EEUU señaló “detenciones arbitrarias” de cuerpos policiales costarricenses
Detención de Jhon Vega figura en informe norteamericano
El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre la realización de "detenciones arbitrarias" por parte de cuerpos policiales en Costa Rica.
El detalle se encuentra en el Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2023, el cual fue presentado por Anthony Blinken, secretario de Estado de la nación norteamericana.
En el capítulo "Respeto por la integridad de la persona", hay un subtítulo en el cual cita "detención arbitraria" en Costa Rica y enumera 2 incidentes ocurridos durante el año anterior, uno de ellos por la Policía Municipal de Escazú y el otro por Fuerza Pública.
"El 9 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema Tribunal falló en contra del municipio de Escazú por la detención arbitraria del 24 de septiembre, de un ciudadano por presunta obstrucción a labores policiales.
"Por separado, el 17 de octubre, la Sala falló en contra de las fuerzas policiales por la detención arbitraria el 9 de septiembre de un manifestante durante una protesta", señaló el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las detenciones
La primera detención citada por el informe corresponde a la de Jhonn Vega Masís, excandidato a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores (PT) ocurrida el 24 de setiembre de 2023.
Vega Masís denunció en ese momento ser víctimas de supuestos abusos y brutalidad por parte de efectivos de la Policía Municipal de Escazú en frente de sus 2 hijos menores de edad, mientras estaba en el Parque San Miguel del cantón escazuceño.
Citó que los agentes llegaron a intervenir en una discusión entre 2 indigentes y dijo que en el caso de uno de los involucrados lo levantaron del suelo, lo dejaron caer y le provocó una herida en la cara.
Vega agregó que eso no era forma de actuar. De inmediato lo trataron de forma altanera y prepotente, tan así que nunca se quisieron identificar y procedieron a detener alegando "obstrucción a la autoridad".
A través de la resolución 2023025496 del 6 de octubre de 2023, la Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de Escazú por considerar que la actuación policial representó un "claro y lamentable abuso de autoridad".
Consultado por CRHoy.com, Vega dijo que es importante prestar atención a las señales que evidencian abuso y arbitrariedad policial porque no son hechos aislados y hay una creciente tendencia hacia el autoritarismo por cuerpos policiales.
José Rodolfo Ibarra, director de la Policía Municipal de Escazú, indicó a CRHoy.com que consultaría sobre el informe.
El segundo caso citado por el informe norteamericano fue sobre las detenciones de manifestantes cerca de la Asamblea Legislativa por parte de efectivos de la Fuerza Pública durante el 9 de setiembre de 2023 como parte de una marcha contra la violencia policial.
El Tribunal Constitucional condenó al Estado por este caso por primera vez el 17 de octubre de 2023 tras declarar con lugar un recurso de habeas corpus presentado por una de las detenidas, a quien la Sala consideró que la detención fue "injustificada e irrazonable".
Una segunda condena del Tribunal Constitucional ocurrió el 3 de noviembre del año anterior, en el cual también se alegaron los mismos motivos que en el primer caso en cuestión.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, indicó a CRHoy.com que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos juega un rol en el Estado de Derecho como parte de un sistema del modelo judicial.
Dicho modelo, según el jerarca, funge bajo un modelo de pesos y contrapesos donde existen instancia que fiscalizan el cumplimiento de la ley.
Hacinamiento carcelario
Otro de los apartados citados por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos se relaciona con "condiciones físicas abusivas", en el cual cita el problema de hacinamientos en la cárcel.
Con corte al 31 de julio de 2023, la población penitenciaria superó en 12% la capacidad diseñada para los centros penitenciarios, según señaló el informe norteamericano.
Según el documento, la población que estaba en prisión preventiva es la que sufre el mayor hacinamiento, quien sufrió malas condiciones producto de espacios inadecuados para descansar, deterioro, colchones en el suelo y acceso inadecuado a los servicios de salud.
"En junio, un Juzgado de Ejecución de Sentencia de Alajuela ordenó el cierre del centro penal Gerardo Rodríguez Echeverría por condiciones de trato inhumano. Los narcóticos ilegales estaban fácilmente disponibles en las cárceles y el abuso de las drogas era común", agregó el informe.
El documento destacó que el 25 de enero, la Sala Constitucional ordenó la creación de un protocolo interno de seguridad para el personal policial en unidades de penales de mujeres luego de que un grupo de reclusas quitara las llaves de la celda a un funcionario y atacara a una privada de libertad en su propia celda.