Marta Acosta, contralora general de la República. (Asamblea Legislativa).

(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) identificó duplicidad o fragmentación de funciones en varias instituciones públicas de nueve sectores distintos.

Así lo detalló la jerarca de la entidad fiscalizadora, Marta Acosta, en una exposición que hizo a los diputados que integran la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado.

En el análisis que ofreció, mencionó los ejemplos de oportunidades para reducir duplicidades, superposición o traslape y fragmentación en las funciones de las instituciones públicas.

Los nueve sectores o áreas señalados por la CGR son los siguientes:

• Infraestructura vial. La Contraloría recomienda revisar el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos. Como ejemplos, Acosta mencionó la duplicidad de funciones de conservación vial y de puentes a cargo de ese ministerio y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la superposición de funciones entre el MOPT y el Consejo de Transporte Público (CTP).
• Sector agropecuario. Hay duplicidad y dispersión en tres grandes áreas: a) fomento de la producción y mercados, b) transferencia tecnológica y c) asistencia técnica. Puntualizó en entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), entre otras.
• Sector energía. Los cuerpos normativos han otorgado atribuciones de manera desarticulada a diferentes entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresas municipales, cooperativas y organizaciones privadas. Se debe impulsar una ley marco que regule al sector.
• Sector protección social. Hay programas con coincidencias en objetivos y población meta de las instituciones que atienden a la población en condición de vulnerabilidad. Las instituciones a cargo de esos programas son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Cen-Cinai y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
• Sistema de pensiones. Existe fragmentación de regímenes que dificulta una visión integral y que tiene consecuencias en términos de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
• Sector educación. Hay fragmentación en el otorgamiento de becas y préstamos para la educación entre la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otras entidades.
• Sector de urbanismo. Existe dispersión de competencias relacionadas con la planificación urbana entre distintas entidades públicas, como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
• Sector vivienda. Hay desarticulación institucional entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Invu y el Banco Hipotecario de la Vivienda. También existe duplicidad de funciones entre el Mivah y el Invu con los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
• Sector ambiente. Hay múltiples comisiones en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para la evaluación ambiental y una débil coordinación de las secretarías de planificación porque no están creadas por ley. Es un sector que posee múltiples órganos desconcentrados.

Ordenar el Estado

Comisión para la Reforma y Modernización del Estado. (Asamblea Legislativa).

La dispersión de instituciones y la duplicidad de funciones hace necesario que se revise la estructura del Estado costarricense, insistió Acosta.

Uno de los aspectos que destacó es impulsar una mayor integración institucional.

En ese sentido, el análisis de la entidad fiscalizadora indica que se debe procurar un ordenamiento más allá de la integración de presupuestos de los órganos desconcentrados del Gobierno Central.

"Los ministerios cuentan con 67 órganos adscritos duplicando funciones en áreas como proveeduría, asesoría legal, recursos humanos y auditorías internas. Asimismo, se deben estudiar los temas de personerías jurídicas, organización administrativa, gobierno corporativo, direccionamiento de las políticas públicas, entre otros", mencionó la Contralora.

Un estudio similar se puede hacer en el caso de las instituciones autónomas que cuentan con 17 órganos adscritos.

Otro de los elementos señalados por la Contraloría es considerar si las funciones de algunas instituciones pueden ser retomadas por otras entidades o transformadas, principalmente en el caso de instituciones que no han mostrado capacidad para cumplir sus objetivos, con el fin de mejorar la capacidad de gestión.

Ineficiencias

Consejo Nacional de Producción. (Fotografía con fines ilustrativos).

La Contraloría también identificó inefectividad en tres modelos de servicios públicos.

• Modelo de abastecimiento de alimentos. El CNP tiene deficiencias en la operación del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), limitada cultura de cumplimiento y crítica situación financiera para esa entidad y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
• Modelo para la universalización de la conectividad. La débil rectoría de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el mecanismo de ejecución engorroso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no ha permitido el mayor logro de ese propósito.
• Modelo de Juntas de Educación. Es confuso y disperso. Existe excesivo traslado de competencias que rebasa las capacidades ejecutoras y fragmentación en las compras.

La Contraloría recomendó, como parte de la reforma del Estado costarricense, impulsar regulaciones que den mayor claridad sobre la naturaleza de la vinculación de las instituciones públicas con organizaciones privadas.