Ciudadanos podrán consultar salarios, contratos y viáticos en páginas web institucionales

Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
Las instituciones públicas deberán publicar en sus sitios web información sobre los salarios de sus funcionarios, contrataciones, presupuestos, informes de auditoría, viajes oficiales y pago de viáticos, sin necesidad de que los ciudadanos tengan que solicitar esos documentos.
La obligación quedó establecida en el reglamento de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, publicado La Gaceta del viernes 13 de noviembre.
El artículo 33 establece que cada institución deberá contar con una sección de transparencia en su página web y mantener disponible información relacionada con su funcionamiento y el uso de recursos públicos.
Entre los documentos que deberán divulgar figuran las planillas con los salarios brutos de los funcionarios, los índices salariales, los presupuestos institucionales y sus informes de ejecución.
También deberán publicar información sobre contrataciones públicas, actas y minutas de órganos colegiados, informes de auditoría interna, viajes oficiales, gastos de representación y viáticos.
La obligación incluye, además, información sobre becas, subsidios, donaciones y exoneraciones otorgadas a particulares.
Plazos para responder solicitudes
El reglamento establece un plazo general de 10 días hábiles para que las instituciones respondan las solicitudes de información pública.
Si la gestión requiere más tiempo por su complejidad, la entidad deberá comunicarlo dentro del plazo inicial, justificar la ampliación e indicar cuánto tiempo adicional necesita. Esa extensión podrá ser de hasta un mes, de manera excepcional.
Otro aspecto relevante es que las instituciones no podrán rechazar una solicitud simplemente porque la información corresponda a otra entidad pública. En esos casos, deberán trasladar la gestión a la institución competente, sin obligar al ciudadano a presentar nuevamente su petición.
El artículo 23 establece que las solicitudes deberán incluir el nombre de la persona, su número de identificación o documento equivalente vigente, una descripción clara de la información requerida y un medio para recibir la respuesta.
Las instituciones no podrán exigir requisitos adicionales ni obligar a los solicitantes a justificar por qué necesitan determinada información.
El artículo 32 prohíbe expresamente utilizar las causales de confidencialidad para ocultar información de interés público, limitar la rendición de cuentas, encubrir irregularidades o restringir el control ciudadano sobre la función pública.
Cuando un documento contenga información pública y otra protegida legalmente, la institución deberá entregar la parte que pueda divulgarse, suprimiendo únicamente los datos cuya confidencialidad esté justificada.
Además, cualquier negativa total o parcial deberá estar fundamentada y señalar la normativa que respalda la restricción.
El decreto también establece responsabilidades por incumplimientos, que podrán dar lugar a procedimientos disciplinarios y eventuales sanciones, conforme a la legislación aplicable.
La normativa contempla la creación de un Portal Nacional de Datos Abiertos, cuya gestión estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), con apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La plataforma permitirá consultar y reutilizar información pública en formatos abiertos.