“Diablo” se oculta en reserva nicaragüense donde explotan oro: no descartan nexos suyos con minería
OIJ conoce que el prófugo #1 del país se cruza al extranjero cuando detecta presencia policial y así evadir su captura
Alejandro Arias Monge, alias Diablo, se ha convertido en un criminal tan difícil de localizar que la Fiscalía General de la República recurrió al Gobierno de Estados Unidos para ofrecer una recompensa multimillonaria a cambio de información que conduzca a su captura o condena.
El pasado 30 de abril, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés como DEA) anunció una recompensa de medio millón de dólares para quien pueda guiar a las autoridades, nacionales o extranjeras, hasta el arresto del sujeto.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le ha seguido la pista durante años, pero la persecución se ha complicado porque permanece asentado en zonas fronterizas con Nicaragua, de muy difícil acceso. Aunque no se conoce con precisión su ubicación actual, las autoridades manejan un aproximado.
Se trataría de una zona boscosa y lluviosa, un punto estratégico desde donde puede observar a kilómetros de distancia si se aproxima algún convoy policial para eludirlo. Las autoridades no han especificado en qué tramo de los 309 kilómetros de frontera podría estar, pero sí señalan algunas pistas.
Para escapar de suelo costarricense, Diablo podría estar ingresando constantemente a la Reserva Biológica Indio-Maíz, en Nicaragua, una extensa área protegida del país vecino. Así lo detalló Michael Soto, subdirector del OIJ.
"En ninguna manera podríamos decir que Nicaragua facilita esto. Cuando hablo de Nicaragua me refiero a que estos son sectores fronterizos.
Por ahí está un parque nacional que se llama Indio-Maíz, entonces esta gente está en ese sector (limítrofe) y se meten para allá, porque (en el OIJ) no podemos pasarnos y cuando nos vamos, vienen de regreso", explicó el jefe policial.
Se presume que, al detectar presencia policial mediante campanas (personas encargadas de dar el aviso), Arias cruza al otro lado de la frontera y se oculta fuera del territorio nacional. De esa forma se oculta y evita ser capturado por la justicia.
La DEA describe a Diablo como el líder de una violenta organización criminal transnacional y lo señala como el fugitivo más buscado de Costa Rica, debido a múltiples órdenes de captura por delitos como tráfico de drogas, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses afirman que este supuesto capo ha conspirado con numerosos narcotraficantes y organizaciones de tráfico de drogas para transportar cargamentos de cientos de kilos de cocaína originaria de Colombia.
Luego, la droga es contrabandeada a través de Costa Rica, Honduras y Guatemala hasta México, teniendo como destino final Estados Unidos.
A nivel interno, la organización también controla la venta de estupefacientes en múltiples cantones, donde, en alianza con otros cabecillas, ha disputado plazas de narcomenudeo.
"La organización de Arias también utiliza las redes sociales para intimidar a los ciudadanos costarricenses publicando imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes al público y a líderes gubernamentales y videos de asesinatos", señala el Departamento de Estado sobre este sujeto.
¿Diablo se mezcla con minería?
La amplitud de la zona de conservación donde podría ocultarse Arias Monge es enorme. La Reserva Biológica Indio-Maíz se extiende desde Isla Potrillos, en Pococí, junto al mar Caribe, hasta una zona conocida como Valencia, en el lado nicaragüense, justo al frente del sector de Crucitas, en Cutris de San Carlos. Es decir, cubre casi un tercio de la frontera común.
La reserva protege 2.639 kilómetros cuadrados de bosque tropical húmedo, lo que equivale a diez veces el tamaño de Managua, la capital de Nicaragua.
Pese a su riqueza natural, es una región sumamente explotada por la minería ilegal y el principal asentamiento está a una corta distancia de Crucitas. La Fundación del Río ha contabilizado hasta cien molinos en sus alrededores.
CR Hoy conoce a través del relato de pobladores de Cutris e incluso de oreros ilegales, que dentro de esa reserva existen algunos campamentos que se han convertido en pueblos, casi ciudades pequeñas, donde ocurren gran cantidad de transacciones e intercambios de todo tipo.
Dado que allí se alojan y operan varios miles de coligalleros, quienes compran y venden alimentos, herramientas, droga y hasta insumos altamente tóximos como mercurio y cianuro, además de ocurrir explotación sexual y trasiego de armas.
La fiebre del oro, que estalló a mediados de la década pasada tras la fallida concesión a Infinito Gold para explotar varios cerros en la finca Vivoyet, ha oscilado entre Crucitas y la Indio-Maíz desde entonces.
Aunque en territorio costarricense aún operan entre 3.000 y 5.000 coligalleros ilegales, la mayoría se ha asentado en el parque nicaragüense, donde hay menos control policial y mayores facilidades para extraer oro. Cuando son hostigados esporádicamente por el Ejército de Nicaragua, muchos regresan a Crucitas.
El paso entre ambos territorios es fluido. A diario, se ofrecen servicios de transporte en lanchas y pangas que navegan el río San Juan, llevando personas de un lado al otro de la frontera.
Como si se tratara de una ruta de autobús, el flujo es constante y puede alcanzar decenas, incluso cientos de personas, entre costarricenses y extranjeros. Algunos viven en Nicaragua y cruzan para extraer oro en Crucitas; otros residen en San Carlos y cruzan hacia Indio-Maíz.
El río San Juan también funciona como puerta de entrada hacia comunidades costarricenses como Cutris y Pocosol.
Según reconocen las propias autoridades policiales del Ministerio Seguridad Pública, el crimen organizado ha tomado control de buena parte de la extracción minera ilegal en Crucitas, donde operan cientos de coligalleros al servicio de estructuras criminales.
Estas bandas se reparten las tres mil hectáreas de terreno, instalan campamentos, portan armas de fuego e incluso mantienen cultivos de marihuana para el comercio local. Operan a ambos lados de la frontera, trasladándose con facilidad debido a la cercanía geográfica.
Por ello, las autoridades no descartan que Alejandro Arias Monge ahora esté aprovechando estos pasos irregulares para escapar del OIJ y de la justicia, que le sigue la pista desde hace más de media década.
A pesar de que sus negocios principales están en Guápiles —su lugar de origen— y giran en torno al contrabando, los centros comerciales y la lotería ilegal, lo cierto es que la extracción de oro es un método habitual para legitimar capitales del narcotráfico.
Por ello, tampoco se descarta que Arias tenga vínculos con los coligalleros, su operación, su organización y actividades conexas.
"De acuerdo a algunas investigaciones que hemos desarrollado, él va enfocado hacia otra área.
Ahorita no tenemos noticia que tenga un vínculo directo, pero sabemos que esta gente busca legitimar capitales y por definición, el metal dorado es la mejor forma de legitimar.
Entonces, no extrañaría que pudiese ir por ahí, pero de lo que estamos manejando en este momento, no tenemos certeza que haya un control de parte de él en ese territorio en específico", reconoció Soto, subdirector de la policía judicial.
1/4 Fundación del Río denuncia el avance de la minería ilegal en la Reserva Biológica #IndioMaíz, con la complicidad del régimen #OrtegaMurillo. Nuestro monitoreo destaca:
Nuevo sitio minero en territorio Rama y Kriol.
Aumenta el área de extracción en Las Cruces.
El… pic.twitter.com/lbd2JLsthu— Fundación del Río (@fundaciondelrio) April 1, 2025
Tierra de nadie
Organizaciones civiles y medios de comunicación han revelado recientemente que la Reserva Indio-Maíz, presuntamente utilizada por alias Diablo como refugio, está sometida a una intensa explotación minera ilegal pero la presencia de autoridades allí es casi nula.
Se han instalado al menos cuatro grandes asentamientos dedicados a la extracción ilegal de oro. El más extenso, llamado Las Cruces, cubre unas 250 hectáreas (equivalentes a 350 campos de fútbol) y es el más cercano a Crucitas, en suelo tico.
En Las Cruces se han identificado 724 champas hechas de plástico y zinc, levantadas por los güiriseros, como se les conoce en Nicaragua a los coligalleros. Allí también existen tres barrios, dos bares, una iglesia, prostíbulos y búnkeres de droga. El campamento opera desde 2022.
La Fundación del Río denuncia que, aunque el Ejército de Nicaragua reconoce la existencia de esta actividad, no actúa para detenerla. Desde El Castillo, Río San Juan, se envían víveres en lancha que luego son transportados a pie hasta la mina.
"Estos son dejados sobre la ribera del Río San Juan, luego son transportados a pie hasta la mina. Los materiales utilizados en la actividad minera y maquinarias como plantas eléctricas, motores estacionarios, balines, tómbolas, rotomartillos están llegando desde Costa Rica; incluyendo mercurio y cianuro", denuncia la Fundación y agrega que en estos sitios se vende crack y cocaína proveniente del suelo tico.
Dadas las conexiones internacionales de Arias Monge alias Diablo y su conocida capacidad para distribuir droga en Limón y la Zona Norte, no se descarta que esté involucrado en esta red de distribución de estupefacientes.
Medios como EFE Verde y El Confidencial han documentado estas denuncias desde 2023, pero ni la Policía Nacional, ni el Ministerio de Medio Ambiente (Marena), ni el Ejército nicaragüense han intervenido a todo lo que ocurre allí.
Cuando hay muertos en el sector Las Cruces, el más grande de todos los asentamientos, dice la Fundación, "los soldados del puesto del Ejército en Boca de San Carlos cierran temporalmente el transporte sobre el río y se mueve la rivera donde inicia el camino a la entrada de la mina".
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, al menos cuatro personas han muerto en esa zona, incluida una niña de un año.
El Batallón Cívico Indio-Maíz, un movimiento ambientalista ciudadano, sostiene que esta arremetida minera podría ser parte de una estrategia para allanar el camino hacia una futura concesión industrial.
"Bajo el contexto político actual de represión, pérdida total de institucionalidad y violación a los derechos humanos las posibilidades de ejercer contrapeso ante la arremetida minera se vuelven limitadas", señalan en su sitio web.
La organización advierte que esta situación está siendo aprovechada por quienes desean transformar la reserva en un polo minero, con el aval de instituciones públicas que, según denuncian, conocen y permiten esta actividad, pese al daño ambiental y la pérdida de alternativas sostenibles.
Diablo: perseguido por OIJ, Tribunales y DEA
Desde el 5 de agosto de 2021 pesan sobre Alejandro Arias Monge órdenes de captura nacionales e internacionales. El Juzgado Penal de Pococí confirmó la emisión de estas disposiciones judiciales.
Una orden de captura internacional es una solicitud dirigida a cuerpos policiales de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona con fines de extradición, según la Organización de Policía Criminal Internacional (Interpol).
A esto se suma ahora el cartel de búsqueda publicado por la DEA y el Departamento de Estado de EE. UU., que ofrece 500 mil dólares por información que permita localizar a este sospechoso.
Convertido en el criminal más buscado del país, Arias ha permanecido prófugo durante años y acumula al menos cinco causas penales. Así lo reveló CR Hoy en diciembre pasado, tras consultar a diversos despachos judiciales y fiscales.
Figura como cabecilla de una de las organizaciones criminales con mayor presencia en cantones como Pococí, Guácimo, Siquirres, Sarapiquí, San Carlos y Turrialba. No pisa una celda desde 2016.
Aunque las autoridades han logrado detener a su presunto jefe de sicarios, familiares y otros colaboradores, capturar a Diablo ha resultado más complejo.
Declarado rebelde por los tribunales tras no presentarse a juicio por dos homicidios, Arias ha permanecido en la clandestinidad, lo que le ha permitido, según se presume, consolidar un imperio de narcotráfico y lavado de dinero.
La Fiscalía Adjunta de Pococí es el despacho que más expedientes tiene en su contra. Las causas abiertas datan desde 2019 e incluyen delitos como venta de droga, robo agravado y amenazas a funcionarios públicos.
Este último delito fue el que lo hizo más notorio públicamente, tras difundirse audios de WhatsApp en los que supuestamente ofrecía millonarias recompensas por asesinar a oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ.