Contralora envía advertencia urgente a diputados sobre proyecto que sería otra ley jaguar
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, manifestó a los diputados el rechazo y los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) acerca del proyecto de ley impulsado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, que pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) contrataciones que país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.
Este plan se aprobó en primer debate el pasado jueves 27 de marzo.
La contralora desmintió que la CGR haya manifestado su apoyo a la propuesta de Izquierdo y dijo que aún hay "serios riesgos" dentro del plan porque va en contra de lo que se estipula en la Constitución Política.
"La Contraloría General de la República durante todo el trámite del expediente legislativo ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública, por lo que la propuesta del texto base y del texto sustitutivo que excluían la aplicación de esa ley a las contrataciones con sujetos de derecho público internacional es contraria al artículo 182 de la Constitución Política, así como a los principios de libre competencia y transparencia", mencionó Acosta en un oficio enviado a los jefes de fracción este lunes.
La contralora señaló que la posición de la CGR durante todo el trámite del expediente legislativo dista del texto que finalmente se aprobó en la Comisión y posteriormente en el plenario.
"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos derecho público internacional en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública No. 9986 (como se pretendía en la propuesta original) aún se mantienen serios riesgos advertidos respecto a la contratación de obra pública sin concurso; como incluso indica la Constitución Política, y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización, conforme las competencias establecidas en su Ley Orgánica y dictadas en sentencias de la Sala Constitucional en la materia. Aquí un tema medular es la transparencia, la rendición de cuentas, la libre competencia y la efectividad del control ante la excepción que se pretende", añadió Acosta.
La contralora instó a los legisladores a sopesar estos temas a la hora de tomar la decisión final sobre el expediente en su trámite de segundo debate.
El oficio recuerda a los legisladores que la Contraloría General ha enfrentado la negativa de algunos sujetos de derecho público internacional para atender solicitudes de información sobre la utilización de fondos públicos, bajo el argumento de privilegios o inmunidades de los que gozan estos sujetos, lo que ha impedido sensiblemente la fiscalización de dichas contrataciones.
Algunos ejemplos mencionados en el oficio son el de 2019, con el informe de la auditoría de carácter especial sobre los controles del Consejo Nacional de Viabilidad en la ejecución de los recursos dirigidos a financiar proyectos
viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
También, citó que esta misma situación que se repitió en los años 2021 y 2022, en los que la Contraloría vio limitada su potestad de vigilancia efectiva sobre la Hacienda Pública, respecto a la contratación directa tramitada por el Conavi para el proyecto de Circunvalación en la Rotonda de Las Garantías Sociales, en Facultad de Derecho UCR – Rotonda de la Bandera en varios tramos.
"En este caso, la UNOPS se negó a proporcionar la información requerida para llevar a cabo una investigación destinada a verificar la correcta utilización de los fondos públicos que el Conavi había trasladado a dicha Oficina, afectando el curso de la misma", añadió Acosta.
Aquí puede ver la carta que envió la contralora a los diputados