Contraloría revela alertas por obstaculización a auditorías
Auditores internos transmiten inquietudes a ente contralor
La Contraloría General de la República (CGR) reveló alertas de obstaculizaciones al funcionamiento de las auditorías internas en algunas instituciones del sector público.
Así lo señaló Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, quien añadió que trabajan con un equipo de funcionarios para atender esta problemática.
La situación se agudizó en la actual Administración (Chaves Robles, 2022-2026). Incluso, la CGR advierte que el flujo de información sobre procesos de auditoría no enfrenta el mejor panorama en la actualidad.
La ley orgánica del ente contralor recalca que la institución ostenta las facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices relativas al funcionamiento de las auditorías internas.
Según la CGR, la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones.
"Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades.
"Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas", puntualizan las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP).
La Ley General de Control Interno estipula que cada auditoría interna debe disponer de un reglamento y un funcionamiento que debe ser avalado por la CGR.
"Si hemos recibido algunas alertas de auditores que tienen, digamos, obstaculización. Nosotros mismos, ahora, en algunas instituciones es más difícil que fluya la información. Es como más retardada la entrega de información, entonces se nos van ampliando los plazos para poder terminar las auditorías. Pero sí, hemos notado eso (obstaculización)", citó la contralora Acosta Zúñiga.
La funcionaria indicó que "están trabajando con un grupo de auditores internos de entidades públicas" para atender este tipo de obstaculizaciones.
La CGR elaboró el Manual de Referencia para Auditoría Interna (Marpai) enfocado en ofrecer una guía hacia los órganos fiscalizadores de las entidades públicas. Si bien no es de uso obligatorio, ofrece lineamientos que pretenden eficientizar las labores de control interno.
Las auditorías en las instituciones pueden ser de carácter especial (ante un evento concreto), operativas o financieras. Además, se emiten productos preventivos con fines de asesoría, advertencia o legalización de libros. También, se procura que se ofrezcan servicios de apoyo para planificación y mejoramiento continuo.
Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República. Archivo CRH
Advertencias con proyecto "jaguar"
La CGR apunta que con los cambios previstos en el proyecto de ley "jaguar", impulsado por Casa Presidencial, haría que el ente contralor y las auditorías internas no puedan revisar (o pronunciarse) sobre la legalidad y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
La contralora Acosta apunta a que la iniciativa del gobierno resta la capacidad de ejercer controles previos, advertencias, recomendaciones o sanciones sobre los procesos de la hacienda pública.
Además, modifica la Ley de Control Interno para que la CGR solo pueda pronunciarse sobre la legalidad de un proceso administrativo cuando este ya se realizó. Lo que quiere decir que, si se comete un delito de corrupción, si hay un mal uso de dinero público, nadie lo podrá advertir o frenar.
Según la jerarca, esto será como ir nada más "a recoger los muertos", cuando se pudo salvar a los pacientes.
El proyecto modifica los Artículos 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la CGR, el Artículo 9 de la Ley de Control Interno y el Artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. Con esto, acaba con la posibilidad que tiene la entidad de improbar un presupuesto si las asignaciones son irregulares, advertir anomalías en procesos de obra pública, vigilar que las contrataciones públicas se hagan por medio de márgenes transparentes y legales y sancionar a los funcionarios públicos que cometan irregularidades.
Con los ajustes de ley, las instituciones públicas tampoco tendrían que rendir cuentas ante la CGR sobre temas relacionados con costos, gastos, inversiones o salarios.
Por ejemplo, una intervención efectiva del ente contralor sucedió en julio de 2021 cuando ordenó frenar el desarrollo del proyecto Terminal Pacífico, impulsado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), ante la ausencia de los estudios técnicos y financieros necesarios para sustentar la inversión estimada en $234 millones.
Con los cambios propuestos en la legislación, la CGR no podría realizar este tipo de fiscalizaciones previas a la ejecución de los proyectos.
La intención del gobierno es que la ley se avale a través de un referéndum.