Conclusión de ampliaciones en vía a San Ramón y en ruta 27 quedará para próximo gobierno

(CRHoy.com). La Administración Chaves Robles (2022-2026) avanzará, pero no concluirá las ampliaciones de los corredores viales San José-San Ramón y San José-Caldera (ruta 27).

El Poder Ejecutivo planea que a 2026, cuando termine la gestión, ambos proyectos registren avances de entre el 75% y el 77% para que sean concluidos en el próximo gobierno (2026-2030).

Estas proyecciones figuran en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026 Rogelio Fernández Güell, el cual fue presentado este 6 de diciembre por Rodrigo Chaves, presidente de la República.

El proyecto de ampliación de la ruta San José-San Ramón se gestiona desde 2015 mediante la figura de un fideicomiso, estipulado por ley, suscrito entre el Banco de Costa Rica (BCR) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Sin embargo, la actual Administración pretende negociar una adenda contractual para excluir al fideicomiso del desarrollo de la ampliación integral de la vía.

Así las cosas, el fideicomiso, denominado Ruta Uno, se encargaría únicamente de finalizar el programa de obras impostergables (obis), las cuales comprenden 17 proyectos, distribuidos en 5 lotes, para atender ciertos "cuellos de botella" en la ruta. Además, debería concluir los estudios de factibilidad del proyecto integral y los trámites expropiatorios requeridos a lo largo de todo el trazado.

La intención de las autoridades de gobierno consiste en crear una nueva unidad ejecutora a lo interno del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que se encargue de ampliar la vía y que mediante un convenio esté sujeta al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

De momento, tras 6 años en marcha, el proyecto no ha sido lo esperado y, de momento, solo el primer paquete de "obis" está concluido: conector Barreal-Castella, ampliación de puentes sobre río Ciruelas, río Segundo y Río Alajuela, y modernización del intercambio a la altura de la Firestone.

Según el PNDIP 2023-2026, la intención es que el proyecto se retome en 2023 y el avance adquiera mayor fuerza entre 2024 y 2025. La intención es que la obra alcance un avance del 77.53% en 2026.

Las estimaciones del Poder Ejecutivo apuntan a que la obra tendría un costo superior a los ₡430 mil millones, financiados con recursos del fideicomiso Ruta Uno y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La responsabilidad recaerá sobre el Conavi y la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UERS).

Bajo el esquema que planteó inicialmente el fideicomiso, la carretera se ampliaría en 4 etapas: La Sabana-Circunvalación (1.6 kilómetros a 3 carriles por sentido), Circunvalación-Aeropuerto (12.6 kilómetros a 4 carriles por sentido), Aeropuerto-San Antonio del Tejar (5.2 kilómetros a 3 carriles por sentido) y San Antonio del Tejar-San Ramón (34.8 kilómetros a 2 carriles por sentido).

Para conseguir el dinero requerido ($610 millones) que permitiría honrar el crédito bancario para el proyecto integral, el análisis de factibilidad estipuló 4 estaciones de peaje en la carretera principal y otras 2 en puntos de conexión. Esta infraestructura se ubicaría en Los Arcos, Coyol de Alajuela, Grecia y Río Grande de Naranjo. Además, habrá puntos de cobro en Barreal de Heredia y la radial de Río Segundo de Alajuela.

El estudio de factibilidad, elaborado por la empresa IDOM y presentado en diciembre de 2020, estimó la tarifa óptima de peaje para recorrer todo el corredor vial en automóvil ronda los ₡1.800 por sentido (estimación referencial que depende de evaluación económica financiera final). Es decir, ₡3.600 en un viaje ida y vuelta. No obstante, todo este panorama cambiará con la adenda contractual.

 Sobre la 27

En tanto, la ampliación de la ruta 27, que está bajo concesión hasta 2033 con la empresa española Globalvía, llegaría a un avance del 75% al cierre del gobierno de Chaves en 2026.

Actualmente, la Administración mantiene negociaciones con la concesionaria para acordar una propuesta que permita intervenir la carretera.

El plan señala que la intención es mejorar la capacidad del corredor vial San José-Caldera, mediante la ampliación a 6 carriles del tramo San José–Ciudad Colón y a 4 carriles de los tramos Ciudad Colón–Orotina y Orotina–Caldera, para reducir los costos y tiempos de transporte de personas y carga.

La inversión requerida para mejorar la carretera se estima en aproximadamente $700 millones, los cuales provendrían de recursos privados (concesionaria)y del presupuesto nacional (CNC).

Según Eduardo Chamberlain Gallegos, quien fungió como secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) entre el 30 de mayo de 2022 y el 30 de setiembre de 2022, las alternativas de romper el contrato con la compañía (para seleccionar a un nuevo concesionario que se encargue de la modernización) y de realizar la ampliación con recursos propios (para que el concesionario asuma el mantenimiento y la operación) no enfrentan un camino sencillo.

Chamberlain, quien fue designado en el cargo temporalmente por Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que el rompimiento anticipado del contrato (que vence en 2033) obligaría a que el Estado tenga que pagar a la empresa una indemnización de entre $350 millones y $700 millones.

"Además, muy posiblemente, terminaría en arbitraje internacional y, por si fuera poco, el futuro de las concesiones en el país quedaría muy comprometido, así como su seguridad jurídica. Una nueva concesión y la ampliación de la carretera tendrían que esperar hasta que este proceso finalizara", acotó Chamberlain, en su informe final de gestión presentado ante el CNC.

La segunda alternativa radica en hacer la ampliación con recursos propios y renegociar con el concesionario únicamente la operación y el mantenimiento de la carretera hasta el 2033. Luego, se apostaría por una nueva concesión bajo la modalidad de "Reciclaje de Activos". No obstante, en la realidad, hoy el Estado no cuenta con recursos financieros disponibles para este fin y únicamente está en capacidad de asumir las expropiaciones.

Y, asumir las expropiaciones también es un obstáculo: se necesitarían cumplir 212 trámites expropiatorios, pero a 2022 solo se tenían disponibles ₡194 millones de los ₡3.500 millones para cumplir con este fin.

¿Por qué la opción más viable, en la actualidad, involucraría a Globalvía? Según Chamberlain, negociar con el actual concesionario, la ampliación de la carretera y la extensión del contrato es la alternativa más realista porque "es la que más pronto entrega al país la ampliación de la ruta, es la más económica y, además, porque el concesionario mantiene el riesgo de construcción y el riesgo de tráfico".