Contraloría desmiente al jefe del PLN: no conoce nueva versión de su plan jaguar

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió tener conocimiento de los cambios que el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, pretende introducir a su proyecto de ley que busca excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.

El domingo, CRHoy reveló que Izquierdo baraja dos mociones de texto sustitutivo que buscan excluir la construcción de obra pública de la posibilidad de contratos de cooperación, cuando se trate de iniciativas de costo compartido y, por tanto, sujetas a fiscalización.

Con ese cambio, Izquierdo pretende despejar el proyecto de los cuestionamientos de la Contraloría sobre su propuesta de ley. El ente contralor ha dejado claro que el plan, tal como está redactado actualmente, deja portillos abiertos para contrataciones directas y sin posibilidad de fiscalización.

En declaraciones a este medio, el jefe de fracción liberacionista afirmó que "desde hacía tiempo" estas mociones se habían presentado a la CGR para su análisis. Sin embargo, esto no es así.

Tras una consulta de este medio, el ente contralor negó conocer las mociones con los cambios presentados por Izquierdo.

"No tenemos conocimiento de estas mociones", zanjó la CGR por medio de su oficina de prensa.

La Contraloría detalló que su posición respecto a este proyecto se mantiene igual a la planteada a los diputados el pasado 31 de marzo, cuando envió una comunicación urgente a los jefes de fracción alertándolos sobre los riesgos del proyecto aprobado en primer debate el pasado 27 de marzo (ver nota inferior).

"Toda moción que avance en la dirección planteada en ese oficio estará conforme con las alertas que la CGR ha realizado sobre los riesgos de este proyecto de ley. Caso contrario, se mantienen los riesgos ampliamente expuestos ante la comisión legislativa", añadió la CGR en su respuesta a CRHoy.

Proyecto cuestionado

La propuesta de Izquierdo, tramitada bajo el expediente 24.215, ha sido cuestionada por la CGR, ya que plantea eliminar la fiscalización de contratos con otros Estados y organismos internacionales.

Esto podría abrir un portillo para contrataciones directas y sin control, algo similar a lo propuesto por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las tres versiones del ahora descartado plan Jaguar.

Las mociones de texto sustitutivo pretenden que no se excluyan de los procedimientos ordinarios de fiscalización los contratos para el desarrollo de obra pública vial.

Se propone agregar un párrafo que indique que "cuando medien fondos públicos nacionales, la CGR deberá fiscalizar al ente público costarricense contratante".

Además, se añade que "será necesario acreditar el interés público y la ventaja comparativa de la decisión, la cual deberá considerar la razonabilidad del precio y el costo".

Asimismo, se establece que "el ente público contratante deberá garantizar el acceso a la información relativa al proceso de contratación y ejecución del objeto contratado con el sujeto de derecho internacional, la cual tiene naturaleza pública".

También se señala que el convenio o acuerdo suscrito por las partes "deberá garantizar el pleno acceso a toda la información de las diferentes etapas de la contratación sobre el uso de los fondos públicos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, cooperación y colaboración interadministrativa, transparencia y el buen uso de los fondos públicos".

Finalmente, se pretende dejar claro que "las relaciones contractuales con sujetos de derecho público internacionales, financiadas con fondos públicos, no podrán incluir la gestión, la asesoría, el diseño ni la construcción de obra pública".

Los cuestionamientos de la contralora

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresó a los diputados el rechazo de la CGR al proyecto de ley impulsado por Izquierdo.

En el oficio del 31 de marzo, la CGR desmintió haber respaldado la propuesta y advirtió que el plan sigue presentando "serios riesgos", ya que va en contra de lo estipulado en la Constitución Política.

"La Contraloría General de la República, durante todo el trámite del expediente legislativo, ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben regirse por la Ley General de Contratación Pública. Por ello, tanto el texto base como el texto sustitutivo, que excluyen la aplicación de esa ley en contrataciones con sujetos de derecho público internacional, son contrarios al artículo 182 de la Constitución, así como a los principios de libre competencia y transparencia", indicó Acosta en un oficio enviado a los jefes de fracción.

La contralora también subrayó que la posición de la CGR durante todo el trámite dista del texto aprobado en comisión y posteriormente en el plenario.

"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación las contrataciones con sujetos de derecho público internacional, en lugar de excluirlas totalmente de la Ley n.° 9986 (como se pretendía en la versión original), aún persisten serios riesgos. Se puede contratar obra pública sin concurso y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización, conforme a sus competencias legales y a la jurisprudencia constitucional", agregó.

Acosta recordó que la Contraloría ha enfrentado dificultades para fiscalizar contrataciones con ciertos sujetos de derecho público internacional, debido a privilegios o inmunidades. Esta situación ha limitado el control efectivo sobre el uso de fondos públicos.

Entre los ejemplos citados figura un informe del año 2019 sobre los controles del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la ejecución de recursos destinados a proyectos viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).