Ciudad Gobierno obligará al Liceo de Costa Rica a traspasar terreno de forma gratuita
El nuevo proyecto que pretende desarrollar Ciudad Gobierno obligará al Liceo de Costa Rica a traspasar gratuitamente un terreno al MOPT.
Se trata de un texto sustitutivo avalado por la Comisión de Gobierno y Administración con los votos de Pueblo Soberano (PPSO) y dos diputados del PLN. La propuesta fue impulsada por la presidenta Laura Fernández.
La iniciativa establece que el traspaso será obligatorio y gratuito, sin necesidad de autorización o aceptación adicional de la Junta Administrativa del Liceo. La Notaría del Estado formalizaría la escritura.
Además, plantea desafectar e incorporar al proyecto tramos de las calles 7 y 9, entre las avenidas 20 y 22, en el distrito Catedral.
Esta intención de traslado genera polémica, debido a que la institución cuestiona la cesión del terreno. Incluso, meses atrás, estudiantes se manifestaron a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.
El texto recibió los votos de cinco diputados del PPSO: Kattia Mora, Juan Manuel Quesada, Gonzalo Ramírez, Mayuli Ortega y Zaira Murillo, así como de los liberacionistas Rafael Vargas y Ronald Campos.
En contra votaron el liberacionista Jesús Calderón y la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora.
Tras el dictamen, el texto pasará al Plenario Legislativo para continuar con su trámite.
El complejo albergaría a 16 entes, entre instituciones y ministerios. Casa Presidencial
¿Cómo se construiría Ciudad Gobierno?
Según el nuevo texto, el Ministerio de Hacienda suscribiría un contrato de arrendamiento de hasta 30 años con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con posibilidad de extenderlo hasta un máximo de 50 años.
Al finalizar el plazo inicial de 30 años, Hacienda podrá negociar con el BCIE tres alternativas: trasladar la propiedad de las obras e instalaciones al Estado, prorrogar el arrendamiento hasta completar 50 años o permitir que el banco alquile total o parcialmente los espacios a terceros.
En caso de una prórroga, el BCIE deberá transferir al Estado la propiedad de las obras, instalaciones y equipamiento al finalizar el plazo máximo de 50 años.
El texto propone que la coordinación general del proyecto esté a cargo de una comisión integrada por los jerarcas de los ministerios de Planificación, Obras Públicas y Transportes, Hacienda y Vivienda.
Esta instancia definirá cuáles instituciones públicas participarán, determinará sus necesidades y presentará una propuesta conceptual al Consejo de Gobierno.
Ley Jaguar
El Ejecutivo intentó impulsar el proyecto mediante las versiones de la denominada Ley Jaguar.
Durante el Gobierno de Rodrigo Chaves se buscó avalar la construcción del complejo mediante una reforma a la Ley de Contratación Pública. Las iniciativas de Chaves se declararon inviables e inconstitucionales.
El proyecto original planteaba construir un complejo estatal en Plaza Víquez para concentrar instituciones públicas, mediante un esquema de financiamiento con el BCIE por $450 millones y sin recurrir a una licitación pública.
En diciembre de 2023, la Comisión de Asuntos Jurídicos archivó la iniciativa al no encontrarle viabilidad debido al modelo de arrendamiento.
La propuesta original, presentada en junio de 2024, contemplaba reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir el arrendamiento de inmuebles por construir y facilitar la contratación con el BCIE.
No obstante, la Sala Constitucional encontró vicios de constitucionalidad en varios artículos de la iniciativa, incluidos los relacionados con Ciudad Gobierno, por el modelo de contratación y arrendamiento con el BCIE.
Los principales cuestionamientos se relacionaron con la posibilidad de contratar directamente al BCIE para construir el complejo, sin someter el diseño y la construcción de las obras a los procedimientos ordinarios de contratación pública.
Posteriormente, el Gobierno presentó una segunda versión, conocida como Ley Jaguar 2.0, que también incorporaba reformas relacionadas con el proyecto, pero enfrentó nuevos cuestionamientos constitucionales.