Gobierno justifica restricciones presupuestarias al Poder Judicial
Laura Fernández, presidenta de la República, y Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda. (Captura de pantalla).
El Gobierno justificó este miércoles el endurecimiento de las restricciones presupuestarias al Poder Judicial, incorporadas en el presupuesto nacional para 2027.
Así lo manifestaron la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Fernández sostuvo que los informes de liquidación de los presupuestos de 2024 y 2025, emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), le dieron una calificación negativa al Poder Judicial debido a fallas en la administración de los recursos. La mandataria respondió así a una consulta sobre la orden de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa de frenar la discusión y la votación, en segundo debate, del proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el próximo año.
"A raíz de informes de improbación de los ejercicios de liquidación presupuestaria, yo celebro, agradezco, aplaudo y espero que se logre sostener la decisión de incluir normas presupuestarias para que la Asamblea Legislativa tenga herramientas para mejorar el control de la eficiencia en el uso de los fondos públicos que el pueblo de Costa Rica deposita en las manos del Poder Judicial.
Esa ha sido siempre la intención del Ministerio de Hacienda, esa ha sido la intención de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y esas son las normas presupuestarias que ahora fueron impugnadas en un recurso de amparo por parte de la Corte. Parece que la Corte no quiere someterse a mayores controles en el uso de los fondos públicos», afirmó Fernández.
Por su parte, Chaves acusó a las universidades públicas, los sindicatos, las fracciones legislativas de oposición y otros sectores de presionar para aumentar el gasto público.
El exmandatario calificó las decisiones judiciales de dictatoriales y aseguró que atentan contra la Asamblea Legislativa y conducen a la extorsión y al chantaje.
El martes pasado, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció la suspensión de la discusión del presupuesto nacional de 2027, luego de que la Sala Constitucional dictara una segunda medida cautelar que ordena detener el trámite hasta el 29 de noviembre.
La orden establece que los diputados deben abstenerse de votar el presupuesto hasta esa fecha, mientras la Sala resuelve las consultas de constitucionalidad relacionadas con las posibles afectaciones al Poder Judicial.