Dirección Jurídica de la Caja advierte que “no hay emergencia” sobre especialistas
Institución estuvo enterada con anticipación.
Archivo CRH.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró estado de emergencia institucional porque los médicos especialistas no realizarán jornadas extraordinarias a partir del 1 de abril, por diferentes reclamos.
Sin embargo, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) dio a conocer que en un oficio (GA-DJ-02469-2024) Gilberth Alfaro, Director Jurídico, Dylana Jiménez, Jefe a.i. de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y Ricardo Luna, abogado, de la CCSS, indicaron que "no hay estado de emergencia".
La justificación que dan es que la no realización de jornadas extraordinarias "es un hecho previsible y del que la institución tuvo conocimiento con anticipación".
Para atender la falta de especialistas se abrió una contratación de urgencia, de más de ₡12.500 millones, concurso que cerró este martes a las 3:00 p.m.
En el oficio se hace énfasis en que la Ley General de Contratación Pública prevé el mecanismo de contrataciones de urgencia para cuando haya necesidades apremiantes.
De acuerdo con SINAME, como no hay situación de emergencia, la contratación que hizo la CCSS no procede.
La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social está indicando que una contratación amparada en los artículos 66 y 166 de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, respectivamente, no es válida, por cuanto no se está cumpliendo con los requisitos taxativos que define esa normativa, detallaron desde SINAME.
Para el sindicato de especialistas, en el oficio hay contradicciones, ya que se hace referencia a que si existe situación de emergencia se pueden modificar los horarios de los trabajadores, obligarlos a realizar tiempo extraordinario o demandar la responsabilidad tanto disciplinaria, como civil y/o penal.
"Al no existir emergencia, como bien lo indica la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, la administración activa no está facultada para obligar a ningún funcionario a cambiar su jornada u horario", aseguran.
