Crimen organizado utiliza residencias de alto valor para ocultar droga y armas
Las bandas criminales buscan viviendas dentro de condominios exclusivos y zonas residenciales de alto valor, ya no únicamente para ocultarse o disfrutar de los lujos obtenidos con sus ganancias ilegales, sino también para almacenar cargamentos de droga y armas.
Escazú, Santa Ana, Curridabat, Rohrmoser y los alrededores de La Sabana se han vuelto cada vez más atractivos para los narcotraficantes. En Alajuela, comunidades como La Guácima, El Coyol y Atenas también son frecuentadas por estructuras dedicadas al tráfico de marihuana y cocaína.
En menor medida, algunos sectores de Heredia y Cartago también han registrado este fenómeno, según explica el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
La seguridad con la que suelen contar estas zonas, mediante guardas, casetas, cámaras e ingresos controlados con registro de visitantes, genera en las organizaciones criminales una sensación de resguardo y tranquilidad para almacenar armamento o cargamentos de droga.
El director del OIJ explica que, con estos "lugares seguros", las bandas pretenden garantizar que no serán víctimas de atentados perpetrados por grupos rivales ni de robos de droga. La lógica detrás de estas movidas también pasa por la búsqueda de una privacidad extrema, evitar el contacto cercano con la criminalidad y los conflictos y ser menos visibles. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente, pues su presencia puede llamar más la atención debido a que el perfil de las personas que habitan esos lugares suele ser distinto.
Por el contrario, cuando los vecinos habituales empiezan a observar movimientos inusuales de vehículos o la llegada constante de varios sujetos a una vivienda, con vestimentas llamativas o comportamientos particulares, comienza a generarse información útil para la policía.
"Nos dicen: ‘Pongan atención en equis condominio, en equis quinta, en equis barrio llegaron a vivir varios sujetos, todos masculinos, con horarios muy extraños de moverse. Salen en las madrugadas, en las noches, en el día no aparece nadie. Entonces, todo eso se vuelve muy notorio y más bien se vuelven más visibles, creyendo ellos que producen el efecto contrario", señala Soto.
Normalmente, los líderes narco adquieren o alquilan los inmuebles mediante contratos a nombre de sociedades mercantiles o de terceras personas, lo que desvincula sus nombres ante cualquier consulta registral básica. De esta forma, intentan mimetizarse en un entorno de alto nivel económico, acompañado de vehículos de lujo y un estilo de vida ostentoso.
Casos recientes
Varios golpes recientes han demostrado esta dinámica, según explica el director del OIJ. El más reciente ocurrió a mediados de agosto, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) ubicó, junto con autoridades nacionales, casi una tonelada de droga dentro de una vivienda en La Guácima.
Días después, la Policía de Control de Drogas (PCD) allanó una lujosa propiedad en San Antonio de Escazú, desde donde, aparentemente, se coordinaban movimientos de manera discreta. Entre otros casos destacan los siguientes:
- Caso Imperio: Luis Ricardo Rodríguez, alias "Pioja", un narcotraficante de Hatillo que afronta un juicio, adquirió un escondite en unas torres de lujo en Sabana Sur, además de propiedades residenciales, estacionamientos y bodegas en San Rafael de Escazú, valoradas en más de ₡190 millones.
- Caso Traición y cártel del Caribe Sur: Luis Manuel Picado, alias "Shock", uno de los narcotraficantes de mayor perfil del país, y su hermano Jordie, alias "Noni", se movilizaban y ocultaban en complejos habitacionales de alto nivel del Valle Central, como Torre Metropolitana, en La Sabana; Source Living, en Guachipelín de Escazú, y Hacienda Viñeda, para protegerse de la cruenta guerra entre grupos criminales en Limón. Noni fue capturado en La Galera de Curridabat, cerca de otro residencial.
- Caso Lost: El mayor decomiso de armas de la historia nacional se gestó dentro de una propiedad en La Guácima, además de un cuantioso cargamento de sustancias ilícitas. En total, se encontraron 68 armas de fuego, entre ellas 10 rifles tipo M16, 26 fusiles de asalto semiautomáticos, un fusil Galil SAR y múltiples pistolas. También aparecieron 755 paquetes de marihuana y 253 de cocaína, que, al parecer, pertenecían a Shock.Esa investigación comenzó por un tumbonazo cometido por la banda de Michael Quesada, alias "Shaggy", cabecilla de Tibás, contra el cártel del extraditado Edwin López, alias "Pecho de Rata", socio de Shock.
- Caso Herencia: Berny Cambronero y Yalile Guevara, supuestos líderes de un grupo que habría lavado más de ₡1.000 millones, planeado asesinar al director del OIJ y gestionado tumbonazos, vivían en un condominio exclusivo en Guachipelín de Escazú.
- Caso Lusso: Francisco Alfaro, sospechoso de legitimar ganancias procedentes del narcotráfico, era propietario de una lujosa mansión valorada en unos $3 millones en Cerro Real, Escazú. La propiedad contaba con piscina, jacuzzi, cine privado y gimnasio. Además, se le vinculó con otras 29 propiedades y vehículos exclusivos de muy alta gama.
- Caso Condominio 8: Un sujeto de apellido Ortiz, quien dirigía una sofisticada organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y cocaína rosada, conocida como "tusi", así como al lavado de dinero, alquilaba residencias exclusivas en zonas de alta plusvalía, principalmente en Paraíso de Cartago.
- Caso Guarumal: Un grupo dirigido por seis colombianos, entre ellos Germán Bedoya y sus hermanos, arrendaba una lujosa vivienda dentro del residencial Bosques de Doña Rosa, en Belén de Heredia. En el inmueble contaban con una fosa o bodega subterránea, protegida con una puerta de alta seguridad, para almacenar paquetes de droga y armas.
- Caso Castillo de Princesas: La exmodelo Francis Tatiana Cabrera lideraba una presunta operación de lavado de ganancias del narcotráfico y vivía en el condominio Natura Viva, ubicado en La Guácima. También contaba con una finca en Alajuela valorada en $140.000.
- Caso de empresa de seguridad: El OIJ desarticuló semanas atrás una empresa de seguridad legalmente inscrita en San José que, presuntamente, era utilizada como fachada para almacenar 312 kilos de cocaína y lavar dinero. La operación incluyó allanamientos en Cartago, Desamparados y el residencial Trejos Montealegre, en Escazú.