Diputados correrán con reforma a pensiones del Poder Judicial
Expertos de la UCR presentarán informe final este miércoles
El régimen de pensiones del Poder Judicial tiene un déficit de ¢5,3 billones. (CRH)
En una carrera contra el tiempo, la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa tendrá que dictaminar la polémica reforma a las jubilaciones del Poder Judicial.
Los diputados regresarán a sus labores este lunes y deberán correr porque el plazo fijado por el plenario legislativo a esa comisión para que rinda su informe vencerá el próximo 31 de julio.
Es difícil que los legisladores de ese panel pidan una prórroga porque el plenario ya les había aprobado una ampliación de plazo.
El otro miércoles, la comisión recibirá en audiencia a los expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes presentarán los resultados del último estudio actuarial, un insumo vital para dar contenido a la reforma, dijo la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A partir de los datos que arroje el informe, los diputados tendrán que construir un texto por consenso entre las distintas agrupaciones, a pesar de que venían trabajando sobre la base de una propuesta hecha por las organizaciones gremiales del Poder Judicial.
Guerrero explicó que el texto tendrá que armarse por medio de mociones en torno a los puntos medulares de la reforma como tope a las pensiones, contribución especial solidaria, edad para retirarse y administración del fondo de jubilaciones, entre otras.
Sin embargo, existen criterios encontrados entre las propuestas de las organizaciones gremiales, la Corte y la Superintendencia de Pensiones (Supen).
La diputada no descartó que se requieran sesiones extraordinarias para avanzar con el dictamen.
El informe que rinda la comisión tendrá que ingresar al plenario legislativo para su discusión y votación.
La reforma a las pensiones del Poder Judicial es una prioridad para distintas fracciones parlamentarias y sus objetivos fundamentales son garantizar la sostenibilidad financiera del régimen, así como corregir desigualdades en los beneficios.
Según la UCR, el régimen enfrenta un déficit actuarial de ¢5,3 billones.