Defensor señala a procurador de jugar “raspaditas” en juicio contra exdiputados del PASE

(CRHoy.com) El abogado Gonzalo Carrillo Delgado señaló al procurador Miguel Cortés Chaves de jugar "raspaditas" en el juicio contra tres exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). Este último alegó que esa denuncia del litigante es una suposición, ya que lo que en realidad estaba haciendo -defiende- era limpiar la banda magnética de su tarjeta de débito.

La situación en entredicho tuvo lugar el 27 de julio durante las conclusiones que hizo la fiscala Patricia Padilla Grajales; pero adquirió relevancia hasta el 12 de agosto, cuando Carrillo Delgado proyectó un video durante sus conclusiones, tomado por las cámaras que graban las audiencias.

El audiovisual -en poder de CRHoy.com– permite observar cómo en determinado momento Cortés Chaves saca su billetera de la bolsa trasera de su pantalón y extrae un objeto que procede a raspar con -en apariencia- su uña en plena vista. Ese punto fue el que desató la crítica del defensor de los exdiputados Víctor Emilio Granados Calvo y Martín Monestel Contreras, así como de dos imputadas de apellidos Madrigal Morera y Esquivel Mondragón.

La acción además dio pie a una narrativa con la que el abogado pidió en varias audiencias -hasta culminar este 17 de agosto- la absolutoria de sus clientes, por considerar los hechos como atípicos; es decir, que no constituyen delito.

El representante de la Abogacía del Estado, por su parte, remitió -a solicitud de este medio- un descargo sobre los señalamientos que le hizo el litigante, los cuales catalogó de "actuaciones contrarias a la ética profesional y a la lealtad procesal".

"Para desviar la atención del proceso hacia otros aspectos irrelevantes en virtud de la falta de elementos probatorias y justificaciones objetivas que permitan rebatir los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, el licenciado Carrillo Delgado presentó un vídeo obtenido de las grabaciones del debate del cual no se extrae ningún elemento de prueba idóneo, ni suficiente para la causa o algún otro aspecto que colabore en la defensa técnica de sus representados. Esa incapacidad procesal se escuda en un ataque directo a la representación del Estado y, en forma personal, al licenciado Cortés Chaves", indica la respuesta dada por la oficina de prensa de la Abogacía del Estado.

El procurador destacó que ese tipo de "artimañas" del jurista han sido frecuentes en el debate. Como muestra de ello, enumeró una "incorrecta forma" de interrogar, así como el despliegue de estrategias para "suspender, dilatar o interrumpir el debate".

"Incluso, ha tratado de interrumpir la declaración de una de las imputadas haciéndole creer al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que la persona no se encontraba bien de su salud mental, al punto que hubo que ponerle medidas de protección a través de la Oficina de Protección de la Víctima del Ministerio Público para que pudiera ejercer su derecho a declarar y decir la verdad de los hechos", precisó Cortés Chaves.

Por todo lo anterior, el representante estatal dijo a CRHoy.com que se reserva la posibilidad de interponer una denuncia contra Carrillo Delgado ante la Fiscalía del Colegio de Abogados de Costa Rica, por su aparente atentado contra el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional del Derecho.

"Acaso soy yo el que está jugando raspaditas en el juicio", respondió el litigante al ser consultado por este medio sobre los señalamientos del procurador.

"Nombramientos fantasma"

Durante las conclusiones, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó hasta 24 años de prisión por los presuntos "nombramientos fantasma" en la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.

Tal penal fue pedida para el expresidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados Calvo, quien es acusado de cuatro aparentes cargos de influencia contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía además solicitó 12 años y 6 años de cárcel contra los también excongresistas Martín Monestel Contreras y Rita Chaves Casanova, respectivamente. A estos se les achacan dos y un cargo de ese mismo delito, respectivamente.

A los exparlamentarios se les señala presuntamente haber designado a ocho familiares y amigos suyos como asistentes de bancada, consejeros y secretarias, entre otros; que supuestamente cobraron salarios a pesar de que en ningún momento se presentaron a trabajar. Los hechos se remontan a los periodos 2006-2010 y 2010-2014.

Las personas en mención son de apellidos Casanova Aragón, Zamora Álvarez, Brenes Villalta (dos), Madrigal Morera, Rodríguez Rodríguez, Esquivel Mondragón así como Arias Jiménez. Contra los dos primeros encartados el Ministerio Público pretende seis años de prisión, mientras que con el último se pidió una absolutoria por ausencia de dolo. Contra los restantes cinco se solicitaron tres años de cárcel.

El monto total del perjuicio económico causado el Estado por los "nombramientos fantasma" asciende los ¢165.491.770, informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en un comunicado el 20 de agosto de 2019. Por estos hechos, la Procuraduría reclama un daño material de ¢259.798.950 y un daño social de ¢69.619.326, para un total de ¢329.418.276.

Por su parte, el defensor de Granados Calvo, Monestel Contrera, Madrigal Morera y Esquivel Mondragón argumentó que tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado han faltado a su deber de objetividad y han impulsado un proceso "sin prueba directa, sobre una base altamente especulativa" contra sus representados y los demás acusados, toda vez que -asegura- se demostró que los asesores si desempeñaron funciones.

Desde su perspectiva, incluso se han forzado los hechos atribuidos y se ha tratado de ajustarlos a una ilícito tipificado, toda vez que, en un inicio, se persiguió un supuesto peculado, luego una posible estafa y finalmente la presunta influencia contra la Hacienda Pública. "Como si fuera un juego de la suerte o una raspadita, escarbando dentro de prueba inexistente, para intentar sancionar a mis representados", indicó.

Las conclusiones se mantienen en desarrollo. Se espera que el próximo 18 de agosto el contradictorio se reanude con la exposición de la última defensa técnica. Posteriormente, la Fiscalía tendrá un derecho de réplica.