El marchamo y las iniciativas para recortarlo este año por el COVID-19
Reducciones van desde un 20 hasta un 50% del impuesto sobre la propiedad de vehículos
Este año el marchamo implicará una carga adicional para las maltrechas finanzas de las familias y las empresas, golpeadas por la crisis del COVID-19. (Foto: Archivo CRH/Con fines ilustrativos)
(CRHoy.com).- La fecha para pagarlo, entre el 1o. de noviembre y el 31 de diciembre, aún está lejana, pero desde ahora el marchamo del 2020 implica un agudo dolor de cabeza para muchos por la crítica situación que atraviesan las familias y las empresas como consecuencia del impacto del COVID-19 en la economía.
En el Congreso algunos diputados anticiparon el problema que representará el pago este año para los dueños de vehículos. En la corriente legislativa hay tres proyectos de ley que pretenden alivianar la carga en mayor o menor medida.
Son los expedientes legislativos No. 22.000, de la diputada liberacionista Franggi Nicolás; el No. 22.004, de su compañero de fracción David Gourzong y del No. 22.085, del legislador independiente Dragos Dolanescu.
Los proyectos
La congresista Nicolás propone incluir un artículo transitorio a la Ley No. 7088, que modificó la Ley No. 6810, que creó el impuesto a la propiedad de vehículos. Su intensión es disminuir en un 20% para todos los dueños de vehículos el monto del tributo sobre la tenencia de vehículos automotores; embarcaciones y aeronaves.
Nicolás explica en su propuesta que la reducción de un 20% sobre el tributo sería por única vez en el 2020 y que el rebajo no modificaría otros componentes del marchamo como Seguro Obligatorio Automotor (SOA), los timbres, el impuesto al valor agregado (IVA) que se paga en el SOA, o los rubros del marchamo asociados al Consejo Nacional de Vialidad; parquímetros; a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); entre otros.
David Gourzong, en tanto, propone una exoneración, también por única vez, del pago del impuesto a la propiedad de vehículos para las personas que producto de una afectación laboral derivada del golpe del COVID-19 reciben o recibieron el Bono Proteger que creó el gobierno del presidente, Carlos Alvarado, para asistir a las familias.
El diputado también plantea que se reduzcan en un 25% el impuesto sobre la propiedad de vehículos para las personas que prueben que están desempleadas, que laboran con la jornada reducida, o que tienen microempresas cuyos ingresos cayeron al menos un 20% a causa de la emergencia sanitaria ligada con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
Además, el verdiblanco incluye en su proyecto una rebaja de un 25% en el monto del canon destinado al Consejo de Transporte Público que deben pagar los empresarios del ramo y los que se dedican al transporte de turistas, debido a la restricción vehicular sanitaria que opera en el país desde marzo.
Dragos Dolanescu focaliza su propuesta, también, en la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos que va a dar directamente a las arcas del Ministerio de Hacienda.
Su iniciativa agregaría un artículo transitorio a Ley No. 7088 que permitiría que el pago del impuesto se reduzca en un 50% para el periodo 2021 para todos los propietarios de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, sin excepción.
Consideraciones de los diputados
Franggi Nicolás cree que su propuesta de ley debe aprobarse porque las familias no solo han visto deteriorarse sus ingresos durante el 2020 con la llegada del COVID-19, sino que el ruedo de los vehículos cayó sensiblemente este año debido a las restricciones que el Gobierno impuso para impedir mayores brotes de la mortal enfermedad respiratoria viral.
"(…) Resulta justo, no solo ante la singularidad del presente año, que ha implicado una reducción clara y evidente respecto al ruedo proyectado para este periodo, sino que también resulta una medida que le permitirá a miles de hogares y empresas con flotillas vehiculares, cerrar el año con un alivio económico ante la coyuntura económica por la que está atravesando el país producto del COVID-19", manifestó la diputada en su proyecto de ley.
El parlamentario David Gourzong trajo a colación, para justificar su propuesta, la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar una reforma al Código de Trabajo para permitir la reducción de jornadas laborales y salarios, así como la suspensión de contratos de trabajo para aliviar la situación de las empresas afectadas por la pandemia.
Hacienda alega que el 50% de los ingresos por el impuesto a la propiedad de vehículos se destina al Conavi, para que financie el mantenimiento de vías. (Foto: Cortesía MOPT/Con fines ilustrativos)
"A raíz de todo este contexto de calamidad y de los múltiples meses en que se han visto devaluados sus ingresos por no poder trabajar o disminución sustancial en su ventas; un sector importante de la población se encuentra en una situación económica perniciosa que imposibilita afrontar las cargas básicas de subsistencia y otras que habitualmente han tenido que enfrentar, como el pago de alquileres de vivienda, locales comerciales, compra de alimentos y honrar sus deudas en general. Ahora el Estado debe ser solidario, brindar soluciones y tomar las medidas necesarias para apoyar en los diversos aspectos en que la población se ha visto afectada a raíz de la crisis mundial (…)", estimó Gourzong.
Y Dragos Dolanescu hizo énfasis en los cuestonamientos hacia la fórmula de cálculo del marchamo, la manera en que el Gobierno actualiza los valores de los vehículos, según él, de forma subjetiva, y por la "manipulación" que, en su criterio, deriva en el cobro excesivo del impuesto sobre la propiedad de los vehículos.
Él también afirmó en la exposición de motivos de su proyecto que Costa Rica cobra el marchamo más caro de Centroamérica e, incluso, más oneroso que el que cobran algunos países de Europa.
"(…) Muchos de los hogares de nuestro país no recibirán el aguinaldo correspondiente a este año (por el elevado desempleo de un 24% que se agravó con la pandemia), hecho por demás muy lamentable y siendo, como se indicó anteriormente, el aguinaldo un instrumento habitualmente utilizado por la mayor parte de los trabajadores para el pago del marchamo, es muy probable entonces que por la precariedad económica de los hogares y el drenaje de recursos que han sufrido, que este año la morosidad se incremente y este impuesto confiscatorio no se pague", argumentó.
Panorama de los proyectos
En lo que va de este mes de agosto–de sesiones extraordinarias, durante las que Casa Presidencial controla la agenda de temas que discuten los diputados–ninguno de los proyectos de ley ha tenido movimiento en la Asamblea Legislativa, pues el Poder Ejecutivo se opone a cualquier propuesta para reducir el marchamo, con el argumento de que una decisión en ese sentido ensancharía todavía más el déficit fiscal del Gobierno Central.
La Contraloría General de la República estima que este año la brecha entre los ingresos y los gastos corrientes del Gobierno será superior al 11% del producto interno bruto (PIB); el Ministerio de Hacienda, en tanto, estima que el tamaño del hueco en sus finanzas sería del orden de un 9,7% del PIB, en cualquier caso, el país no ha visto niveles de déficit fiscal tan elevados en muchas décadas.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó a finales de julio que el marchamo es un "impuesto justo" y que "no tiene sentido" reducirlo en medio de la crisis a la que hace frente el país.
Además, opinó en contra de las propuestas que se basan en el argumento de la reducción del tiempo de circulación de los vehículos este año, lo cual consideró como un "error conceptual" porque, en su criterio, el impuesto no se cobra sobre el uso efectivo del vehículo.
Durante un conversatorio abierto que realizó a través de redes sociales, el presiden, Carlos Alvarado, descartó que su gobierno apoye cualquier propuesta para recortar un porcentaje del marchamo para ayudar a las familias y las empresas a sobrellevar la calamitosa situación económica.
"En el tema del marchamo, yo sé que se desearía ese alivio. Pero, como lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda (Elian Villegas), quitar ese tipo de ingresos es desvestir un santo para vestir otro. Porque esos dineros, igual, se asignan para cosas que son en apoyo del país. Esa es una de las situaciones más complejas que tenemos en materia de los recursos públicos (…)", justificó Alvarado.
La Contraloría General de la República (CGR), también encendió las luces de alerta sobre los proyectos de ley para reducir el costo del marchamo este año. El órgano contralor remitió a los diputados dos criterios a mediados de julio en los que subrayó los peligros que implican dada la frágil situación fiscal del Gobierno.
Según la opinión de la CGR, el impuesto sobre la tenencia de vehículos de por sí se reducirá este año, entre otras razones, porque la inflación surte un efecto, a la baja en la actual coyuntura económica, pues a junio el indicador estaba en un -0,24%.
Si encima de esa situación los diputados aprobaran las exoneraciones, señaló la CGR, los proyectos contribuirían a agravar la situación fiscal.
Además, el órgano auxiliar del Congreso en el control de la hacienda pública determinó que iniciativas como la del diputado Gourzong, que exige la verificación de datos para aplicar una exonerar parcial a los dueños de vehículos afectados laboralmente por la pandemia, implicarían altos costos de administración para el Gobierno.
La Contraloría además defendió la tesis de que el impuesto es sobre la propiedad de los vehículos, por lo que no hay ninguna relación con el uso de las vías por parte de los dueños de automotores.
A pesar de la negativa del Gobierno a ceder en el pago del marchamo, los diputados de diversas fracciones anunciaron que a partir de setiembre, cuando retomen el control sobre la agenda legislativa, reiniciarán el trámite de los proyectos de ley, que se encuentran en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En el 2017 Hacienda estimó que recaudaría ¢130.000 millones por dicho impuesto. La cifra que se calculó en el 2018 fue de ¢175.000 millones y en el 2019 de ¢250.000 millones.
Hacienda alega que un 50% de los ingresos por el impuesto se destina al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que se encarga del mantenimiento de las calles, y el otro 50% va al fondo general del Gobierno de donde salen recursos para atender los diversos gastos.