Contraloría advierte a diputados sobre reforma a ley contra corrupción

Contraloría General de la República. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de ley que pretende prohibir la participación de jerarcas en la entrega de ayudas sociales.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.725- consiste en una reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para incorporar esa prohibición como parte del deber de probidad de los funcionarios públicos.

Según la propuesta, solo personal técnico podría intervenir en el otorgamiento de ayudas o asistencia social que brindan las instituciones públicas y también se prohibiría realizar actos públicos de entrega de beneficios sociales para evitar que sean utilizados para conseguir apoyos electorales.

Sin embargo, la entidad fiscalizadora hizo tres observaciones al proyecto de ley:

• La adición que se pretende realizar al numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública no tiene relación con el contenido de la norma vigente, porque la redacción actual y lo que pretende desarrollar la iniciativa está relacionado con prohibiciones. Por lo tanto, rompería con el contenido actual del artículo.
• La propuesta establece prohibiciones a los jerarcas de las instituciones públicas y demás funcionarios de interesarse o intervenir de cualquier forma en la asignación o entrega de ayudas o beneficios, salvo sus competencias legales relacionadas con el agotamiento de la vía administrativa. "Esto, además, de ser muy amplio, podría suponer una limitación de competencias constitucionales y legales propias de los funcionarios o jerarcas, pues podría estarse ignorando sus potestades para la representación del órgano u ente público, la toma de decisiones, así como la organización administrativa y el procedimiento para designación de funciones, todo lo cual pareciera constituirse en una restricción irrazonable."
• El artículo propuesto facultaría a "funcionarios técnicos competentes" para la asignación y entrega de bonos, becas, pensiones u otros. Sin embargo, es un concepto impreciso que, de antemano, lleva a confusiones a la hora de su interpretación. Además, podría eventualmente presentar un contrasentido, dado que al restringir la participación de los funcionarios públicos en dichas actividades, también abarcaría a los "funcionarios técnicos competentes", quienes también pertenecen a la categoría de funcionarios públicos.

La Contraloría hizo las observaciones en respuesta a una consulta de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto presentado por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA).