Consorcio libra batalla legal contra Conavi por declarar desierta licitación para ruta 32
Consorcio Peyco-PQS-Dical señala atropello de derechos por parte de consejo
Puente sobre el río Chirripó en la ruta 32. Cortesía Conavi
El consorcio empresarial Peyco-PQS-Dical libra una batalla legal contra la decisión del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de declarar desierta la licitación para contratar una compañía que supervise las obras de ampliación de la ruta 32, entre Río Frío y Limón, a cargo de la China Harbour Engineering Company (CHEC, por las siglas en inglés).
El Conavi primero intentó adjudicar el contrato al consorcio conformado por las empresas UG21 (México) y Cal y Mayor (España), pero luego dio marcha atrás en la decisión por presuntos incumplimientos en la oferta presentada y readjudicó el proceso a la compañía española Ayersa (España).
Tras apelaciones presentadas por varias empresas, ante supuestos incumplimientos en las ofertas propuestas por esas 2 compañías, el Consejo de Administración de Conavi optó por declarar desierta la licitación. El presupuesto para la contratación rondó los $5.8 millones.
En primera instancia, el consorcio Peyco-PQS-Dical planteó un recurso de revocatoria escrito contra la decisión del Conavi de declarar desierto el proceso debido a que el grupo empresarial cumplía con todos los extremos para ser adjudicados en el proceso. Esta gestión no ha sido conocida ni resuelta por el consejo, el cual remitió la documentación al departamento jurídico interno.
Además, en reclamo al accionar de la entidad estatal, el consorcio presentó una medida cautelar ante causam ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), al considerar la existencia de actuaciones irregulares e ilegales por parte del Conavi en la gestión del proceso licitatorio.
También, Peyco-PQS-Dical presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional al considerar que la declaratoria desierta del consorcio es violatoria de derechos constitucionales, pues el consorcio cumplía con todo lo requerido en la contratación promovida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
"A pesar de que, a lo largo de este proceso de contratación, se violaron los derechos fundamentales de mi representada, quien debió ser adjudicada por ser la empresa que cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos. La razón por la cual se presenta este recurso de amparo es porque la resolución mediante la cual se declaró el procedimiento desierto es violatoria de los derechos constitucionales de mi representada, al incumplir los principios de legalidad, derecho de defensa y debido proceso", detalla el recurso de amparo, presentado ante el tribunal constitucional.
Para el consorcio, la decisión del Conavi incurre en múltiples violaciones de derechos constitucionales, tales como: violación de los principios de eficiencia y eficacia, violación del principio de bilateralidad de la audiencia o contradictorio, violación del principio constitucional de la legalidad y violación del principio de interdicción de la arbitrariedad.
"El Conavi mediante el informe mencionado previamente, constató que existieron errores en la tramitación de este procedimiento de contratación y la confección del cartel, los cuales bajo ninguna luz constituyen elementos que puedan tener la gravedad o relevancia para ser considerados razones de afectación del interés público que impliquen la declaratoria del concurso como desierto con todas las pérdidas que esto implica. Al contrario, pretextos conculcatorios de los derechos constitucionales de mi representada", indicó Miguel Díaz Caño, representante del consorcio, en el recurso de amparo.
Díaz Caño insistió en que el grupo empresarial "es la única opción que desde el principio de la contratación era viable como posible adjudicataria, aunque las demás empresas hayan incumplido, debió recaer la contratación sobre el consorcio".
Por eso, apunta a que el Conavi deberá resolver los recursos interpuestos y fundamentar las razones por las que Peyco-PQS-Dical no puede ser adjudicada, puesto que lo actuado hasta el momento constituye con claridad un abuso de su potestad de discrecionalidad.
Para el grupo empresarial, la declaratoria desierta del concurso "en realidad busca evitar los efectos del concurso mal practicado por el Conavi, incluyendo las falencias del cartel realizado".
A inicios de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Conavi abrieron la puerta para que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por las siglas en inglés) asuma la supervisión de las obras de ampliación de la ruta 32.
Esta posibilidad fue confirmada por Luis Amador, ministro de la cartera, tras la declaratoria desierta de la licitación promovida.
Dicha gestión en años recientes fue desarrollada por el consorcio empresarial Cacisa Camacho&Mora, pero el acuerdo venció en octubre.
Amador indicó que "la ley establece que ante esa eventualidad (declaratoria desierta del concurso), la Unops puede ingresar".
Imagen de los dientes de dragón colocados en la ruta 32, en el tramo en ampliación. Cortesía MOPT
¿Qué es la Unops? Es una dependencia adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU), enfocada en prestar servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos.
Esa oficina gestionó y supervisó, en conjunto con el Conavi, la construcción de 5 proyectos viales: la construcción del puente sobre el río Virilla en la ruta nacional 147, el viaducto de las Garantías Sociales, el puente nuevo sobre el río Virilla en la ruta 32, el puente binacional de Sixaola y el paso a desnivel de Guadalupe, entre otros.
La modernización vial de 107 kilómetros tiene un costo de $534 millones, de los cuales $465 millones son financiados por el ExIm Bank de China.
Los recursos restantes deben ser aportados por el Estado costarricense. A junio de 2023, por concepto del préstamo otorgado por el banco chino, se había consumido un 65% traducido en más de $302,9 millones. Es decir, faltaba por ejecutar el 35% (más de $162 millones).
El contrato de préstamo con el Exim Bank vence en abril de 2024 y el plazo de conclusión de las obras está previsto para marzo de ese año. No obstante, según el MOPT y el Conavi se requerirían más recursos ($157 millones) y más plazo para finalizar el proyecto con las obras complementarias que enlazarían con 5 cantones (Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Limón).
La fecha de conclusión más reciente estaba fijada para el 8 de febrero de 2023. Pero, el Conavi estima que la finalización se daría en diciembre de 2024.
Las tareas arrancaron en noviembre de 2017 y debían estar concluidas en octubre de 2020. El plazo original no se cumplió y en este lapso se han girado múltiples prórrogas.