ante la incertidumbre con el proyecto, Edwin Herrera, director ejecutivo del consejo, reconoció en 2021 que existían riesgos con el adjudicatario y estaban a expensas de la existencia de eventuales reclamos legales al no poder ejecutar el contrato firmado.
"Eso ya es una decisión del adjudicatario (Gestión Tecnológica ITS) y en otras instancias se podría discutir, pero nosotros mantenemos conversaciones con ellos y en este momento están claros de la problemática que ha implicado la pandemia (COVID-19) para el país", apuntó el funcionario, en esa oportunidad.
Herrera asegura que más allá del aspecto económico, con la eficiencia para generar multas por malas conductas al volante, procuran atacar los malos hábitos que disparan las muertes en carretera.
Los recursos provenían del fondo libre del Cosevi y la normativa señalaba que se debían usar en proyectos de seguridad vial.
