Corte Plena archivó denuncia de ministro Gerald Campos contra magistrada Solano
La Corte Plena archivó una denuncia interpuesta por el ministro de Seguridad, Gerald Campos, contra Patricia Solano , magistrada y presidenta de la Sala Tercera, al concluir que la funcionaria no incumplió su deber de confidencialidad cuando mencionó una causa penal contra el jerarca durante una reunión en Casa Presidencial.
Campos presentó una queja contra Solano al asegurar que, durante una reunión celebrada el 18 de mayo entre la presidenta Laura Fernández, algunos de sus ministros y jerarcas judiciales, se abordó el tema de la mora judicial.
En ese contexto, según el ministro, la magistrada afirmó que gestiones realizadas por los abogados de Campos habían atrasado un juicio que él tenía pendiente por un caso de supuesta corrupción.
Según la denuncia, esas manifestaciones comprometían la imparcialidad judicial, el deber de objetividad y la confianza pública en la Administración de Justicia.
No obstante, la Corte archivó la denuncia al considerar que las manifestaciones de la magistrada Solano no contravinieron el deber de confidencialidad, ya que no hizo referencia a ningún expediente judicial en trámite ni al fondo del proceso.
Por ello, concluyó que no existía una conducta u omisión que generara responsabilidad administrativa o disciplinaria de su parte. Los magistrados, por mayoría, determinaron que no hubo ningún pronunciamiento sobre el fondo del caso.
En la resolución indicaron que no existió ninguna manifestación por parte de Solano respecto al fondo de los hechos que permitiera concluir que comprometió sus deberes como juzgadora.
Al no advertirse la existencia de una conducta u omisión que pudiera generar responsabilidad administrativa o disciplinaria por parte de la magistrada, la Corte determinó, también por mayoría, archivar la queja y rechazar de plano las peticiones del denunciante.
El acuerdo se tomó durante la sesión privada de Corte Plena del pasado 15 de junio, pero fue ratificado hasta ayer, según consta en el documento judicial al que CR Hoy obtuvo acceso. Tras conocer la decisión, se consultó al abogado de Campos, Ronny Durán, quien respondió:
"Corte Plena nos queda debiendo. No es el mismo Poder Judicial. Estoy anonadado; por menos que eso han invitado a un magistrado a irse", afirmó.
Solano no participó en la sesión por ser la directamente aludida en la denuncia. Tampoco estuvo presente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien había sido ofrecido por el ministro como testigo, al haber participado en la reunión en Casa Presidencial donde ocurrieron los hechos denunciados.
El caso penal contra Gerald Campos
El caso penal contra Gerald Campos se relaciona con presuntas irregularidades en el cobro de viáticos y el uso de recursos públicos. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa previa a la apertura del juicio oral y público, con gestiones pendientes relacionadas con el trámite de su inmunidad como miembro de un Supremo Poder.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2016, cuando Campos se desempeñaba como subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Fiscalía General lo acusa formalmente por la supuesta alteración de los horarios de salida y llegada consignados en boletas de liquidación de giras oficiales —realizadas a zonas como San Carlos y la Zona Sur—, con el aparente propósito de justificar pagos indebidos por concepto de alimentación por un monto cercano a ₡900.000, además de presuntas irregularidades en la gestión de viáticos y en la autorización indebida de horas extra para su equipo de seguridad y custodios.
El expediente fue dividido. El exescolta de Campos que figuraba en la causa ya fue sometido a juicio y resultó absuelto en mayo de 2026. El proceso contra el ministro se tramita de manera independiente bajo las reglas aplicables a los miembros de los Supremos Poderes, debido a la inmunidad que ostenta como ministro de Estado.
El avance del proceso judicial se ha visto retrasado por diversas gestiones legales. Recientemente, la propia Fiscalía General coincidió con la defensa de Campos al solicitar que el expediente fuera devuelto provisionalmente a la Asamblea Legislativa.
La petición se fundamentó en la detección de un aparente vicio constitucional en la forma en que el Congreso tramitó y aceptó la renuncia voluntaria del ministro a su fuero penal. Según ese criterio, dicha actuación habría vulnerado su derecho a la defensa técnica.
Entre bomberos no se majan la manguera, dice nuestro pueblo.