Constitucionalistas señalan vicios en trámite del Presupuesto 2027
Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, incurrió en vicios de procedimiento en el trámite del Presupuesto 2027 al no consultarlo al Poder Judicial e ignorar un criterio de la Corte Suprema sobre los recortes a sus recursos, según abogados constitucionalistas.
El plan de gastos recorta ₡10.000 millones y congela otros ₡30.000 millones al Poder Judicial para el próximo año.
El 5 de noviembre, en el Plenario, Jiménez rechazó un criterio que la Corte remitió al Congreso. En ese documento, los magistrados advirtieron que las normas presupuestarias incluidas en el plan de gastos afectaban la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La presidenta legislativa desestimó la nota al alegar que ningún órgano legislativo había solicitado ese criterio.
Después, descartó que el Presupuesto requiriera 38 votos para su aprobación. Tampoco anunció una consulta al Poder Judicial por una eventual afectación.
El 9 de noviembre, la Sala IV dictó una primera medida cautelar que prohibía votar el Presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre. Jiménez, sin embargo, decidió continuar con la discusión mediante una resolución propia.
Ese mismo día, una segunda medida cautelar obligó a la jerarca del Congreso a suspender la discusión y levantar la sesión.
Antes de las medidas cautelares, la Corte Suprema había presentado una consulta facultativa de constitucionalidad sobre las normas presupuestarias que bloquean ₡30.000 millones al Poder Judicial. Luego, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) consultó las mismas disposiciones, y la del Frente Amplio remitió a la Sala IV otra consulta sobre los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Debió frenar el trámite
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal sostuvo que, al existir un criterio de la Corte que advierte una afectación, el Presupuesto debía aprobarse con 38 votos en ambos debates.
El jurista insistió en que "la Asamblea Legislativa debió consultar, desde comisión o en el momento que se hicieran las reformas que la Corte consideraba que afectaban su organización y funcionamiento".
Según Carvajal, Jiménez debió suspender el trámite desde que se presentaron las consultas ante la Sala IV y retomarlo solo cuando el tribunal emitiera su resolución.
"Todo esto (la suspensión) pudo evitarse con solo haber aplicado debidamente la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, desde el momento en que el Directorio Legislativo tuvo conocimiento de la existencia de las consultas, detener el trámite", afirmó.
Rubén Hernández, también constitucionalista, aseguró que Jiménez cometió errores de procedimiento, que atribuyó a una "incapacidad técnica" para aplicar el debido procedimiento.
A juicio de Hernández, la presidenta legislativa desconoció el artículo 167 de la Constitución Política, que exige una votación calificada para apartarse del criterio de la Corte en proyectos que afectan la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.
El abogado agregó que Jiménez tampoco aplicó el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece que las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, es decir, de aplicación para todos, incluida la Asamblea Legislativa. Por esa razón, cuestionó que continuara con la discusión del plan de gastos pese a la primera medida cautelar.
Por ahora, el Presupuesto 2027 permanece paralizado. Por orden de la Sala IV, no podrá votarse ni discutirse antes del 29 de noviembre, mientras el tribunal resuelve las consultas. La Constitución exige que el plan de gastos quede aprobado antes del 30 de noviembre.