(CRHoy.com) -Diputados de distintas agrupaciones políticas condicionarán su apoyo al segundo presupuesto extraordinario de la República 2022 enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Así lo reconocieron los legisladores Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quienes forman parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, órgano legislativo que estudia el proyecto de ley.

Los congresistas fijarán como condición al Poder Ejecutivo que retire del proyecto su propuesta de eliminar seis normas de control presupuestario incorporadas a la ley de presupuesto nacional.

La diputada Ramírez, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que su fracción parlamentaria no avalará el planteamiento del Ministerio de Hacienda de eliminar las normas de ejecución presupuestaria porque no solo se establecieron para el control del gasto público, sino porque le han generado ahorros millonarios al país.

No aprobamos la exclusión de las normas presupuestarias, ya que está demostrado en un estudio del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa que estas normas han dado como resultado ahorros y disminuciones hasta en ¢124 mil millones.

Según la legisladora, en el escenario tan crítico que atraviesa el país, en el cual la deuda pública casi llega al 70% del Producto Interno Bruto (PIB), es más que fundamental la necesidad de tener disciplina fiscal y contener el gasto público.

"Estamos manteniendo esta posición y creo que todos los miembros de esta comisión podríamos coincidir en este criterio (el de no apoyar la propuesta de derogar las seis normas de ejecución presupuestaria)", agregó la liberacionista, quien propondrá a sus compañeros que respalden su iniciativa de no permitir que el Gobierno derogue las normas en cuestión.

Apoyo

El diputado García sostuvo que el ciclo del ejercicio presupuestario de este año debe llegar hasta el final con las normas de ejecución presupuestarias establecidas en la legislatura anterior.

Me parece que estaremos haciendo la revisión, pero de primera entrada, como ha sido la posición mía siempre, estamos a favor de mantener los controles necesarios entre las instituciones y la Asamblea Legislativa para un uso eficiente de los recursos públicos. Se expuso con cifras, incluso, el ahorro que habían generado las normas presupuestarias.

El socialcristiano reiteró que apoyará cualquier gestión orientada a mantener las normas de control en la ley de presupuesto.

Acuña, jefe de la bancada legislativa del FA, aseguró que está de acuerdo con el planteamiento de Ramírez.

Esas normas de ejecución son necesarias para generar contrapesos. Por ejemplo, la norma número 1, que pretenden eliminar, lo que dice es que los remanentes que se generen en la partida de remuneraciones no se puedan pasar simplemente a otros gastos, con algunas pequeñas excepciones. Si quieren pasarlos a otros gastos, tienen que decirlo a la Asamblea Legislativa para que lo valore y discuta.

Insistió en que no es adecuado eliminar esas normas y manifestó que si el Poder Ejecutivo tiene dudas sobre la legalidad de las mismas, lo que debe hacer es plantear una consulta a la Sala Constitucional para que aclare si esas reglas son atípicas o no.

"Estaré apoyando que esas normas de ejecución se mantengan en el presupuesto de la República", añadió el frenteamplista.

La propuesta

La propuesta del Ministerio de Hacienda de eliminar las seis normas de ejecución presupuestaria fue incluida en el segundo presupuesto extraordinario 2022, que se tramita bajo el expediente 23.186 en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Las reglas que el Gobierno quiere derogar son las siguientes:

Norma 1: impide a los órganos que integran el presupuesto nacional, con algunas excepciones calificadas, destinar los remanentes de las subpartidas de remuneraciones para aumentar otras partidas del gasto público.

Norma 9: autoriza a las instituciones y órganos que reciben transferencias del Gobierno a hacer subejecución hasta de un 10% de su presupuesto en cada programa o subprograma para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.

Norma 10: ordena congelar la plazas que queden vacantes en el Poder Ejecutivo y suprimir la totalidad del contenido presupuestario de esos puestos.

Norma 11: indica que los montos de las subpartidas del presupuesto susceptibles de reducción o eliminación deben ser recortadas de manera efectiva en todos los programas y subprogramas de cada título presupuestario.

Norma 13: obliga a todos los órganos que conforman el presupuesto a renegociar los contratos de alquiler de edificios, locales y terrenos, si el estudio sobre el costo-beneficio es negativo para la institución.

Norma 18: obliga al Poder Ejecutivo a enviar un informe de los canjes de deuda o reestructuración de la misma para eliminar del presupuesto los recursos que dejen de ser necesarios para la amortización y los intereses del servicio de la deuda.

Las reglas fueron creadas después del hueco fiscal de aproximadamente ¢900 mil millones que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha alegado que las normas son atípicas, pero la contralora general de la República, Marta Acosta, se ha mostrado a favor de mantenerlas.