Diputados califican de “inaceptable” propuesta del Gobierno para embargar sin orden judicial
Diputados del PLN, PUSC y del Frente Amplio (FA), expresaron reservas sobre la reforma fiscal del Gobierno que permitiría al Ministerio de Hacienda realizar embargos de propiedades, cuentas bancarias, salarios y pensiones sin necesidad de una orden judicial.
Aseguran que es "inaceptable" y que no debe crearse una "súper policía fiscal".
La iniciativa forma parte del paquete de proyectos fiscales presentado por el Ejecutivo y propone modificar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para que la Dirección General de Hacienda pueda ejecutar directamente notificaciones, investigaciones patrimoniales, medidas cautelares y embargos.
Rechazo a la propuesta
La diputada Diana Murillo (PLN) rechazó categóricamente la propuesta y calificó de "inaceptable" otorgar a la Administración Tributaria la potestad de embargar cuentas bancarias, salarios, pensiones y bienes sin intervención previa de un juez.
Murillo sostuvo que la medida representa un retroceso para las garantías constitucionales y el debido proceso, al permitir que el Estado afecte el patrimonio de un ciudadano sin control judicial. Además, cuestionó que el Gobierno pretenda trasladar el ajuste fiscal a las familias costarricenses.
La diputada del PUSC, Abril Gordienko, del PUSC, expresó que Costa Rica necesita un sistema de cobro tributario más ágil y eficiente, pero sin sacrificar el debido proceso, la separación de poderes ni las garantías constitucionales de los contribuyentes.
Además, advirtió que la iniciativa concentra un poder excesivo en la Administración Tributaria, al permitirle determinar la deuda, emitir el título ejecutivo, ordenar embargos y rematar bienes, con un control judicial limitado.
Gordienko recordó que el PUSC ya se opuso en el pasado a propuestas similares y aseguró que mantiene esa posición, al considerar que no debe crearse una "super policía fiscal" con amplias facultades de ejecución.
Por su parte, el diputado Antonio Trejos (Frente Amplio) indicó que, aunque es necesario fortalecer las herramientas para combatir la evasión y cobrar las deudas tributarias, la propuesta debe analizarse con detenimiento para garantizar el debido proceso, mecanismos efectivos de oposición y criterios de proporcionalidad, especialmente cuando puedan verse afectados salarios, pensiones o bienes indispensables para las familias.
Trejos afirmó que su fracción no prejuzgará el proyecto, pero insistió en que cualquier reforma debe respetar las garantías constitucionales y evitar arbitrariedades.
¿Cómo funcionarían los embargos?
El proyecto crea órganos de apremio dentro de la Dirección de Cobros de Hacienda, encargados de gestionar el cobro tributario en todo el país.
Una vez certificada la deuda, estos órganos intentarán contactar al contribuyente para que cancele el monto adeudado o acuerde un arreglo de pago. Si transcurren 15 días sin pago ni acuerdo, Hacienda podrá proceder con el embargo de bienes o garantías.
Además, la Administración Tributaria tendría la facultad de embargar otros activos cuando los bienes inicialmente afectados no sean suficientes para cubrir la deuda, los intereses y las costas del procedimiento.
Adicionalmente, Hacienda presentó el pasado jueves ante el Congreso otras dos reformas: una reforma al impuesto sobre los cigarrillos para combatir el contrabando y otra que establece sanciones a empresas que registran transacciones inexistentes o por montos que no corresponden a una operación real.
Las reformas se asignarán a una comisión legislativa para iniciar con su trámite. Al tratarse de iniciativas en materia fiscal, en principio, requieren de 29 votos para su aprobación.