Defensora pide al Congreso cautela con proyecto de rastreo a ciudadanos
Jerarca e institución anuentes a emitir su criterio cuando se les consulte sobre el texto del liberacionista Daniel Ulate
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes
(CRHoy.com) El polémico proyecto del diputado liberacionista, Daniel Ulate que busca facultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a brindar a instituciones y comercializar con empresas privadas datos personales y sensibles de los ciudadanos es motivo de preocupación para la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
A pesar que el texto todavía no ha sido enviado a la Defensoría para su análisis, Crespo dijo que las advertencias de los expertos y de las fracciones legislativas que se han manifestado en contra de la iniciativa le genera inquietud
A la vez instó a los legisladores de todas las fracciones legislativas leer con lupa cada uno de los artículos del expediente legislativo 21.321.
Crespo, quien este jueves está de gira en el cantón de La Cruz, en Guanacaste, dijo a CRHoy.com que la Defensoría estará atenta del avance del proyecto y que emitirá su pronunciamiento en cuanto se le consulte al respecto.
"Es importante que cualquier dato sensible tenga el resguardo y seguridad necesaria. En el caso de este proyecto no nos lo han enviado para consulta, apenas nos lo envíen manifestaremos nuestra posición, pero de antemano puede decir que la posición nuestra en relación a los datos sensibles de los ciudadanos es que no pueden estar abiertos para todo el mundo", dijo Crespo.
El proyecto de ley 21.321 del diputado liberacionista, Daniel Ulate busca permitir el rastreo de ciudadanos mediante su identificación facial, también pretende facultar al TSE para que brinde a instituciones públicas y comercialice con empresas privadas datos personales sensibles, como lo son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial, de la voz, la retina y de ADN.
Este permiso que se le quiere dar al TSE se gestiona en momentos en los que el país, como quedó demostrado con el polémico caso de la UPAD, no tiene una ley robusta para la protección de los datos personales, confidenciales y sensibles de los ciudadanos.
Ese plan autoriza al TSE a crear, como reserva de Estado, una plataforma nacional de identificación biométrica. Los diputados dieron su aval al texto alegando que permitirá al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía "ser más eficientes" en sus investigaciones policiales para el rastreo de personas involucradas en hechos delictivos.