Comisión investigará uso de recursos en universidades públicas
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público acordaron abrir una investigación sobre el uso de recursos en las universidades públicas.
La iniciativa fue impulsada por los diputados de gobierno Kattya Mora, Stephan Brunner y Gonzalo Ramírez, pero también contó con el apoyo de otros legisladores.
La comisión tendrá dos años para analizar los presupuestos y gastos de las casas de estudio, enfocados principalmente en el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FES).
Para las audiencias, los diputados convocarán a los rectores de las cinco universidades públicas, la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), representantes de las auditorías internas, autoridades financieras de las instituciones y a la contralora general de la República.
En respuesta, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) afirmó que las universidades estatales contribuirán en la investigación legislativa y pidieron transparencia durante el curso de la misma. Solicitaron en que la comisión no se politice y se le de un adecuado abordaje a los temas tratados.
Las universidades públicas son la de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
El oficialista Gonzalo Ramírez y la diputada del Frente Amplio Sigrid Segura afirmaron que la investigación no pretenderá violentar la independencia de la universidad públicas, sino pedir cuentas sobre el uso de los recursos.
Norjelens Lobo, diputada del PLN, aseguró que los funcionarios públicos debe rendir cuentas, sin embargo, el afán de comisión debe propiciar el diálogo y respeto, en lugar de ataques hacia los funcionarios convocados.
La moción surge tras los cuestionamientos públicos por gastos efectuados por autoridades universitarias, principalmente de la Universidad de Costa Rica (UCR), en rubros como alimentación, actividades protocolarias y representación.
Dicha iniciativa también se presenta en momentos en que persisten las negociaciones del FEES para el 2027, proceso en el que el Gobierno y las universidades públicas deben acordar el financiamiento de la educación superior estatal para el próximo año.