Diputados del bloque democrático rechazan condicionar fondos al Poder Judicial
Diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional rechazaron la decisión de la presidenta Laura Fernández de condicionar el desembolso de recursos al Poder Judicial.
El diputado del Frente Amplio Antonio Trejos señaló que establecer condiciones políticas para el desembolso de los fondos no se ajusta al marco legal ni constitucional.
Aunque Fernández redujo el recorte de ₡27.000 millones a ₡11.000 millones, Trejos consideró que sigue siendo una disminución importante y cuestionó que se limite la capacidad del Poder Judicial para atender la criminalidad.
El legislador sostuvo que el Poder Judicial debe renovarse y mejorar su funcionamiento, pero para ello requiere recursos, voluntad política y capacidad de diálogo.
Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, señaló que los recortes al Poder Judicial alcanzarían en realidad los ₡45.000 millones y no los ₡27.000 millones anunciados.
Dobles considera que la reducción planteada por Fernández podría responder a un cambio de narrativa ante la preocupación de la ciudadanía por los recortes en seguridad, reflejada en una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).
También cuestionó que las condiciones para liberar los recursos sean las mismas que ya habían sido planteadas y consideró que responden a criterios políticos y no técnicos, puesto que quedaría en manos de una Asamblea dominada por el oficialismo.
Por su parte, el diputado de Liberación Nacional Eder Hernández indicó que considera sensato reducir el recorte planteado por la Presidencia al Poder Judicial y señaló que existen dudas sobre hacia dónde se dirigirán los recursos que se le quitarán a la institución.
Hernández también cuestionó las condiciones establecidas para liberar los fondos y advirtió que imponer varios filtros podría retrasar el desembolso del presupuesto.
Condiciones para liberar los recursos
Fernández anunció este domingo que condicionará la liberación de los recursos del Poder Judicial correspondientes a lo que resta de 2026.
Como primer requisito, las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial deberán ser evaluadas por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Posteriormente, la Contraloría General de la República deberá certificar el cumplimiento de las disposiciones derivadas de esas auditorías.
El tercer paso consiste en que la Comisión de Ingreso y Gasto Público y, posteriormente, el plenario legislativo den luz verde al Ministerio de Hacienda para liberar los fondos.
Tanto la comisión como el plenario están dominados por la fracción de Pueblo Soberano, por lo que la liberación de los recursos quedaría sujeta a una revisión en la que el oficialismo tiene mayoría.
El presupuesto extraordinario plantea modificar autorizaciones de gasto vigentes durante el segundo semestre de 2026 y deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa para su trámite y aprobación.