Diputados buscan obligatoriedad de trabajo para reos
De una población aproximada de 14907 privados de libertad, solo 5.143 trabajan
Los diputados pretenden introducir la obligatoriedad de que todos los privados de libertad que descuenten condenas en los centros carcelarios del país deban de trabajar.
Así los proponen 2 nuevos proyectos de ley que fueron presentados recientemente en la Asamblea Legislativa. Uno fue propuesto por la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el otro por la bancada de Nueva República (PNR).
Las propuestas de ley buscan, por un lado, que los privados de libertad tengan la obligación de un oficio con el fin de que puedan generar recursos que ayuden a disminuir la carga para el Estado de su manutención y contribuir económicamente con sus familias.
Por otra parte, se pretende que mediante el trabajo se facilite el proceso de resocialización de los reos que puede servir para una posterior reinserción social cuando dejen la prisión.
Datos aportados por los congresistas del PUSC y del PNR señalan que de una población aproximada de 14.907 reos, solamente 5.143 trabajan y únicamente 6.673 estudian.
Mencionan además que, actualmente, el gasto mensual de manutención de cada preso es de aproximadamente ¢437.840, costo que asumen todos los costarricenses mediante el pago de impuestos.
La propuesta del PUSC
El proyecto del PUSC para la obligación de trabajo de los reos fue presentado por la jefa de fracción de esa bancada, María Marta Carballo Arce.
La propuesta establece que, además de trabajar, los reos también deban de estudiar o realizar ambas tareas durante su condena. La iniciativa de ley señala que si el privado de libertad no opta por alguna de estas posibilidades, no podrá ser sujeto de beneficios carcelarios.
En cuanto al trabajo, se propone que las labores no excedan las 8 horas diarias y podrá ser realizado solo en jornada diurna tanto dentro como fuera del recinto penitenciario.
En caso de los trabajos fuera de la cárcel, la medida no aplicará para las personas condenadas por homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, lavado de dinero y violencia contra las mujeres. Estas personas podrán trabajar pero dentro del centro penal.
El texto del proyecto señala que el condenado a prisión que trabaje tendrá derecho a recibir una contraprestación por su labor que se pagará semanalmente y corresponderá a lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha contraprestación estará en control de la administración de cada centro penitenciario, quien la destinará de la siguiente manera:
- 25% a satisfacer la obligación de pensión alimentaria
- 25% para obligaciones civiles o resarcitorias
- 25% al Estado para sufragar el gasto que genera la estadía del privado de libertad en prisión
- 25% a un fondo para gastos personales de las personas en prisión
Sobre el estudio, la persona condenada deberá hacerlo con una institución reconocida por la Dirección General de Adaptación Social y demostrar avance académico.
En este enlace puede ver el proyecto del PUSC. Proyecto trabajo reos del PUSC
El proyecto de los fabricistas
La iniciativa del PNR es impulsada por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz.
El proyecto establece parámetros para el desarrollo de la actividad laboral en los centros penitenciarios, permitiendo que el trabajo pueda ser incluido como parte de la pena impuesta por el juez, en función de las circunstancias del caso y del perfil del interno.
Señala que las actividades no podrán exceder 8 horas en jornada diaria, 7 horas en jornada mixta y 6 horas en jornada nocturna.
Acerca de la distribución del salario percibido por el reo, el plan propone la siguiente distribución:
- 30% pago de multas, indemnizaciones o pensión alimentaria en caso de tenerlas por parte del privado de libertad en sentencia firme. En el caso de que no tenga ninguna de las anteriores, los recursos deberán destinarse al financiamiento de las disposiciones de esta ley, en proporciones iguales.
- 40% pago de contribución al Estado para su manutención como privado de libertad.
- 30% recursos propios para el interno y su familia.
La propuesta contempla la posibilidad de celebrar convenios con instituciones y empresas, fomentando la colaboración entre el sector público y privado.
