(CRHoy.com) -El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podría colapsar, si el Gobierno y su administración no acaban con el secretismo en sus finanzas y negocios y no definen una ruta clara para salvar a la institución.

Así lo sostienen las diputadas Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Yorleny León, ambas del Partido Liberación Nacional (PLN), y los legisladores Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Las alertas las vienen dando desde años atrás, pero subieron de tono esta semana después de conocer que el Grupo ICE cerró el año pasado con una pérdida de ¢110 mil millones con respecto al final del 2019, una situación que se agravó con el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus negocios y la devaluación del colón frente al dólar estadounidense en el pago de sus deudas.

Las millonarias pérdidas se registraron a pesar del recorte de gastos y de costos operativos por un 10% con respecto al 2019.

Los datos están incluidos en el último informe de rendición de cuentas que la presidenta ejecutiva de la institución, Irene Cañas, entregó al Consejo de Gobierno el martes pasado.

La baja en el consumo de electricidad y de servicios de telecomunicaciones en el marco de la crisis sanitaria provocó una caída de ¢80 mil millones en los ingresos, es decir, 5,2% menos en un año.

Al mismo tiempo, la devaluación de la moneda nacional obligó a gastos adicionales por ¢151 mil millones en los pagos de su deuda contraída en dólares.

Finanzas al límite

La diputada Hernández -quien presentó un proyecto de ley para fortalecer a la institución- sostuvo que las finanzas del ICE están al límite y a pesar de ello están rodeadas de mucho secretismo y silencio.

"Un plan para el rescate de las finanzas de esta institución debe no sólo existir, sino transparentarse ampliamente", manifestó la legisladora, quien ha venido cuestionando en los últimos años el manejo financiero de la empresa pública.

Recordó que tiene tres años de insistir en múltiples ocasiones a la administración superior del ICE para que tomen medidas.

"Este último año insistí para que se hiciera cumplir con las normas NIIF (normas contables internacionales) y se transparentara la información contable del negocio de energía, como corresponde", afirmó.

La administración de la entidad aceptó cumplir con la implementación de las normas contables internacionales después de una fuerte presión ejercida por legisladores de oposición.

Hernández presentó una iniciativa de ley -que se tramita bajo el expediente 21.670- para el rescate de las finanzas del ICE y sus empresas.

El proyecto de ley le permitirá al Grupo ICE reestructurar sus financiamientos (créditos, fideicomisos, titulaciones, arrendamientos y BOT's), y estimular la reducción de las tarifas de electricidad.

También daría agilidad al Consejo Directivo de la institución para la venta de activos ociosos o inversiones que ya no realiza.

Sin embargo, Hernández mencionó que el proyecto "nunca ve la luz en las sesiones extraordinarias" del Congreso en las cuales el Poder Ejecutivo define la agenda legislativa.

"Hacen falta esfuerzos concretos por mejorar las finanzas de esta institución, mismos que deben acompañarse desde la Asamblea Legislativa. Es tiempo para que se defina la ruta para evitar la quiebra de esta institución. Debemos de pasar de la retórica a la acción", agregó.

"No quiere entender"

Son tales las interrogantes que despierta el estado financiero de la institución que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso tiene abierto un expediente en esa línea.

La diputada León, quien aspira a reelegirse en la Presidencia de ese órgano legislativo, explicó que las finanzas del ICE están en 4 investigaciones que tienen a su cargo los legisladores de esa comisión.

"Se repite en los estados financieros de la institución la pérdida por operación y por diferencial cambiario. El ICE, sí o sí, está obligado a convertir sus deudas en monedas extranjeras a colones para evitar la pérdida cambiaria y está obligado mejorar su eficiencia", declaró.

Mencionó que, por ejemplo, la entidad tiene dos plazas de gerentes para la misma Gerencia y una elevada planilla.

"La época de bonanza de la institución y de preferencia de los usuarios por sus servicios ya pasó, y eso el ICE no lo quiere entender", concluyó la verdiblanca.

"Bomba de tiempo"

El legislador Pedro Muñoz, del PUSC, quien también ha urgido hacer un bisturí al ICE, calificó la situación como "una bomba de tiempo".

"El ICE y sus finanzas son un desastre. Al ICE no lo incluyeron en el proyecto de ley sobre empleo público. Parece que no le importa a nadie", aseguró el socialcristiano.

Manifestó que "el ICE es una bomba de tiempo. Si las finanzas del ICE revientan, ¿quién va a pagar esa deuda?"

Muñoz sostuvo que el Congreso debe exigirle al Poder Ejecutivo que actúe con seriedad y defina acciones.

En el marco de propuestas para la reactivación económica del país, el congresista propuso la Ley del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica (Cence), con el objetivo de aumentar la competitividad y tener electricidad a menor precio, y hacer más transparente la operación del sistema eléctrico nacional.

Además, una iniciativa que abarataría el costo y desconcentraría la generación de energía eléctrica, y otra para una efectiva integración de Costa Rica al mercado al mercado eléctrico regional.

Pero también se encuentran estancadas en la corriente legislativa y el Poder Ejecutivo no ha tenido interés de convocarlas en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Silencio

El jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, quien ha denunciado el secretismo en algunos proyectos del ICE, manifestó que la institución tiene "severos problemas".

Abarca denunció hace una semana que el ICE mantiene en secreto, por ejemplo, los planes para la ampliación de la fibra óptica en el país.

Esto, a raíz de las evasivas con las que la administración superior de la entidad ha respondido a constantes consultas enviadas por el legislador sobre el estado de los proyectos para mejorar la fibra óptica y la conectividad en momentos de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Incluso, en dos ocasiones ha acudido a la Sala Constitucional para que el ICE le brinde la información.

Meses atrás, los diputados Wagner Jiménez y Paola Valladares, del PLN, hicieron fuertes cuestionamientos a la administración superior de la empresa pública.

Jiménez criticó la lentitud con la que avanzan los planes para llevar conectividad a los territorios indígenas e incluso impulsó una moción para que la jerarca del ICE, Irene Cañas, compareciera en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.

Valladares, por su parte, denunció la falta de voluntad del Ejecutivo y de Cañas para avanzar con un proyecto de ley para fijar regulaciones a la generación eléctrica distribuida.