Contraloría ve riesgos en proyecto del Gobierno para eliminar órganos desconcentrados
Marta Acosta, contralora general de la República. (Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) ve riesgos en el proyecto de ley presentado por el Gobierno para eliminar 17 órganos desconcentrados adscritos a ministerios.
Así lo advirtió este jueves la jerarca de la entidad fiscalizadora, Marta Acosta, a los diputados que integran la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado.
En su presentación, Acosta sostuvo que la iniciativa de ley, que se tramita bajo el expediente 23.105, es un buen inicio, pero presenta riesgos.
"El proyecto de ley en términos generales está orientado a cumplir un objetivo de ordenamiento y coherencia de la estructura institucional del Estado. Es un enfoque puntual y buen inicio. Sin embargo, presenta algunos riesgos para su éxito que es necesario administrar", señaló la jerarca de la Contraloría.
Mencionó los siguientes riesgos, en caso de que no se administren bien:
- No avanzar hacia una visión integral y sistémica.
- Que el diseño institucional y modelos de gestión no se ajusten a la nueva situación.
- Que la articulación y la eficiencia sean obstaculizadas.
- Que el enfoque hacia resultados sea ignorado.
"Una vez aprobado el proyecto de ley deben administrarse riesgos que, de materializarse, podrían resultar en problemas para el diseño institucional del Estado", insistió.
También recomendó que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) aclare los alcances de la reforma propuesta en cuanto al efecto presupuestario que podría tener.
Otras de las recomendaciones hechas por la jerarca de la entidad fiscalizadora son las siguientes:
- Implementación de revisiones periódicas de la pertinencia de los programas.
- Fortalecimiento de las rectorías sectoriales.
- Implementación de un código de buenas prácticas colaborativas.
- Ajustes al marco normativo.
"Es imprescindible que se diseñen e implementen mecanismos continuos que garanticen la adaptación de la estructura estatal a las realidades y necesidades ciudadanas, tanto para su creación como revisión periódica", manifestó.
La Contralora explicó que el proyecto de ley propone un ajuste para mayor ordenamiento y coherencia institucional, sin entrar en reformas de mayor envergadura o ajustes en los modelos de provisión de bienes y servicios, alineando de esta forma la normativa a la operación efectiva actual de esos órganos.
"El ordenamiento es importante en el camino hacia la optimización de la estructura organizativa del Estado", dijo.
Mencionó que la iniciativa traería los siguientes beneficios:
- Mayor coherencia institucional.
- Mejoras en el alineamiento de las instituciones.
- Mayor orden y seguimiento.
- Potenciaría la eficiencia de las instituciones.
"El país requiere trazar una ruta para la definición de un mecanismo ágil que facilite la revisión constante de las funciones de las instituciones públicas, con el fin de validar si están cumpliendo los objetivos institucionales o requieren de normas legales para su modificación", concluyó Acosta.
El proyecto de ley, cuya discusión arrancó este jueves, pretende ordenar la institucionalidad pública, con el fin de evitar dispersión institucional, sin claridad de competencias desconcentradas o con órganos que no lograron operar con los elementos institucionales definidos.
En algunos casos se propone eliminar la desconcentración y la personalidad jurídica conferida de los 17 órganos fortaleciendo la competencia a los ministros.
Según el texto, las modificaciones implicarían un ahorro total anual aproximado de ¢17.074,2 millones (datos para el 2020) para el Gobierno Central, principalmente por concepto de los siguientes rubros de egresos: servicios (44,0%), bienes duraderos (34,1%), materiales y suministros (20,3%) y remuneraciones (1,6%).