Diputados valoran gravamen de 16% para hospedaje no tradicional
Según estimaciones, gravar este sector implicaría unos $80 millones anuales, en ventas.
El proyecto busca generar seguridad en el turismo para evitar repetir lo sucedido en este Airbnb donde se hospedó Carla Stefaniak, donde se encontró su cuerpo.
El proyecto 20.865 de Ley para Regular los Servicios de Hospedaje no tradicional está siendo discutido en la Comisión de Asuntos Económicos, donde se pretende gravar al sector, siendo este una vía para equiparar la balanza en comparación con los hoteleros.
La propuesta inicial es que paguen un 5% de impuesto sobre el total de ganancias mensuales, sin embargo, esta cifra se reduciría a 3%, según confirmó Pablo Heriberto Abarca, presidente del foro.
La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar aconsejó a la Comisión, no emitir un tributo aparte del 13% de ventas, sino más bien, generar uno especial porque para la administración tributaria se dificultaría ese rastro.
De esta forma, se plantea un impuesto de 16% (13% más el 3% adicional) que llegaría a Hacienda y de este, hacia el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Este es uno de los cambios que tendría esta iniciativa, así como lo referente a la ley 7.600 y las patentes municipales.
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La Ministra de Turismo María Amalia Revelo y Javier Pacheco, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) se mostraron a favor del gravamen, incluso, el último detalló que ese sector debe de pagar 13% del impuesto de ventas, un 10% por el de servicios, 30% en renta, patentes de funcionamiento, cargas sociales, tarifas de agua y luz industriales así como estándares de seguridad.
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Consultado sobre si el turismo se podría ver afectado por este impuesto, Abarca defendió que eso no sucedería porque, las tarifas en plataformas son más baratas en comparación con las tradicionales y, de igual forma, el impacto en el bolsillo no sería significativo.
Una de las objeciones de la jerarca de Hacienda, tienen que ver con que el proyecto plantea destinos específicos para los fondos recaudados, en detalle 70% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para el fortalecimiento de sus funciones, un 20% para el ICT con el fin de financiar programas de apoyo y seguimiento a la ley y finalmente, un 10% para la Dirección General de Tributación.
Para Aguilar, no es conveniente generar destinos específicos "porque terminamos desarmando todo el esquema". Por eso, este planteamiento es uno de los que tendrían que revisar para detallar en la iniciativa.
Otro argumento de los hoteleros y la jerarca de turismo, tiene que ver con que el proyecto generaría seguridad para el turismo, pues sólo el ICT invirtió $1 millón para este tema, que incluye la construcción de una delegación policial en Tamarindo.
Cabe recordar que a inicios de diciembre, se dio el caso de Carla Stefaniak, turista venezolana-estadounidense quien se hospedó en un hotel mediante Airbnb, pero fue asesinada en el lugar.
Cifras jugosas
Estimaciones realizadas por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre impuesto de ventas.
Estimaciones realizadas por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre impuesto de ventas.
Un informe económico realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, realizó estimaciones, tomando en cuenta que Airbnb ha indicado tener 7.700 anfitriones en Costa Rica.
"En el caso del hospedaje no tradicional, por tratarse de actividades que se ejercen dentro de la economía informal, presenta un amplio incumplimiento de los deberes formales, entre ellos los tributarios, lo cual se ha calificado como una competencia desleal con respecto a los servicios de hospedaje formales porque están en desigualdad de condiciones en lo referente a pagos de servicios públicos, patentes, salarios, cuotas de la CCSS, impuesto de ventas, etc.; se ha calculado que el Estado estaría dejando de recibir aproximadamente $80 millones al año en solo el impuesto de ventas", señala el documento.
De acuerdo con la CCH para el 2018, habían unas 16 mil habitaciones para alquiler mediante estos buscadores, dato recopilado en conjunto con la Dirección de Inteligencia de Tributación Directa.
En el informe, se indica que hay estimaciones con respecto de los anfitriones, quienes tendrían ingresos anuales por $2.600.
"No se tienen datos exactos, pero considerando una ocupación anual de 70% en un total estimado de 16.000 aposentos, y teniendo como promedio 3 personas por habitación o aposento al mes se estima que un total de 403.000 turistas nacionales y extranjeros por año podrían utilizar el servicio de hospedaje no tradicional. Se calcula que en el 2010, un 4,4 % de los visitantes alquilaba casa o apartamento para alojarse en Costa Rica, para el 2015, el número ascendió al 11%. Aproximadamente, 337.000 visitantes utilizaron Airbnb 3 en Costa Rica durante el 2017", indicaron.
Agregan que la mayoría de los clientes son de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y México, pero también hay un importante número de costarricenses.
Ahora bien, en el informe AL-DEST-IIN-005-2019 de ese mismo departamento sobre el proyecto de ley, se recomienda que, los diputados deben de tomar en cuenta que, la renta de habitaciones en casa o condominios, "no necesariamente cumple la misma función turística que el servicio de habitación de un hotel, ya que el concepto de hospedaje turístico incorpora todo un concepto de servicio y atención que debe existir para garantizar al turista una estadía cómoda y apropiada de acuerdo con sus expectativas, gustos y preferencias".
De esta forma, las casas de habitación o edificios de apartamentos se adquieren de forma privada para uso personal, por lo tanto, podría indicar que no requiere un registro, al tratarse de un acuerdo privado entre dos partes.
"Tómese en cuenta que por el hecho de no estar diseñados para la atención del turista, el hospedaje no tradicional crean problemas más allá de la competencia desigual y las dificultades para recaudar impuestos. Los turistas, sin arraigo en los barrios y edificios contratados para pasarla bien, causan problemas de convivencia. El fenómeno también impacta las políticas de vivienda y la disponibilidad de techo para la población local. Muchas propiedades dejan de ser albergues permanentes para convertirse en parte de la oferta de alquileres a corto plazo", señalan.