Denuncian a alcalde de Sarchí por vacaciones para 56 funcionarios

Alcalde sostiene que no se le tuvo que pagar ningún dinero a los funcionarios.

31 de Ene. 2024 | 1:01 pm

Palacio Municipal de Sarchí.

 

La Contraloría General de la República (CGR) analiza abrir una investigación contra el alcalde de Sarchí, Maikol Gerardo Porras Morales, por supuestamente reconocer 1.020 días de vacaciones a 56 funcionarios del ayuntamiento.

Se trata de la presunta autorización suscrita mediante el oficio Nº MS-RH-OF-0367- 2023 del 7 de diciembre del año pasado.

"(…) suscribió un acuerdo de mediación laboral en el que dispone de la forma más ilegal y arbitraria posible el otorgamiento de más días de vacaciones de los que autoriza el Código Municipal de la República de Costa Rica a 56 servidores municipales de la Municipalidad de Sarchí", señala la denuncia.

El otorgamiento de ese beneficio iba acorde a los años de antigüedad que tuvieras los funcionarios, siendo que los que entraron al municipio entre el año 2000 tenían derecho a reclamar entre 15 y 20 días libres, mientras que los ingresaron en el 2003 podrían gozar de 20 días y los registrados como trabajadores municipales a partir del 2004 hasta 30 días.

El Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana del ente contralor, confirmó que conocen del caso y ya se está manejando a lo interno con el proceso correspondiente.

"En relación con lo consultado no se puede confirmar la o las personas denunciadas, en atención a la normativa vigente. No obstante podemos indicar que se recibió una denuncia atinente al tema, que en este momento se encuentra en fase de admisibilidad. En virtud de la confidencialidad dispuesta por la normativa, no se puede brindar mayor detalle", indicaron.

En el documento, al que tuvo acceso CRHoy.com, se detalla el nombre de todos los servidores públicos a los que se le debe reconocer "de forma ilegal más días de vacaciones que los que autoriza el Código Municipal de la República de Costa Rica".

A criterio de la persona que denunció los hechos, aportando prueba documental, el acuerdo "es altamente irregular y antojadizo".

"Todos los términos del acuerdo carecen de una expresión formal, completa y detallada de los antecedentes debidamente motivados que dan lugar a la suscripción del documento, sino que los mismos son adoptados sin ningún tipo de explicación, de forma arbitraria y caprichosa, violentando así el principio de legalidad que disciplina el servicio público, lo cual tiene como consecuencia la lesión tan grave a la probidad y la hacienda pública municipal que acá se denuncia", detalla el texto bajo estudio.

Entre otras cosas, solicita a la CGR que se indague las razones por las cuales se utilizó un reglamento aprobado en mayo del 2009 sobre el Código Municipal, para ejecutar el otorgamiento y pago de las vacaciones.

"Resulta a todas luces improcedente, desde la más básica aplicación de la jerarquía normativa, utilizar el Reglamento Autónomo aprobado en 2009 para sustentar el pago estimado improcedente de ₡23.445.165 colones con 62 céntimos a los 56 servidores municipales que se detallan en el apartado probatorio número 3.

No está apegado al principio constitucional de proporcionalidad y razonabilidad que el Alcalde de Sarchí, alto jerarca de la Administración Pública Municipal Sarchiseña, venga arbitraria y caprichosamente a "revivir" mediante un acuerdo de mediación una norma ya derogada y que nunca tuvo potencia jurídica para conceder derechos subjetivos laborales más allá de los que ya autorizaba con meridiana claridad el artículo 155 del Código Municipal. Esto constituye una desviación de poder muy grave", dice la denuncia.

Lista de funcionarios beneficiados

Lista de funcionarios beneficiados.

Por ese motivo, se solicitó que se valore interponer alguna medida cautelar mientras se desarrolle la investigación, debido a que podría existir riesgo de que puedan generarse nuevos golpes graves a las finanzas del ayuntamiento con otras acciones como la expuesta.

"(…) hay peligro de que la demora de este caso genere una grave dislocación en el funcionamiento de la correcta gestión del patrimonio de la Municipalidad de Sarchí. Adicionalmente, considera el suscrito denunciante que la mora judicial se constituye en el mejor aliado de la impunidad en este tipo de casos", añaden.

Como medida primordial se sugirió detener el acuerdo para proteger las arcas de la municipalidad, además de abrir un procedimiento administrativo ordinario sancionatorio contra Porras "y se le gire traslado de cargos con la debida intimación e imputación de los hechos".

Finalmente, sostienen que se declare la ilegalidad del acuerdo de mediación tardaría años, e incluso décadas, por lo cual proponen una medida cautelar para detener el reconocimiento de vacaciones, como una "herramienta instrumental y accesoria, adecuada y proporcional" para adoptar por parte de las autoridades judiciales.

Alcalde: "No estaba enterado"

Al consultarle a Porras Morales sobre esta investigación, comentó que no conocía nada sobre la misma debido a que no había sido informado por parte de la CGR sobre el caso, por lo que desconocía del documento que se le estaba mencionando.

Una vez que se le hizo saber otros pormenores de la denuncia, Porras negó que se trata de pagos ilegales y que se hizo todo el procedimiento por la vía legal para llegar al acuerdo que hoy se pretende impugnar.

"No estaba enterado de la denuncia, por lo cual entonces no he sido notificado al respecto de este tema, se trata según lo que, se me indica una denuncia por un tema de reconocimiento de derechos laborales a funcionarios de la Municipalidad de Sarchí, que han presentado un reclamo desde antes de mi administración con respecto a la aplicación del reglamento autónomo de organización y servicios de la municipalidad de Sarchí vigente desde el año 2011, con respecto a un tema de vacaciones. El asunto se elevó a Casa de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz como consta en el documento compartido y ahí se denota que se llegó al acuerdo para reconocer a los funcionarios", dijo.

Sobre la supuesta erogación de una suma superior a los ¢23 millones, dijo que es totalmente falso que el municipio haya pagado por esos días de vacaciones, pues el acuerdo estipula que los funcionarios deben tomar sí o sí el goce de días de descanso y no había opción de recibir un beneficio económico.

Finalizó diciendo que respeta los derechos laborales de los funcionarios y se puso a disposición de la Contraloría una vez que se le notifique para brindar los detalles pertinentes.

El gobernante local envió una copia del Acuerdo de mediación laboral, sobre el reconocimiento de los días de vacaciones para los funcionarios, para dar fe que fue parte de una conciliación del Consejo Municipal, la alcaldía, el sindicato y el Ministerio de Justicia y Paz.

 

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