Decreto amenaza autonomía de CCSS, advierte Unión Médica
La Unión Médica Nacional (UMN) advirtió que los cambios del Gobierno en las reglas para nombrar representantes ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían afectar la autonomía y la institucionalidad de la entidad.
El sindicato cuestionó las nuevas exigencias para formalizar las designaciones y la posibilidad de extender provisionalmente nombramientos anteriores. También pidió al Poder Ejecutivo respetar las resoluciones judiciales y la representación de los sectores sociales.
Las modificaciones se hicieron por medio de un decreto publicado el 9 de noviembre de 2026 en La Gaceta. La reforma rige desde ese día y cambia el procedimiento de elección y nombramiento de representantes de los sectores laboral y patronal.
La UMN señaló que los cambios requieren especial atención por el conflicto alrededor de la designación de Rocío Alfaro, elegida por el movimiento sindical para integrar la Junta Directiva.
El Gobierno rechazó su designación, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión. Posteriormente, el tribunal ordenó juramentarla en un plazo de ocho días.
Para el sindicato médico, cualquier modificación debe respetar la seguridad jurídica, la igualdad, la autonomía de los sectores representados y las resoluciones de la Sala Constitucional.
La organización sostuvo que la integración de la Junta Directiva no debe convertirse en un escenario de disputas políticas ni utilizarse para alterar los mecanismos legítimos de representación social.
Expediente como condición para nombrar
El decreto obliga a las asambleas de representantes a enviar al Consejo de Gobierno el nombre de la persona elegida y una copia íntegra del expediente de designación dentro de los tres días naturales posteriores a la asamblea.
El expediente debe incluir los documentos utilizados para comprobar los requisitos legales, las actas completas y los informes que sustentaron la elección. También debe explicar quiénes valoraron cada requisito, qué criterios aplicaron y cuáles fueron sus conclusiones.
Las organizaciones deberán presentar las copias de los documentos escritos con certificación notarial. Los responsables tendrán que firmar la explicación de la valoración e indicar si dejaron algún requisito sin evaluar.
El Consejo de Gobierno no formalizará el nombramiento hasta recibir el expediente con la valoración completa del sector proponente.
Para el movimiento sindical, la reforma reconoce que el Ejecutivo solo puede verificar requisitos objetivos, como prohibiciones e impedimentos legales.
No puede volver a valorar aspectos subjetivos, como la "máxima honorabilidad" o la competencia en materias económico-sociales.
Sin embargo, los sindicatos deberán documentar esa evaluación. Las organizaciones proponentes y sus responsables asumirán las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales que deriven de ella.
Prórrogas de representantes anteriores
La reforma también permite extender provisionalmente un nombramiento anterior, válido y eficaz, cuando un sector quede sin representante titular ni suplente.
La Secretaría del Consejo de Gobierno deberá consultar primero al anterior titular. Si acepta por escrito, el Consejo podrá prorrogar su nombramiento hasta que complete la designación e incorporación del nuevo representante.
Si rechaza continuar, la Secretaría consultará al suplente anterior. Cuando ambos declinen o no exista suplencia, el Consejo podrá tramitar un nombramiento provisional y excepcional con participación del sector correspondiente.
Además, las asambleas deberán elegir un suplente para cubrir ausencias temporales o vacantes. Antes de nombrarlo interinamente, el Consejo solicitará al sector un documento que confirme que mantiene sus condiciones de elegibilidad y puede asumir de inmediato.
El Ejecutivo justifica estos mecanismos en la necesidad de evitar que las vacantes paralicen la Junta Directiva y afecten la continuidad de los servicios.
La UMN, por su parte, advirtió que la incertidumbre sobre los nombramientos puede afectar la credibilidad de la Caja y generar cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de sus decisiones.
"La democracia se fortalece respetando las reglas, no modificándolas en medio de controversias sobre nombramientos", manifestó la organización.