EBI defiende validez de arbitraje por basureros en Turrúcares y Montes de Oro
La empresa de recolección de basura EBI defiende la validez del arbitraje que inició en 2025 contra Costa Rica por dos basureros ubicados en Turrúcares de Alajuela y Montes de Oro. La disputa se discute en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En el caso de Alajuela, la compañía canadiense alega que se basa en un procedimiento de lesividad de 2022 de esa Municipalidad para presentar el reclamo.
El uso de suelo en ese cantón se le entregó en 2011, pero se le revocó en 2016. Por eso el alcalde Roberto Thompson alega que el arbitraje está fuera de plazo, pues el acuerdo de inversiones entre Canadá y Costa Rica establece un máximo de tres años para que una empresa abra un proceso de ese tipo luego de verse afectada por una decisión administrativa.
Sin embargo, EBI señala que fue el de 2022 el procedimiento que marcó una violación clara al acuerdo entre ambos países.
Thompson reiteró que la postura municipal es que el plazo corre a partir de 2016, cuando se anularon los usos de suelo y la empresa tuvo conocimiento de un eventual daño a su inversión.
Empresa recibió permiso en Montes de Oro
En Montes de Oro, EBI recibió el permiso de construcción luego de un proceso en tribunales y una orden judicial que obligó a la Municipalidad, según indicó el alcalde Anthony Fallas.
Sin embargo, la empresa mantiene la intención de continuar con el arbitraje contra ese gobierno local por otros riesgos y temas pendientes de resolver.
La compañía indicó a este medio que está dispuesta a buscar un "acuerdo amistoso y una solución sensata" para los problemas de gestión de residuos en Costa Rica.
Los principales argumentos de EBI serán el incumplimiento a la norma de trato justo y equitativo, así como a la de trato de nación más favorecida. También alegará una expropiación progresiva.
La defensa de Costa Rica en este caso correrá por cuenta del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Tribunal formado
El tribunal del Ciadi que verá este asunto se completó el 30 de octubre y está formado por tres miembros.
El Gobierno costarricense nombró a Eduardo Silva, un árbitro colombo-francés, como su designado. Lo completan un español nominado en consenso por ambas partes y otro árbitro también español escogido por la compañía canadiense.
El Ciado fue la instancia que resolvió el caso de Infinito Gold contra Costa Rica por el proyecto minero de Crucitas.
