Defensa de Randall Zúñiga refuta decisión de la Inspección Judicial de elevar su caso a la Corte

Pruebas mal identificadas, celulares que nunca se peritaron y cargos con fundamentos copiados y pegados son parte de los errores que la defensa del exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, atribuye a la investigación disciplinaria en su contra.

Con esos argumentos, su abogado cuestionó la decisión de la Inspección Judicial de elevar cinco cargos contra Zúñiga a la Corte Plena.

CR Hoy tuvo acceso al expediente. Según la defensa, las inconsistencias técnicas y las omisiones de verificación dejaron al exjefe policial en indefensión y debilitaron la investigación.

Uno de los principales reclamos es la falta de un informe de investigación completo y trazable. El abogado sostiene que el traslado de cargos se formuló de forma prematura, sin documentar en orden las diligencias ni reconstruir el origen de las imputaciones.

También señaló que la Inspección no examinó directamente los teléfonos celulares. Una denunciante ofreció su dispositivo en dos ocasiones: el 13 de noviembre de 2025, ante la inspectora instructora, y el 25 de mayo de 2026, ante el pleno del Tribunal. Aun así, no se hizo una extracción forense.

En su lugar, la investigación utilizó capturas de pantalla que el abogado de las denunciantes envió por correo electrónico, sin actas de cadena de custodia que garantizaran su autenticidad.

Origen de la prueba

La defensa cuestionó la legalidad del acceso inicial a las conversaciones privadas entre Zúñiga y las denunciantes. La Inspección recibió videos y capturas de pantalla en una memoria USB entregada el 4 de noviembre de 2025 por el medio OPA, cuyo noticiero dirigía Douglas Sánchez.

Según el abogado, ese acceso ocurrió sin orden judicial ni consentimiento de los involucrados. Las autorizaciones de las denunciantes se obtuvieron después, por lo que el exdirector del OIJ presentó un recurso de amparo.

El episodio de la "pipa de la paz", relacionado con un acercamiento atribuido al entonces presidente Rodrigo Chaves con las jefaturas del Poder Judicial, ilustra esos cuestionamientos.

La Inspección citó el 11 de noviembre de 2025 a Roger Mata Brenes, exdirector del Despacho de la Presidencia de la Corte, y lo entrevistó al día siguiente, a las 9:00 a.m., sobre una conversación con Zúñiga. Una denunciante declaró ese mismo 12 de noviembre a las 2:00 p.m. Sin embargo, su abogado no aportó formalmente las capturas usadas como prueba hasta el día 13.

Para la defensa, esa secuencia refuerza la sospecha de que el órgano instructor ya conocía el contenido de la memoria de OPA y lo usó para orientar las diligencias.

"Copiado y pegado"

La defensa también señaló errores en la identificación de las pruebas y argumentos repetidos. Según el abogado, cargos que describen conductas distintas comparten la misma fundamentación, copiada y pegada.

La Inspección citó un disco compacto con mensajes de una denunciante y un oficio del OIJ. Pero ese oficio se refiere a un viaje de Zúñiga a Grecia y a un doble homicidio en Corredores, sin relación aparente con la filtración de un allanamiento en Guápiles, en enero de 2025, ni con un triple homicidio en Tirrases, en junio de ese año.

Además, el informe final ubica siete veces pruebas en un disco que, en el expediente digital, corresponde a la denuncia de otra persona.

El abogado alegó también violaciones al principio de tipicidad. En al menos siete cargos, la Administración describió conductas sin vincularlas con una norma o falta disciplinaria concreta.

A esto se suma que dos cargos planteados al inicio como "incorrecciones en la vida privada" se reformularon en el informe final para relacionarlos con el "ejercicio del cargo". Para la defensa, ese cambio alteró la base de la acusación y limitó la posibilidad de defenderse.

Sin contraste con los expedientes penales

Otro reclamo es que la Inspección no revisó los expedientes penales para determinar si la información señalada en los cargos era confidencial o ya constaba en las investigaciones.

Según la defensa, el órgano instructor se limitó a confirmar datos formales, como etapas procesales, y asumió que mencionar un caso en etapa preparatoria constituía revelación de secretos.

El caso del femicidio de Nadia Peraza ejemplifica esa omisión. Las denunciantes Lucila Morales y Reina Durán afirmaron que Zúñiga les mostró un video del hallazgo del cuerpo dentro de una refrigeradora blanca, con numerosas bolsas en su interior. Ese video, sin embargo, nunca se incorporó al expediente disciplinario, por lo que no pudo ser examinado ni confrontado.

El abogado agregó que los restos no estaban en bolsas, sino envueltos en sábanas y ropa, un dato que Zúñiga conocía porque estuvo en el lugar.

Detalles como la refrigeradora blanca, el fuerte olor y la revisión preliminar circulaban en redes sociales y medios desde la noche del 16 de mayo de 2024, un día antes del allanamiento formal. Para la defensa, esa difusión pública era una fuente alternativa y no demuestra que Zúñiga revelara información confidencial.

Inconsistencias horarias y pérdida de trazabilidad

La defensa también detectó una contradicción en el cargo relacionado con Roger Mata. La Inspección atribuyó a Zúñiga el envío, el 30 de enero de 2025 a las 8:06 a.m., de una captura de pantalla con una respuesta de Mata.

Sin embargo, la misma descripción indica que el mensaje original se envió a las 8:11 a.m., cinco minutos después. El Tribunal calificó la discrepancia como un "error material". Para la defensa, evidencia falta de rigor en la revisión de la prueba digital.

El expediente también consigna que una denunciante borró todas las conversaciones de su teléfono en enero de 2025. Ella declaró que se reenvió algunos mensajes antes de eliminarlos.

Un análisis de la Sección de Violencia de Género y Cibercrimen del OIJ determinó que no era posible establecer el origen de esos mensajes. En WhatsApp, una conversación con uno mismo no muestra el chat emisor original, lo que impide garantizar su trazabilidad.

Ahora, la Corte Plena deberá determinar si la Inspección Judicial respetó el debido proceso o si las inconsistencias señaladas impiden imponer una sanción disciplinaria.

Es la segunda causa disciplinaria contra Zúñiga. La anterior culminó con su destitución.