Diputados bloquearían a Gobierno para que no gaste ₡3.900 millones en cárceles de carpas

Para 2025, el Ministerio de Justicia presupuestó unos ₡3.900 millones para la construcción, remodelación y ampliación de instalaciones penitenciarias, entre ellos, la construcción de módulos de baja contención en centros carcelarios.

Los diputados de la Comisión Legislativa de Hacendarios impulsan una moción para bloquear la posibilidad de que el Gobierno utilice esos recursos para la instalación de carpas o el uso materiales livianos, dado que en este año ya lo intentaron y se elevaron múltiples alertas contra esta idea.

"Ya presenté la moción para establecer en esa partida donde está edificaciones, que se habla de módulos de baja contención, la descripción precisa que fue la que incluimos en el presupuesto extraordinario. La descripción es que sea en concreto", indicó el legislador Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

Según dijo el congresista, el Ministerio de Justicia describió las obras de la misma forma en que lo hizo para conseguir un aval en 2024 para construir cárceles livianas, por eso cerrarán el portillo.

Por su parte Gerald Campos, jerarca de Justicia, señaló en una comparecencia ante los diputados que "baja contención" se refiere al perfil de los privados de libertad y no al material de las estructuras, y que dado que la Asamblea Legislativa les impidió avanzar con proyectos de material liviano, desecharon la idea.

"Se refiere a estructuras en concreto que van a adicionarse a los centros penales ya existentes, para empezar a ubicar a personas que están a punto de salir con un proceso de reinserción social", expresó el ministro.

Según se detalló en la audiencia, son cuatro centros penitenciarios que serán intervenidos para habilitar 736 áreas de ocupación, donde se podrían movilizar hasta 2.500 reclusos.

Contrataciones

El Ministerio de Justicia además contempla crear 212 plazas nuevas para contratar más funcionarios en 2025, según se muestra en el Presupuesto Ordinario que se discute en la Asamblea Legislativa.

Esto representa un crecimiento del 2.5% de la planilla de esa cartera en cuestión de un año. Ese incremento tendrá un costo ₡3.291 millones de forma anual, según los cálculos del propio Ministerio.

De los nuevos profesionales contratados, 174 son puestos policiales para reforzar la custodia y seguridad en las cárceles. Pese a este incremento, Justicia sufrió reducciones de unos ₡16.500 millones para alimentación y servicios básicos.